Uno de los últimos capítulos públicos de la falta de independencia de la justicia en Nicaragua tuvo como escena un encuentro legislativo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, en el cual se discutía un proyecto de ley que castiga las noticias falsas, promovido por el gobierno de Daniel Ortega y aprobado con celeridad por diputados sandinistas el año pasado.
A la salida de la comisión a inicios de octubre de 2020, cuando se cumplía con el proceso de consulta con distintos actores, un grupo de escoltas impidió a los periodistas el acceso a la magistrada Ramos que se calló de ese modo sobre la ley Especial de Ciberdelitos.
Lo que no se supo entonces es que, tras bambalinas, a pedido del Ejecutivo, fue el poder judicial el autor del proyecto de ley que fue presentada posteriormente por los diputados sandinistas como si fuese de ellos, una norma que entró en vigencia desde diciembre pasado y fue denunciado como una amenaza para la libertad de expresión según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Según nos explicaban es un trabajo que vienen haciendo desde hace un año (preparando la propuesta), y tuvieron el mandato del presidente de la República (de) conocer cómo se estaba haciendo en otros países esta ley, de modo en adecuarla al contexto nicaragüense”, explicó el diputado Mauricio Orúe, vicepresidente de la comisión de Justicia al diario local La Prensa. La diferencia entonces de otras ocasiones en la última década es que los funcionarios judiciales no asumieron en declaraciones ante los periodistas la injerencia del orteguismo en sus decisiones técnicas.
Ramos Vanegas, de 71 años, ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1988 —casi la mitad de su vida— y preside la institución desde 2010 con el apoyo de Daniel Ortega y la estructura partidaria sandinista. Ingresó a las filas de esa organización como colaboradora antes de 1979, en los años en que jóvenes guerrilleros luchaban contra Somoza. La llamaban “Natalia” en aquella época en que usaban seudónimos para protegerse a ellos y a sus familias.
Más de cuarenta años después, los jóvenes que se oponen a Ortega lo denuncian en las redes sociales desde cuentas anónimas, mientras la magistrada ocupa el nivel más alto de la jerarquía judicial, un cargo en que abiertamente asume posiciones en defensa del caudillo nicaragüense, igual que hacen otro grupo de jueces que asisten incluso a actividades políticas. Tienen además sus oficinas decoradas con emblemas del FSLN, lo que puede comprobarse en una serie de imágenes filtradas por empleados del poder judicial para este reportaje.
Su vicepresidente dentro de la CSJ es el sandinista Marvin Aguilar García, sancionado por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020 por reportar coordinadamente a los “objetivos de la oposición democrática” desde su cargo judicial, cruzado políticamente por su rol de secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista en la Corte Suprema de Justicia, lo que le permite tener contactos directos con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo.
Esta influencia en la estructura judicial, a manos del mismo partido, supera al 70 por ciento en todo el país, según dijo el magistrado liberal Manuel Martínez en 2014 al periódico digital Confidencial que “por muy independientes que (los jueces) quieran ser, si les hacen una llamada deben atenderla”. Eso significa que, si el más reciente dato oficial del personal judicial suma 394 jueces en todas las dependencias del país y 64 magistrados en apelaciones, hay unos 320 en ambos niveles abiertamente al lado del oficialismo, mientras los otros deben alinearse o salir del sistema para evitar represalias.
Aunque Martínez no quiso dar declaraciones cuando fue consultado para este reportaje, una entrevista en octubre de 2020 del exmagistrado de apelaciones, José Antonio Barrientos Watson, confirma que el FSLN logró el control de manera paulatina. En 2014, cuando los legisladores sandinistas lograron nombrar a adeptos a su causa a diez de 12 magistrados, que integran la Corte Suprema de Justicia, se dio una barrida (despidos masivos) en Apelaciones con lo que se reforzó el control.
