El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, confirmó que en el último año no se ha observado ninguna mejora de los derechos humanos en Nicaragua, donde continúa la persecución de todo aquel percibido como opositor, así como las detenciones arbitrarias y la falta de libertad de expresión y de religión.
”Las personas percibidas como opositoras o críticas del gobierno han continuado siendo perseguidas y se han violado sus derechos humanos”, dijo el alto responsable en una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos sobre lo ocurrido desde que presentó su anterior informe sobre el país centroamericano hace un año.
Según las informaciones corroboradas por la ONU, 71 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, tras haber sido juzgadas y condenadas sin garantías procesales.
”Ejercer el activismo cívico y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto casi imposible. Desde agosto de 2022, se ha cancelado el estatus legal de 2.020 organizaciones de la sociedad civil y de un total de 3.394 organizaciones desde 2018″, detalló Türk.
Esto implica que casi la mitad de los grupos de la sociedad civil en Nicaragua han sido clausurados, mientras que muchos otros han sido empujados a la autocensura.
El alto comisionado denunció que los actos “de persecución constantes e impredecibles” del gobierno han incitado a muchos nicaragüenses a huir y que entre septiembre de 2022 y julio de 2023, 45.866 solicitaron asilo únicamente en Costa Rica, el país que concentra la mayor comunidad exiliada desde 2018.
La crisis sociopolítica está causando efectos en áreas insospechadas, según destacó Türk al mencionar “el elevado número de matrimonios infantiles y embarazos de adolescentes”, en el contexto de una prohibición total del aborto. Esa medida “pone en peligro la salud sexual y reproductiva, provocando abortos inseguros y la muerte de mujeres y niñas”, criticó.
Türk dijo en su presentación que espera que el Consejo de Derechos Humanos discuta cómo desbloquear la situación en Nicaragua, aportando nuevas ideas que “ayuden a las autoridades a cambiar el rumbo”.
Al gobierno de Daniel Ortega le pidió que acepte el regreso de observadores internacionales independientes e imparciales en lugares de detención y que erradique la práctica de la tortura.
