Las Naciones Unidas acusaron el martes a los talibanes de ser responsables de al menos 72 ejecuciones extrajudiciales desde agosto, a pesar de su promesa de amnistía general.
“Entre agosto y noviembre recibimos denuncias creíbles de más de 100 ejecuciones de exmiembros de las fuerzas de seguridad nacionales afganas y otras personas asociadas al antiguo gobierno, de las cuales al menos 72 fueron atribuidas a los talibanes”, declaró la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al Nashif, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Estoy alarmada por las persistentes informaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en todo el país, a pesar de la amnistía general anunciada por los talibanes después del 15 de agosto”, añadió. “En varios casos se expusieron los cuerpos en público, lo que aumentó el miedo entre una parte importante de la población”, afirmó Al Nashif.
“Solo en la provincia de Nangarjar, parece haber habido, por lo menos, 50 ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer al Estado Islámico del Khorasan (EI-K)”, indicó.
Estados Unidos y sus aliados occidentales ya afirmaron a principios de diciembre estar “preocupados” por las “ejecuciones sumarísimas” de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas por el régimen talibán (según revelaron organizaciones de defensa de los Derechos Humanos), y pidieron abrir una rápida investigación.
La oenegé Human Rights Watch publicó un informe en el que afirma documentar “asesinatos o desapariciones de 47 antiguos miembros de las Fuerzas Nacionales de Seguridad afganas que se habían rendido o estaban detenidos por las fuerzas talibanas entre el 15 de agosto y el 31 de octubre”.
Los talibanes rechazan estas acusaciones, que consideran “injustas”.
“Hubo casos de muertos entre los antiguos miembros de las fuerzas de seguridad” del depuesto gobierno, “pero por enemistades o problemas personales”, explicó el portavoz del ministerio talibán de Interior, Qari Sayed Khosti.
Al Nashif también alertó sobre el sufrimiento del pueblo afgano, que según las Naciones Unidas se enfrenta a una de las peores catástrofes humanitarias del mundo.
Subrayando que la crisis “se ve agravada por el impacto de las sanciones y la congelación de los activos del estado”, advirtió a la comunidad internacional que sus “opciones políticas son una cuestión de vida o muerte” para los afganos.
Por su parte, Amnistía Internacional dijo en un informe publicado el miércoles que miembros de los talibanes torturaron y mataron a minorías étnicas y religiosas, exsoldados afganos y sospechosos de simpatizar con el anterior gobierno, al tomar el control de Afganistán entre julio y agosto.
“Nuestra evidencia nueva muestra que, lejos de la transición pacífica que aseguran los talibanes, la gente de Afganistán nuevamente pagó con sus vidas”, declaró la secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard.
Agregó que “casas, hospitales, escuelas y tiendas fueron convertidas en escenarios de crímenes cuando la gente fue repetidamente asesinada y herida. El pueblo de Afganistán ha sufrido mucho tiempo y las víctimas deben tener acceso a la justicia y ser compensadas”.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha ayudado a 15 millones de personas hasta ahora en 2021 en el país, de los cuales 7 millones sólo en noviembre (frente a 4 millones en septiembre).
El martes anunció que acelerará sus operaciones para ayudar “a más de 23 millones de personas que padecen hambre grave” en Afganistán, debido a los efectos combinados de la sequía debido al calentamiento global y la parálisis económica.
La economía del país se ha estancado desde la llegada al poder de los fundamentalistas, que llevó a la comunidad internacional a congelar la ayuda en la que se basaba el país.
“Afganistán se enfrenta a una situación de hambre y miseria como nunca vi en más de veinte años que trabajo para el PMA”, afirmó la responsable de la agencia en el país, Mary Ellen McGroarty.
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