“La independencia judicial no existe. En casos donde hay intereses políticos o personales de magistrados de la Corte, para fallar tenés que llamar al magistrado que atiende la zona para ver qué orienta”, explica Barrientos Watson, a quien su despido se lo argumentaron por escrito como realizado “por conveniencia de la institución”.
Yader Morazán, un extrabajador de los juzgados en Matagalpa y hoy en el exilio, relató a esta investigación, parte de la serie periodística #NicaraguaNoCalla, que el partido ejerce influencia en las instancias de ese poder del Estado a través de dos estructuras: Los Comités de Liderazgos Sandinistas (CLS)-- en los que el magistrado Aguilar es secretario-- y la Juventud Sandinista (JS). Ambas organizaciones tienen presencia en la institución y en los barrios.
Magistrados sandinistas atienden territorios
Según fuentes judiciales, los magistrados de la CSJ se dividen cada año el territorio por circunscripción y lo atienden políticamente. En 2020, Ramos vio Managua, capital de Nicaragua; Aguilar la circunscripción norte; la magistrada Juana Méndez la circunscripción occidental; el magistrado Armengol Cuadra Las Segovias; la magistrada Yadira Centeno la circunscripción oriental; la magistrada Ileana Pérez la circunscripción Sur; el magistrado Gerardo Arce la circunscripción Central y la magistrada Ellen Joy Lewis la circunscripción Caribe norte y sur. Todos son del partido de gobierno.
Funcionarios consultados revelaron además que, cuando las directrices políticas son para los jueces, se reúnen con Ramos, Méndez, Aguilar y Virgilio Gurdián, un ex ministro liberal nombrado en 2014, aunque según fuentes judiciales los sandinistas no lo toman en cuenta para estas decisiones. Todos estos funcionarios son miembros del Consejo de Administración de la CSJ.
Las otras órdenes son enviadas a través de los CLS y la JS en la institución judicial. Los trabajadores incluso de áreas administrativas son controlados por los sindicatos, encargados de la afiliación de miembros del partido dentro de la institución. También les piden el 1 por ciento del salario como “contribución partidaria”. Al principio, las mismas fuentes consultadas, dijeron que los políticos (comisarios sandinistas) de sus áreas le dijeron que todo sería voluntario, lo que no se cumplió en la práctica.
Estas “contribuciones” han sido denunciadas como irregulares, e incluso son mayores en otras instituciones estatales, lo que ha sido denunciado por los medios de comunicación locales.
El relato del exmagistrado Barrientos Watson, despedido según él por razones políticas, permite redondear el retrato de un poder judicial parcializado a los intereses de Ortega e impune. Otras aristas de este mismo retrato se pueden ver a través de historias como la de Margarito García, un ex trabajador de los juzgados en el departamento de Chontales que se vio forzado a contar su historia desde la cárcel antes de ser sorpresivamente liberado por el Ministerio de Gobernación, o la de Luis Enrique Cuevas, un expreso político que ha denunciado el exceso de la justicia en su caso, perseguido por vender la bandera de Nicaragua, considerada como subversiva por el partido de gobierno desde 2018.
Un informe de inicios de diciembre pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrito a la Organización de Estados Americanos, criticó en diciembre al sistema de justicia cuando se refirió a “las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”..
La CIDH logró establecer que al menos 1.614 personas fueron encarceladas en este contexto, un proceso en el cual el poder judicial tuvo una participación clave. El organismo señaló violaciones a las garantías y al derecho a la justicia derivadas de la apertura de procesos judiciales “bajo cargos infundados mediante formatos de acusación preestablecidos, fabricación y manipulación de pruebas, afectaciones al derecho a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada”.
El 23 abril de 2018, días después de iniciadas las protestas opositoras, en una nota del poder judicial, Ramos abiertamente salió en defensa de Ortega, adelantando la posición pública del poder que preside y atribuyó lo que ocurría a una campaña mediática. “Si acá hay un terremoto van a protestar porque el gobierno es culpable del terremoto”, dijo.
