El Senado mayoritariamente republicano de Florida aprobó el jueves una “ley antidisturbios” propuesta tras las protestas contra el racismo del año pasado en Estados Unidos, a pesar de las denuncias de opositores que la acusan de limitar el derecho a la expresión y la protesta.
Aprobada por el Senado con 23 fotos a favor y 17 en contra, la ley HB1 irá al despacho del gobernador republicano, Ron DeSantis, quien se espera firme la medida orientada a endurecer las penas contra quienes participan en protestas que derivan en violencia.
DeSantis, un pupilo del expresidente Donald Trump cuyo nombre suena como posible presidenciable para 2024, propuso una versión temprana de la llamada “ley antidisturbios” en septiembre.
Fue una reacción a las protestas en todo el país tras la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo pasado bajo la rodilla de un policía blanco --cuyo juicio comenzó el mes pasado en Minneapolis--, si bien en Florida las manifestaciones fueron mayormente pacíficas.
En el pleno, la senadora demócrata Annette Taddeo acusó a los republicanos de diseñar un texto a medida de la base de simpatizantes de Trump, que es heredada por DeSantis.
En cambio, “tenemos que aprobar legislación para todos los floridanos”, advirtió.
El senador republicano Danny Burgess, quien patrocinó la ley, la defendió diciendo que ésta “trata de prevenir la violencia”.
Los críticos señalan que la ley afectará desproporcionadamente a afroestadounidenses, hispanos y otras minorías en un clima ya difícil por las tensiones raciales, puesto que deja mucho margen a la interpretación de qué es un disturbio y qué es participar en él.
Entre otras cosas, protege a las personas que actúen contra los manifestantes que participan en un disturbio.
“Esto significa que alguien que hiera a los manifestantes puede decir ‘oh pero ellos estaban participando en un disturbio’ y esta persona no será responsabilizada por los daños que cause”, explicó a AFP Norma Henning, coordinadora de asuntos gubernamentales del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas de Florida (CAIR).
También endurece las penas por delitos cometidos durante las protestas, como la agresión a policías u otros uniformados, y establece hasta 5 años de prisión a quienes participen en disturbios o los hayan incitado.
Penaliza además a los manifestantes que dañen propiedades históricas, como estatuas o banderas, con hasta 15 años de prisión.
Esta medida es una respuesta a la oleada de derribamientos de monumentos de héroes confederados que defendieron la esclavitud.
La ley HB1 “es la continuación de la larga tradición de Florida de silenciar a las comunidades negras, ya que bloquea su capacidad de expresar su desacuerdo sobre la gran cantidad de injusticias que enfrentan”, dijo Moné Holder, del movimiento por la justicia racial Florida Rising.
