La Presidencia de Colombia solicitó una “investigación interna” ante las denuncias de un posible espionaje a magistrados de la Corte Constitucional mediante la interceptación de sus teléfonos, informó este lunes el Gobierno.

El anuncio lo hizo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en un comunicado a la opinión pública en el que señala que además “estableció contacto formalmente con las autoridades competentes para ponerse a disposición en el marco de la investigación en curso”.

“Desde que se hicieron públicas las denuncias por una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaria de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”, afirmó el Dapre.

El pasado fin de semana medios locales revelaron que magistrados de la Corte Constitucional se reunieron con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para advertirle de posibles actos de espionaje en su contra.

Tras esa denuncia, Camargo ordenó “iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata”, a la que se suma la indagación interna anunciada este lunes por el Departamento Administrativo de la Presidencia.

“Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia”, agregó el Dapre en el comunicado.

Los magistrados, que tienen entre sus funciones las de examinar si las reformas del Gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen los requisitos de constitucionalidad, denunciaron ante la fiscal general la posible interceptación de teléfonos celulares, así como seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes por parte de organismos de inteligencia del Estado.

Rechazo de Petro y su Gobierno

Ante esas denuncias, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este lunes, en su primera reacción al caso, que su Gobierno no espía a nadie, y añadió que “desde el primer día de Gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes”.

“Este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas”, manifestó hoy la Presidencia, según la cual Petro “ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia”.

El posible espionaje al Poder Judicial ya sucedió en el pasado, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables.

Durante el Gobierno de Uribe se conoció que el ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que ejercía las labores de inteligencia, había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptaba teléfonos de muchas personalidades, entre jueces, periodistas y opositores.

Por este caso fueron condenados, entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar “interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial”.

EFE

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