De acuerdo con la CIDH, en Nicaragua fueron asesinadas 328 personas, la mayoría víctima de la represión. El Estado asumió que se trataba de un intento de golpe, aunque las protestas fueran pacíficas y no hubiera evidencia de lo otro. Posteriormente, al retomar el gobierno el control de las calles, iniciaron los procesos judiciales. Solo entre abril y diciembre de 2018 ingresaron a las cárceles de Nicaragua 500 presos que fueron encarcelados por motivos políticos, según organismos independientes.
Los opositores procesados fueron declarados culpables por siete jueces con antecedentes sandinistas, de los cuales tres—lejos de ser apartados del sistema por las denuncias de parcialización en el caso de los opositores— fueron ascendidos en los últimos meses a magistrados de apelaciones. Se trata de Ernesto Rodríguez, Rosario Peralta y Edgar Altamirano, según información oficial. En tanto, otro de ellos, el juez Julio Arias fue nombrado como director de una oficina que vigila las actividades de los abogados desde la CSJ.
Para Vilma Núñez de Escorcia, una de las más destacadas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, “los jueces y magistrados son operadores políticos. Estamos viviendo una dictadura institucional”, concluye.
Pese a las críticas al poder judicial, la presidenta de la CSJ no hizo ningún comentario, aunque CONNECTAS le hizo llegar una solicitud de entrevista al portavoz del poder judicial, Roberto Larios, la que nunca fue respondida. Los cuestionamientos a esta institución trascienden la ley de ciberdelitos (sobre noticias falsas), después que también respaldaron a finales de 2020 la aprobación de otras leyes para controlar a “agentes extranjeros” que reciban fondos e intenten programas que el gobierno considere que atentan contra “la seguridad del Estado”e igual apoyaron la instauración de la cadena perpetua para autores de “crímenes de odio”.
La injerencia política tiene un pasado mayor. En las últimas dos décadas, varias sentencias han vinculado las decisiones judiciales a los intereses de Ortega. En 1999, cuando el caudillo sandinista, fue acusado por violación por su hijastra Zoilamérica Narváez, la jueza Juana Méndez declaró prescrita la causa. A la vuelta de veinte años, ahora es también magistrada por apoyo del FSLN, del cual es orgullosa militante.
“Si el sandinismo no existiera, yo no fuera política. Pero mientras exista el sandinismo, yo voy a ser política, porque soy sandinista en las buenas y en las malas”, clamó orgullosa la magistrada Méndez al diario oficialista Barricada.
En 2010, un año antes de las elecciones presidenciales, los magistrados sandinistas aprobaron una sentencia con la que Ortega —en el poder desde 2007— pudo postularse a la reelección, entonces prohibida por la Constitución.
El poder judicial ha eliminado posibles competidores del FSLN en las elecciones como en 2008 cuando quitó la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista, crítico del mandatario. Ese año hubo comicios municipales.
En 2016, cuando se dieron las elecciones presidenciales, la CSJ falló contra el opositor Partido Liberal Independiente, donde varios de sus miembros estaban envueltos en una controversia jurídica interna por la representación de la organización que duró cuatro años, y se la quitaron al opositor Eduardo Montealegre, rival político de Ortega, para entregarla a otro bando al que operadores del FSLN le ofrecieron la oportunidad de dirigir el partido antes de la sentencia.
Para el gobierno de Estados Unidos, los objetivos comunes del FSLN y el poder judicial trascienden los intereses políticos. Ese gobierno sostiene que se han facilitado sentencias como mecanismo de recaudación para el partido. “Daniel Ortega y el sandinismo han recibido dinero para financiar campañas electorales del FSLN de narcotraficantes internacionales a cambio de ordenar a los jueces sandinistas la liberación de narcotraficantes”, afirmó en el mismo sentido un cable publicado por Wikileaks en 2010. La respuesta oficial fue decir que se trató de una mentira.
