La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este viernes a Nicaragua a cesar la “persecución” contra la prensa y a liberar a todas las personas detenidas “arbitrariamente”, incluyendo a tres periodistas.
En una declaración, la RELE hizo “un llamado urgente a Nicaragua para cesar la persecución contra la prensa independiente y liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente, entre ellas periodistas y comunicadores cuyo paradero aún se desconoce, así como a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y de prensa”.
En lo que va de 2024, la Relatoría Especial ha documentado al menos seis casos de “detenciones arbitrarias” de periodistas en Nicaragua, incluyendo los arrestos de Leo Catalino Cárcamo (detenido el 23 de noviembre) y Elsbeth D’Anda (detenido el 27 de octubre), indicó.
Además, agregó, “persiste la incertidumbre sobre el paradero de otras personas detenidas, sobre las cuales el Estado aún no ha dado cuenta”, entre ellos el de la comunicadora Fabiola Tercero.
La RELE de la CIDH señaló, basado en informes públicos, que entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre de 2024, al menos 46 personas fueron detenidas en Nicaragua en el marco de “una nueva escalada represiva y la aprobación de una reforma a la Constitución que elimina los contrapesos democráticos”.
#Nicaragua 🚨 ¡Exigimos al régimen Ortega-Murillo la libertad del periodista nicaragüense Leo Catalino Cárcamo!
— Red Centroamericana Periodistas, ARCP (@PeriodistasCA) December 16, 2024
➡️Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para adoptar medidas serias que garanticen la seguridad de las personas periodistas en Nicaragua.… pic.twitter.com/76sYlmqEei
Los últimos dos casos
En el caso del periodista Cárcamo, de 61 años, fue arrestado cuando patrullas de la policía irrumpieron en su vivienda sin presentar orden judicial, anotó.
“Según pudo conocer esta Oficina, el periodista, quien ya había sido detenido en 2019 por su labor en una radio local, se encontraría en una situación de salud crítica y se desconoce su paradero y condiciones actuales”, advirtió.
El periodista Elsbeth D’Anda fue detenido el 27 de octubre de 2024, luego de abordar en su programa La Cobertura, transmitido por Canal 23, temas relacionados con los precios de los productos básicos y el deterioro del poder adquisitivo en el país.
De acuerdo con información pública, al menos 20 agentes policiales irrumpieron en su residencia sin orden judicial, confiscaron sus equipos electrónicos y lo trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como ‘El Chipote’.
A estos casos se suma la detención de otros periodistas, quienes, aunque no permanecen detenidos, habrían sido objeto de detenciones arbitrarias durante 2024, como Orlando Esquivel, detenido en mayo y posteriormente liberado; Nohelia González, detenida el 9 de julio y desterrada por la fuerza; y Henry Briceño, detenido durante las redadas de noviembre y también desterrado por la fuerza, alertó la RELE de la CIDH.
Pide al Estado respetar la libertad de expresión
La Relatoría Especial expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan las personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua, quienes estarían siendo sometidas a “tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales”, incluyendo golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación del sueño, interrogatorios constantes y restricción del acceso a la luz solar.
Asimismo, destacó que una prensa independiente y crítica es fundamental para la democracia y el Estado de derecho, y que los ataques, hostigamientos e intimidaciones contra periodistas afectan no solo la libertad de expresión individual, sino también el derecho de la sociedad a acceder a información.
“El Estado de Nicaragua tiene la obligación de respetar y garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, incluyendo el periodismo independiente”, enfatizó.
“Esto implica que las autoridades se abstengan de interferir indebidamente con el derecho a la libertad de expresión, a fin de que las y los periodistas y medios de comunicación puedan cumplir con su rol y función de vigilancia en una sociedad democrática y, además, creen un entorno propicio para la libertad de los medios y asegurar que los profesionales de la prensa puedan ejercer su trabajo en un entorno libre y seguro”, continuó.
