Los llamamientos a la desobediencia se multiplicaban este miércoles en Birmania, liderados por médicos y trabajadores sanitarios, después de que Washington acusara formalmente a los militares de haber dado un “golpe” y prometiera nuevas sanciones contra los generales.
El lunes, el ejército puso fin a la frágil transición democrática del país, impuso un estado de emergencia por un año y arrestó a la jefa de facto del gobierno civil Aung San Suu Kyi, así como a otros directivos de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Dos días después de este golpe, condenado por muchas capitales extranjeras, surgieron los primeros signos de resistencia.
Médicos y profesionales sanitarios, que llevaban lazos rojos en señal de protesta, anunciaron que se negarían a trabajar salvo en caso de emergencia médica.
“Solo obedeceremos al gobierno democráticamente elegido”, dijo a la AFP Aung San Min, responsable de un hospital de cien camas en la región de Magway (centro).
Miembros del personal médico del hospital general de Rangún se reunieron frente a las instalaciones, haciendo el saludo con tres dedos, un gesto de resistencia adoptado por los activistas prodemocráticos de Hong Kong y Tailandia.
También se puso en marcha un grupo llamado Movimiento de Desobediencia Civil en Facebook, que ya cuenta con unos 150 mil inscritos. “Vergüenza debería darle al ejército”, “Los militares son ladrones”, reza esta página.
El martes por la tarde, en el distrito comercial de Rangún, la capital económica, los habitantes protestaron con una cacerolada y haciendo sonar las bocinas. Algunos corearon: “¡Viva Madre Suu!”.
Presintiendo lo que se avecinaba, Suu Kyi, que al parecer se encuentra bajo arresto domiciliario, llamó a la población a “no aceptar” el golpe de Estado en una carta escrita antes de su arresto.
Este miércoles, las autoridades birmanas la acusaron oficialmente de haber violado una ley comercial y ordenaron su “detención provisional” hasta el 15 de febrero, informó un portavoz de su partido.
Al expresidente Win Myint se le acusa de haber violado la ley sobre la gestión de las catástrofes naturales, según informó el propio exdirigente.
El miedo a la represalias es palpable en este país que ha vivido, desde su independencia en 1948, bajo el yugo de la dictadura militar durante casi 50 años.
“La población sabe muy bien hasta qué punto el ejército puede ser violento y lo poco que le importa su reputación internacional, lo cual podría frenar la voluntad de movilizarse”, estima Francis Wade, autor de varios libros sobre el país.
Las nuevas autoridades, que se comprometieron a celebrar elecciones dentro de un año, ya publicaron una advertencia contra cualquier discurso o mensaje que pueda “fomentar disturbios o una situación inestable”.
El golpe de Estado, “inevitable” según el general Min Aung Hlaing, quien ahora concentra la mayor parte de los poderes al mando de un gabinete compuesto por generales, desencadenó una lluvia de condenas internacionales.
Tras amenazar con nuevas sanciones, el gobierno de Joe Biden elevó de nuevo el tono el martes contra Birmania, que se ha convertido en el primer gran test internacional para el nuevo presidente estadounidense.
Según una funcionaria estadounidense, Aung San Suu Kyi y Win Myint “han sido depuestos en un golpe militar”, una declaración oficial que bloquea la ayuda directa al Estado birmano por parte de Washington, que se declaró “inquieto” el miércoles por la acusación de Suu Kyi. “Instamos al ejército a liberarlos inmediatamente”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en alusión a Suu Kyi y los otros líderes encarcelados.
Francia abogó este miércoles por que la Unión Europea (UE) imponga también sanciones si no se levanta el estado de emergencia.
Pero se trata de un acto simbólico. El ejército birmano ya se halla bajo sanciones desde las atrocidades cometidas por los militares en 2017 contra la minoría musulmana rohinyá y que llevó a Birmania a ser acusada de genocidio por investigadores de la ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU no logró ponerse de acuerdo el martes sobre una resolución. Las negociaciones continúan, informó un diplomático que pidió el anonimato.
Pekín, que sigue siendo el principal respaldo de Birmania en la ONU, obstaculizó durante la crisis de los rohinyás todas las iniciativas en esta instancia al considerar ese conflicto un asunto interno birmano.
El miércoles, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores pidió a la comunidad internacional que “cree un entorno exterior sano para que Birmania pueda solucionar sus divergencias de forma adecuada”, considerando que cualquier intervención del Consejo de Seguridad debería “evitar exacerbar las tensiones y complicar aún más la situación”, informó la agencia Xinhua.
Los cancilleres del G7 se declararon por su parte “muy preocupados” por los acontecimientos, al igual que el Fondo Monetario Internacional, que advirtió del impacto en la economía del país, ya muy afectada por el coronavirus (más de 140 mil casos y 3 mil 100 muertes).