La construcción del poder en los tribunales
La influencia sandinista se fue construyendo desde que Ortega dejó por primera vez el poder tras el fin de la revolución sandinista en 1990.
La magistrada Méndez relató a la misma Barricada que fue el comandante Tomás Borge, uno de los fundadores del partido de gobierno, ya fallecido, quien tuvo a cargo la estrategia de orientar que los exfuncionarios y exguerrilleros estudiaran derecho. “Había una modalidad sabatina que el Comandante Borge mandó a organizar para que nosotros continuáramos a estudiar”.
Aunque con el paso del tiempo, ascendieron hasta convertirse en jueces y magistrados y hoy son uno de los músculos más visibles en el poder ejecutivo actual, la influencia del FSLN en la CSJ se fortaleció en 2000 según el exprocurador general Alberto Novoa, quien estuvo en el cargo entre 2004 y 2007. El momento clave ocurrió con el pacto político entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y Ortega — en la oposición en aquel momento— lo que permitió que se repartieran las instituciones entre adeptos de ambos líderes.
La CSJ quedó compuesta por ocho magistrados liberales y ocho sandinistas. Sin embargo en 2002, cuando Alemán fue llevado a juicio por corrupción, en un proceso que investigó la misma magistrada Méndez, la balanza se inclinó al sandinista. Se renegociaron las cuotas de poder, de acuerdo con Novoa, y los liberales entregaron todo a cambio de la libertad de su líder.
“Alemán pasó de socio mayoritario a rehén de Ortega. Una parte de funcionarios liberales, con su líder en la cárcel, se pliegan al sandinismo en busca de protección para no perder su puesto”, explicó Novoa.
La toma total del FSLN en la CSJ se dio finalmente en 2014, gracias a la mayoría sandinista en el Parlamento que nombró a los nuevos magistrados. Fueron 11 sandinistas de un total de 16. De estos actualmente quedan 12, porque tres renunciaron al cargo y uno falleció. Los funcionarios se mantenían en sus puestos hasta inicios de 2020.
Los despidos en los tribunales de Apelaciones, decididos por los magistrados sandinistas a partir de 2014, permitieron aumentar el control, reveló el exmagistrado José Antonio Barrientos. “Después de esa barrida (despidos), quedó un dos por ciento de liberales en el poder judicial contra 98 por ciento sandinistas, pero ese dos por ciento vota como aliado para conservar su trabajo”, dijo el exfuncionario.
Acariciando el poder total, el FSLN se radicalizó en las estructuras judiciales a partir de 2018 cuando se dieron las manifestaciones opositoras que fueron reprimidas por policías y paramilitares. El objetivo era controlar el descontento. En los tribunales, tampoco se tolera el disenso con el discurso oficial como muestra la historia del ex trabajador de los juzgados de Chontales, Margarito García, quien estuvo detenido durante siete meses antes de su liberación el 18 de diciembre pasado.
“Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”
Antes de que lo trasladaran a su casa por decisión del Ministerio de Gobernación, que le dio el beneficio de convivencia familiar, García, quien laboró en los juzgados de Chontales, estuvo encarcelado y, desde prisión, se arriesgó a contar su historia a CONNECTAS.
García dijo que su pecado fue negarse a afiliarse al partido y criticar en un espacio público al Ejército cuando Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés por negarse a desarmar a los paramilitares que ejecutaron la represión con la Policía.
El ex funcionario tiene 47 años, de los cuales 18 trabajó para el poder judicial. Nunca tuvo un llamado de atención. Sin embargo, enfrentó un proceso por ocultación y destrucción de documentos judiciales, lo que él considera fue una trampa de sus superiores.
“Deseo grandemente que mis hermanos que todavía están en la cárcel salgan porque (ellos) no se merecen ser reos políticos. Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”, dijo García posterior a su liberación.
