El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, vetó este miércoles de manera parcial las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas recientemente por la oposición en la Asamblea Nacional (Parlamento), al considerar que promulgarlas sería una “mordaza” para la libertad de expresión.
“Nuestra postura es firme: no reviviremos una ley mordaza que persiga a quien piense y opine diferente a nosotros. Ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo”, aseveró Lasso en un acto con estudiantes.
“El Ecuador necesita una prensa libre, responsable: que investigue y que contraste la información”, añadió Lasso, que objetó 17 artículos modificados por considerarlos inconstitucionales, además de otros 34 vetados por otros motivos.
Entre los artículos que Lasso advierte una vulneración a la Constitución está la eliminación de la “opinión” del contenido comunicacional, la definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, y la prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación.
Asimismo, objetó la “definición amplia y ambigua de la responsabilidad ulterior”, la designación a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo como defensores de audiencia y la exclusión de universidades como medios de comunicación comunitarios y su posibilidad de regirse por derecho propio.
También la adjudicación directa para asignar frecuencias y la disposición para que ningún extranjero sea dueño de más del 49 % de un medio de comunicación, ni siquiera aquellos residentes en Ecuador.
PROPONE LIMITAR MEDIOS OFICIALES
Al mismo tiempo, Lasso propuso suprimir “la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo”, fortalecer los mecanismos de protección del trabajo periodístico, mantener e incentivar mecanismos de autorregulación y limitar la creación de medios de comunicación oficial.
Otras propuestas del mandatario a la reforma de la Ley de Comunicación son suprimir la obligación impuesta al Estado a conservar y crear medios públicos de comunicación, eliminar la censura en internet y redes sociales y suprimir el llamamiento inmediato a concurso público para la adjudicación de las frecuencias.
Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, la propuesta de Lasso “se construyó y enriqueció con la colaboración de periodistas, representantes de medios de comunicación y organismos de derechos humanos”.
El secretario general de Comunicación de Presidencia, Leonardo Laso, señaló que la ronda de socialización del veto fue potente, pues “el veto parcial está pensado y diseñado para ganar de una vez la batalla y finalmente sepultar esa Ley Mordaza”.
ASAMBLEA TIENE 30 DÍAS
Una vez que la objeción parcial del presidente llegue a la Asamblea, el Legislativo tiene 30 días para examinarlo y decidir si se allana con mayoría simple a los cambios y objeciones formuladas por el jefe de Estado, o si se ratifica en el texto original, para lo que necesita el voto favorable de dos tercios de la cámara.
Las reformas a la Ley de Comunicación fueron aprobadas por la Asamblea en julio, después de que el pleno rechazase un informe que proponía una nueva ley y aceptase reformar la actual norma bajo la iniciativa realizada por un grupo de asambleístas de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa.
Según afirmó entonces la Asamblea en un comunicado, “el objeto de esta ley comprenderá la desconcentración de frecuencias, la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación”.
En ese sentido, “permite que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación social cuenten con mecanismos de defensa expeditos, garantizando que los derechos al honor y buen nombre (...) puedan ser tutelados por el Estado”.
LA SIP, A FAVOR DEL VETO
La oposición del Gobierno a estas reformas ya fue anunciada por Lasso cuando se aprobó el proyecto de ley, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su satisfacción por el “compromiso” del gobernante de imponer el veto ya que, según el organismo, esas reformas suponen un retroceso a “una época oscura”.
“Serían un retorno a una época oscura para las libertades de expresión y prensa, como la que existió durante la presidencia de Rafael Correa”, ahondó en un comunicado el organismo hemisférico, con sede en Miami, Estados Unidos.
