La justicia francesa acusó este viernes a la exministra de Salud Agnès Buzyn de “poner en peligro la vida de otras personas” durante su gestión de la pandemia de la Covid-19, indicó la fiscalía general.
Buzyn se convierte en la primera responsable en ser imputada en el marco de la investigación iniciada en julio de 2020 por la Corte de Justicia de la República (CJR), competente para investigar delitos cometidos por los miembros del gobierno en el ejercicio de sus funciones.
La actual funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también contará ahora con el estatuto más favorable de “testigo asistido”, previo a una eventual inculpación, por “abstención voluntaria de combatir un siniestro”, según esta fuente.
“No dejaré que ensucien la acción del gobierno (...) cuando hemos hecho tanto para preparar nuestro país a una crisis sanitaria mundial que aún dura”, dijo la exministra al llegar en la mañana al tribunal junto a su abogado Eric Dezeuze.
La CJR, que ha recibido unas 14.500 demandas, abrió una investigación en julio de 2020 por la gestión de la crisis por Buzyn, por su sucesor Olivier Véran y por el ex primer ministro Edouard Philippe.
Esta médica de profesión estaba al frente de la cartera de Salud cuando empezaron a aparecer las primeras noticias sobre un virus detectado en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019.
Sin embargo, a mediados de febrero de 2020, abandonó el cargo para ser la candidata oficialista a alcaldesa de París tras la renuncia de Benjamin Griveaux por la filtración de un video de carácter sexual.
Aunque el 24 de enero de 2020 aseguró que “los riesgos de propagación del coronavirus eran bajos”, tras su derrota en la elección municipal reconoció sus temores cuando era ministra sobre la epidemia que se avecinaba.
“Cuando abandoné el ministerio, lloraba porque sabía que la ola del tsunami estaba ante nosotros”, dijo al diario ‘Le Monde’ el 17 de marzo, el primer día de aplicación de un estricto confinamiento en Francia.
Sus declaraciones, confirmadas en junio de 2020 cuando ante diputados franceses dijo haber alertado del potencial “peligro” a la presidencia francesa y al primer ministro, provocaron una oleada de indignación.
La corte decidió abrir la investigación tras admitir demandas sobre la falta de equipos de protección para sanitarios y población al inicio de la crisis o sobre los cambios de criterio respecto al uso de mascarillas.
¿Chivo expiatorio?
La primera ministra de Solidaridad y Salud del presidente francés, Emmanuel Macron, se convierte en la primera responsable imputada en Francia en este caso, siete meses antes de la elección presidencial.
Pese a las críticas iniciales a la gestión del covid, especialmente por la falta de mascarillas, y las minoritarias protestas contra el pasaporte sanitario, la confianza en la acción del gobierno parece mejorar.
Según un sondeo reciente de ELABE para la cadena BFMTV, la preocupación de los franceses sobre la crisis se encuentra en uno de sus niveles más bajos de la pandemia, en un 57%.
Y la confianza en la gestión de Macron sube 3 puntos hasta el 37%, una popularidad superior a la de sus predecesores en el tramo final de mandato, según otro sondeo ELABE para Les Échos y Radio Classique.
El caso de Buzyn sirve, sin embargo, de ariete contra el gobierno cuando la carrera electoral se acelera y, especialmente, contra el mandatario francés, que todavía no confirmó si optará a un segundo mandato.
“Me cuesta creer que sólo un ministro, un poco el fontanero de turno en este caso, tenga que rendir cuentas y no afecte también (....) al presidente de la República”, dijo el diputado izquierdista Alexis Corbière.
Para Sacha Houlié, del partido de Macron, cuando un político “comete errores”, “los primeros jueces son los electores”, sino “se corre el riesgo de paralizar la acción política” y crear un “tribunal popular”.
Desde el inicio de la epidemia, Francia registró más de 6,8 millones de contagios confirmados y la muerte de 115.362 personas por covid-19, según cifras de las autoridades sanitarias hasta el jueves.
