Es la reforma en la que Emmanuel Macron no tiene derecho a fallar. Es la batalla de la credibilidad para la oposición y el momento de prueba de fuerza para los sindicatos.
¿Macron resistirá al movimiento contra su reforma de las pensiones? Los últimos sondeos publicados a finales de enero por Ipsos dan cuenta de que la reforma de las pensiones le está pasando factura al presidente cuya popularidad ha bajado hasta el 34%. Su nivel más bajo desde 2020, justo antes del confinamiento por la pandemia de la covid-19.
El presidente francés anunció esta reforma ya en su programa presidencial electoral. Adquirió el compromiso de llevarla a cabo y establecer el límite a los 65 años, sin duda para dejarse un margen de maniobra y poder disminuir esa edad a los 64 años como una especie de concesión a la concertación.
Pero los sindicatos no lo entienden como una concesión, de la CGT de Philippe Martinez a la CFDT de Laurent Berger, siguen rechazando esta reforma. Sin embargo, para Emmanuel Macron la reforma de las pensiones no es negociable.
Para el presidente es una especie de indicador, si fracasa con esta reforma, estará atado de manos y de pies para continuar gobernando durante el resto de su mandato. Algo inimaginable para un presidente con un ADN profundamente reformador.
No hay elección, Macron tendrá que aguantar ante las manifestaciones, huelgas y bloqueos cada vez más frecuentes en Francia. Y no sólo esto, también tendrá que resistir ante las encuestas de opinión pública que indican que la mayoría de los franceses está en contra de esta reforma.
La reforma de todas las reformas podría suponer su perdición. Ante esta situación el presidente intenta preservarse, enviando a la primera línea del frente a su primera ministra, Elisabeth Borne. Macron se queda entre bambalinas, aunque, en privado, se exaspere por los traspiés de su gobierno en materia de comunicación.
Podrá perder la batalla de la opinión, pero ni hablar de perder la batalla política. Ese es su objetivo. Todos los altos responsables de su mayoría política se han comprometido a que la ley se apruebe en el Parlamento, ya sea a través del voto o por decretazo, con el artículo 49.3, esperando que después de aprobada, la tormenta social se calme.