Leyes que prohíben el aborto entraron en vigor este jueves en otros tres estados de Estados Unidos, restringiendo aún más el acceso a las interrupciones voluntarias de embarazos dos meses después de la histórica decisión de la Corte Suprema de revertir este derecho.
Según el diario The Washington Post, hay ahora 21 millones de mujeres que tienen prohibida o severamente restringida la posibilidad de realizarse un aborto en 13 estados.
Tennessee, Texas e Idaho, gobernados por republicanos, se sumaron a la decena de estados que también implementaron leyes aprobadas antes de la decisión de la Corte Suprema y que estaban hasta el momento inactivas.
Integrado por seis jueces conservadores sobre nueve, el máximo tribunal dinamitó el 24 de junio el derecho constitucional al aborto, instituido hace casi 50 años, y devolvió a cada estado la facultad de legislar en la materia.
Esa histórica victoria para el movimiento conservador provocó una tormenta política y colocó el tema del aborto en el centro de la campaña para las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre.
Desde la anulación de la famosa sentencia ‘Roe v. Wade’, de 1973, 13 estados han prohibido o fuertemente recortado el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo, destacó el Instituto Guttmacher, que hace campaña por el acceso a la anticoncepción y el aborto.
Numerosas mujeres que desean abortar deben viajar miles de kilómetros para encontrar una clínica abierta, si pueden financiar ese viaje.
En Texas, la ley que entró en vigor este jueves castiga hasta con cadena perpetua a cualquier integrante del cuerpo médico que practique un aborto, salvo en caso de que peligre la vida de la madre.
Esta norma se suma a una maraña de textos restrictivos que ya habían llevado al cese efectivo de los abortos en este estado de 30 millones de habitantes.
En Tennessee, también en el sur del país, donde el aborto ya estaba prohibido después de las seis semanas, cualquiera que practique un aborto puede ser condenado a prisión.
Este estado, al igual que Texas, no prevé excepciones en casos de violación o incesto, y los observadores creen que la ley no es clara en caso de intervención para salvar a la madre.
En Idaho (noroeste), el nuevo texto permite condenar de dos a cinco años de cárcel a quienes hayan practicado un aborto, con excepciones en caso de incesto o violación.
Un juez federal bloqueó parte de esta ley el miércoles por la noche, y el estado no podrá procesar a los médicos que procedan a un aborto para proteger la salud de la mujer.
El día anterior, una decisión judicial inversa había sido adoptada en Texas, lo que ilustra la confusión en torno a las batallas legales que se están multiplicando en todo el país.
A largo plazo, cerca de la mitad de los estados del país norteamericano, especialmente los del centro y el sur conservador y religioso, podrían proscribir o restringir fuertemente el derecho al aborto.
En Indiana, una ley de ese tipo entrará en vigencia el 15 de septiembre.
Por el contrario, los estados gobernados por demócratas buscan constituirse en “santuarios” del derecho al aborto.
El presidente Joe Biden ha hecho de la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo uno de sus temas de campaña para movilizar a su base electoral, en particular a las mujeres, de cara a las elecciones de noviembre, que amenazan su frágil mayoría en el Congreso.
Dos victorias recientes han dado esperanza al campo demócrata.
A principios de agosto, los votantes de Kansas, un estado tradicionalmente de derecha, votaron a favor de mantener la garantía constitucional del aborto.
Y el martes, un demócrata que hizo campaña por el derecho al aborto ganó contra su oponente republicano en una elección en un distrito muy disputado del estado de Nueva York.
