La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el continuo abuso de las demandas por difamación contra medios y periodistas panameños y el secuestro preventivo de sus bienes, como mecanismos de intimidación y mordaza para acallar las voces críticas y el periodismo independiente.
La SIP respaldó las recientes expresiones de su vicepresidencia regional en Panamá, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Fórum de Periodistas, la Asociación Panameña de la Radiodifusión y embajadas acreditadas en Panamá (como la de Estados Unidos, Canadá y Países Bajos), sobre el acoso legal en contra de Mauricio Valenzuela y Annette Planells, periodista y cofundadora del portal de información Foco.
El 8 de febrero pasado, sin todavía ser condenados, la jueza Ana Isabel Terán, del Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, ordenó el secuestro de sus bienes y propiedades tras una demanda por calumnia e injuria promovida por el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
El sistema judicial panameño permite a un demandante solicitar el secuestro de activos del demandado al iniciar el proceso judicial. No es la primera vez que esto ocurre en el país.
En 2020, una juez ordenó el secuestro de los bienes del diario La Prensa, tras una demanda del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), en un proceso que esta en primera instancia, que sigue su curso y en el que no se ha dictado condena alguna en contra de la empresa editorial.
El Índice Chapultepec de la SIP 2021-2022 señala que las estadísticas del Ministerio Público de Panamá “revelan que existen 586 expedientes abiertos por delitos en contra del honor. De estos, 81 involucran a medios de comunicación social”.
En la jurisdicción civil, “se encuentran en proceso 40 trámites contra comunicadores y empresas de comunicación social, con demandas que superan la reclamación de 13 millones de dólares”.
El presidente de la SIP, el estadounidense Michael Greenspon, reiteró que “el acoso judicial en Panamá continúa siendo la principal amenaza contra la libertad de prensa”.
Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, deploró “el abuso de las demandas como instrumento para amedrentar y desalentar a medios y periodistas críticos” y remarcó que “este es un recurso vastamente frecuente y en aumento en varios países de las Américas”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, el argentino Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, agregó que “la intención de estas demandas con indemnizaciones millonarias es desalentar al periodismo para que siga investigando y descubriendo hechos de corrupción”.
La SIP ha tenido éxito en muchos países en promover por décadas la descriminalización de las demandas por difamación cuando se trata de funcionarios públicos y sobre temas de interés público. También impulsa que, en caso de juicios civiles, los jueces establezcan proporcionalidad en las indemnizaciones para que las pretensiones económicas desorbitadas no amordacen al periodismo y la libertad de prensa.
En los informes sobre libertad de prensa del semestre pasado, la SIP registró casos de acoso judicial en Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y Perú, con demandas por difamación, acusaciones sobre corrupción, lavado de dinero y bloqueo de información por violaciones a la soberanía y la seguridad nacional.
