La ley que puede dejar fuera de las elecciones de 2021 a los críticos y opositores de Daniel Ortega en Nicaragua empezó a regir este martes, en medio de rechazo internacional y pedidos para su derogación.
La polémica ley, denominada de “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, fue publicada en el diario oficial, tras su aprobación el lunes.
El alto representante y vicepresidente de la Unión Europea, Josep Borrell, estimó que la medida “tiene por objetivo evitar las candidaturas de la oposición” y “es un paso más en la intimidación contra el pueblo nicaragüense, alejando al país del Estado de derecho”.
La norma, promovida por el propio presidente Ortega y aprobada por el Congreso de mayoría oficialista, plantea que “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua” no podrán optar a cargos de elección popular.
Además serán considerados como “traidores a la patria” y podrán ser procesados penalmente.
Esta ley se da a menos de un año de que se realicen elecciones generales en Nicaragua, donde la oposición no descarta que el sandinista Ortega, de 74 años, no se postule para un cuarto período consecutivo en la presidencia, a la que llegó en 2007.
Borrell llamó al gobierno a “alinear” su legislación de acuerdo con las obligaciones internacionales y planteó “un diálogo urgente e inclusivo” sobre reformas electorales con la oposición para restaurar la confianza.
Esta nueva norma se suma a otras que regulan los aportes extranjeros, consideran ciberdelitos las críticas al gobierno vía redes sociales o establecen cadena perpetua para los “crímenes de odio”, donde encuadran a las críticas opositoras.
En la víspera, la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que esta ley es contraria a la Carta Democrática y le niega a los nicaragüenses del derecho a elegir libremente a sus autoridades, transformando los comicios de noviembre de 2021 “en una imposición en lugar de una elección”.
El organismo hemisférico instó a Ortega a que “derogue” la ley y emprenda las reformas electorales que garanticen elecciones “libres, justas y transparentes”.
El subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, opinó que la ley de Ortega, “es otro intento burdo de mantenerse en el poder”.
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