La Fiscalía General de Brasil ha denunciado este martes al expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a otra treintena de personas por intento de golpe de Estado tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 2022, en la que ha sido la primera denuncia contra un exjefe de Estado del país iberoamericano por intentar atentar contra el Estado de derecho.
El procurador general, Paulo Gonet, ha acusado a un total de 34 personas por “incentivar y ejecutar actos contra los Tres Poderes y contra el Estado democrático de derecho”, en referencia al asalto de enero de 2023 por parte de una turba de seguidores del expresidente que protestaban por el resultado electoral.
En particular, los denunciados han sido acusados de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado con violencia y amenaza grave contra bienes y con perjuicio considerable de la víctima, y deterioro del patrimonio.
“Las acusaciones se basan en documentos, archivos digitales e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. Y describen con todo detalle el complot conspiranoico montado y ejecutado contra las instituciones democráticas. La organización tenía como líderes al presidente y su candidato a vicepresidente”, reza un comunicado.
El Ministerio Público ha subrayado que Bolsonaro, “junto a otras personas, tanto civiles como militares, intentaron impedir, de forma coordinada, que se cumpliera el resultado de las elecciones presidenciales de 2022”. No obstante, ha precisado que “el plan comenzó en 2021”.
Según la denuncia, durante el mandato del ultraderechista, este “adoptó un tono creciente de ruptura con la normalidad institucional en sus reiteradas declaraciones públicas, en las que expresó su descontento con decisiones de tribunales superiores y con el sistema electoral electrónico vigente”.
“Esa escalada ganó un mayor impulso cuando (...) Lula, visto como el contendiente más fuerte en la carrera electoral, se volvió elegible, debido a la anulación de sus condenas penales”, reza el documento.
Además, en julio de 2022, Bolsonaro se reunió con representantes diplomáticos acreditados en el país “para verbalizar las conocidas y negadas acusaciones de fraude en las máquinas de votación electrónica”. Durante la segunda vuelta electoral, se movilizaron agencias de seguridad “para evitar que los electores votaran por el candidato de la oposición”.
Asimismo, ha señalado que “los involucrados mantuvieron su retórica de fraude y mantuvieron su activismo con campamentos instalados frente a cuarteles del Ejército en varias capitales del país”, mientras que “la organización criminal presionó” a altos cargos del Ejército, “escribiendo cartas y agitando a compañeros a favor de acciones de fuerza en el escenario político para impedir que el presidente electo asumiera el cargo”.
Gonet ha declarado que Bolsonaro “aprobó” un plan organizado para ejecutar el golpe, en el que “incluso se admitió la muerte” por envenenamiento del presidente electo (Lula)“, de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el uso de “armas de guerra” contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes".
“La violencia del 8 de enero (de 2023) fue el último intento. La organización incentivó la movilización del grupo de personas frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, que pidió intervención militar en la política. Los participantes realizaron el recorrido acompañados y escoltados por policías militares del Distrito Federal, invadiendo y vandalizando la sede de los Tres Poderes. El episodio generó pérdidas de más de 20 millones de reales brasileños (3,4 millones de euros)”, ha agregado.
El equipo legal del expresidente ha dicho estar “conmocionado e indignado por las acusaciones hechas por la Fiscalía”, puesto que, según ha aseverado, Bolsonaro “nunca ha apoyado ningún movimiento que pretenda deconstruir el Estado democrático de derecho o las instituciones que lo habilitan”.
En un comunicado publicado por el abogado Paulo Cunha, la defensa ha aseverado que “a pesar de dos años de investigaciones -periodo en el que fue objeto de exhaustivos esfuerzos investigativos, apoyados en gran medida por medidas cautelares invasivas, incluida la prisión preventiva de partidarios cercanos- no se encontró ningún elemento que vinculara siquiera remotamente” a Bolsonaro “con la narrativa construida en la denuncia”.
“No hay ningún mensaje del (entonces) presidente que sustente la acusación, a pesar de una búsqueda realizada en sus teléfonos personales. La inepta acusación llega hasta el punto de atribuirle participación en planes contradictorios y basados en un único acuerdo de culpabilidad, alterado varias veces, por un informante que cuestiona su propia voluntariedad”, ha manifestado.
Por ello, ha considerado que “no es casualidad que cambiara su versión innumerables veces para construir una narrativa fantástica”. “Bolsonaro confía en la Justicia y, por eso, cree que esta denuncia no prosperará por su precariedad, incoherencia y falta de hechos veraces que la sustenten ante el Poder Judicial”, ha concluido.
En el caso de que el Supremo admita la denuncia, el exmandatario pasará a ser imputado y enfrentará un proceso penal en los tribunales
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