Un abogado que representa a varias de las familias afectadas por los jarabes tóxicos que mataron a 206 niños y dejaron con secuelas a otros 120 afirmó el domingo 25 de agosto que van a apelar la sentencia que el pasado jueves les concedió indemnizaciones económicas muy por debajo de lo que pedían.
En una rueda de prensa en Yakarta, el letrado Tegar Putuhena señaló que las 24 familias demandantes se mostraron de acuerdo en presentar la apelación, en la que también se oponen a que el tribunal no reconociera la responsabilidad del Ministerio de Sanidad y de la Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos.
Putuhena también se opuso a que el tribunal de Yakarta calificara las indemnizaciones de “consolación” en lugar de “compensación”, lo que considera que convierte el pago en un acto de caridad y no de justicia por este escándalo sanitario ocurrido en 2022.
El pasado jueves, el tribunal de este juicio civil ordenó el pago de 50 millones y 60 millones de rupias (3,180 dólares y 3,800 dólares) a las familias de los niños fallecidos y de los supervivientes, respectivamente.
Esta cifra es muy inferior a la solicitada por los demandantes, que ascendía a 3,000 millones de rupias (unos 183,000 dólares) para cada uno de quienes hayan perdido a un ser querido y 2,000 millones de rupias (unos 123,000 dólares) para las de los niños con secuelas.
Desi Permatasari, la madre de una niña de seis años que continúa con tratamiento por los jarabes contaminados, afirmó que la cantidad es menos de lo que necesita para cuidar de su pequeña y paliar las secuelas.
”Saben que Sheena (la hija) sobrevivió, pero no su agonía. No puede hablar, no puede sentarse, no puede comer. Estamos continuamente atentos para cuidar de nuestra hija”, explicó.
Entre los acusados se encuentran las empresas indonesias PT Tirta Buana Kemido y CV Samudra Chemical, que vendieron los componentes tóxicos dietilenglicol (DG) y etilenglicol (EG) haciéndolos pasar por propilenglicol (PG), un solvente y lubricante considerado seguro para el consumo humano, ante los problemas de suministro y los altos precios durante la pandemia de la covid-19.
Otros acusados son, además de Pt AFi Farma, PT Universal Pharmaceutical Industries, que fabricaron jarabes de paracetamol y para la tos y no realizaron los controles pertinentes del producto que compraron a PT Tirta y CV Samudra.
La crisis sanitaria comenzó en agosto de 2022, cuando empezaron a conocerse las primeras muertes de niños por fallos renales agudos en Indonesia, aunque entonces no se relacionaron con jarabes contaminados.
La investigación en Indonesia empezó a partir de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera una alerta a comienzos de octubre de ese año alertando de la contaminación de jarabes procedentes de India en Gambia, donde fallecieron 70 niños presentando los mismos síntomas.
Las autoridades indonesias empezaron a analizar los jarabes sospechosos, algunos de los cuales tenían un contenido de DG y EG superior al 90%, cuando el límite máximo legal es el 0.1%.
Tras la alerta en Indonesia y Gambia, la OMS empezó a detectar jarabes contaminados con dietilenglicol y etilenglicol en países como Camboya, Uzbekistán (donde medicamentos procedentes de India causaron al menos 65 muertes), Pakistán e Islas Marshall, sin que de momento se haya descubierto un vínculo entre todos los casos. En otro proceso penal, los responsables de las empresas envueltas en este fraude sanitario fueron condenados a entre 2 y 10 años de cárcel.