La presión que enfrentan los trabajadores del poder judicial no se limitan a los expuestos por García. También se expresan en “invitaciones” a actividades partidarias, capacitaciones y a algunos les piden hasta enviar fotografías para demostrar que participan en actividades del FSLN. Esas labores de monitoreo político son las menos públicas de las injerencias.
El ex magistrado Rafael Solís denunció durante su carta de renuncia al cargo en enero de 2019 que en Nicaragua se dio la instalación de una dictadura con características de “monarquía”.
“Sustituyendo ustedes (Ortega y Murillo) en sus decisiones a todo el poder judicial en su conjunto incluyendo a nuestros propios jueces, a quienes defiendo porque no tenían más alternativa que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen (residencia presidencial) y de la Fiscalía de lo contrario serían destituidos de sus cargos”, dijo Solís.
Uno de los puntos que el exmagistrado Solís criticó fueron los juicios políticos. El caso del comerciante Luis Enrique Cuevas ilustra el exceso de la injerencia política en la toma de decisiones judiciales. Fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por vender banderas de Nicaragua. Como se dijo, ese símbolo nacional empezó a ser considerado subversivo por el gobierno al ser usado por la oposición en sus manifestaciones.
La tragedia de Cuevas empezó el nueve de septiembre de 2018, cuando fue a vender banderas, cintillos y vuvuzelas a la “marcha de los globos” para aprovechar la clientela. Ese día lo capturaron y le quitaron su mercadería. Su susto fue cuando lo acusaron por portación ilegal de armas.
“Allanaron mi casa y se llevaron mi moto nueva que había adquirido seis meses antes. Nunca más la volví a ver. Se la robaron como a mi mercadería que compré con un préstamo que aún debo. Se llevaron todo el dinero de la venta de ese día. Me liberaron, pero no me regresaron nada. Cuando fui a reclamar me dijeron: andás buscando que te metamos preso otra vez”, relató Cuevas en octubre pasado.
Cuando fue excarcelado fue posible, igual que García, el ex trabajador de los juzgados en Chontales, por órdenes del Ministerio de Gobernación, pero el 28 de febrero de 2019 en medio de las negociaciones del gobierno con la oposición. Desde entonces, él ha denunciado que es objeto de asedio.
Su historia engrosa los expedientes que han sido cuestionados por la parcialidad de los jueces al sandinismo. Recientemente EE.UU. sancionó a la fiscal General Ana Julia Guido, de tendencia sandinista, por la fabricación de expedientes contra opositores.
El ex fiscal Arnulfo López, hoy defensor de presos considerados políticos por organizaciones de derechos humanos, considera que prácticamente el país volvió a un sistema donde se aplican circulares, orientaciones y “ahora hasta los procesados son culpables desde que los capturan”.
Entre las víctimas del poder judicial se cuentan también sandinistas. En el 2019, la CSJ destituyó a Indiana Gallardo, ex juez Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, por permitir que familiares de presos por motivos políticos estuvieran presentes durante una audiencia preliminar. Para justificar el despido, la Corte se valió de supuestas quejas de la Fiscalía en su contra.
En contraste con Gallardo, otros funcionarios tuvieron buena estrella por su alineamiento partidario. Otoniel Aráuz Torres era juez suplente en el Tribunal único local de San Ramón, Matagalpa, una comunidad rural del norte de Nicaragua. Pero eso no le impidió hacer parte de los grupos paramilitares que atacaron a la población durante las revueltas de 2018.
El funcionario se armó con un minifusil automático y, según el testimonio de algunos testigos, disparó contra una manifestación ciudadana. El caso se conoció por denuncias ciudadanas, pero la respuesta de las autoridades fue no solo evitar investigarlo, sino que hoy es juez titular.
Aunque el apoyo al FSLN sea un caso público en la historia de este juez, el de Araúz (apodado en los medios como el juez paramilitar) muestra hasta qué punto el partido de gobierno controla el sistema y cómo prioriza una justicia politizada y ‘de armas tomar’ contra los opositores.
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