Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios en más de 91 países y territorios, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos.
Estos papeles secretos exhiben los negocios offshore del Rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, del primer ministro de República Checa, y del exprimer ministro británico Tony Blair. Los archivos también detallan las actividades financieras de quien es considerado ministro no oficial de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.
Los documentos filtrados revelan que muchos de los actores que podrían acabar con el sistema offshore son en realidad beneficiarios de sus servicios, escondiendo bienes en sociedades de papel y trusts –o fideicomisos– mientras sus gobiernos hacen poco para frenar el flujo global de dinero ilícito que enriquece a delincuentes y empobrece a las naciones.
Entre los tesoros escondidos que revelan los documentos, destacan:
Estos documentos secretos son conocidos como los Pandora Papers o Papeles de Pandora.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) obtuvo más de 11.9 millones de documentos confidenciales y encabezó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios –del que forma parte IDL-Reporteros–, quienes dedicaron dos años a examinarlos meticulosamente, a rastrear las fuentes y a excavar en los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países.
Los documentos filtrados provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países. Estas firmas incorporan sociedades de papel y otros escondites offshore para sus clientes, quienes generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en las sombras. La información incluida en los archivos supera en cerca de tres veces el número de operaciones offshore de jefes de Estado reveladas en las anteriores filtraciones de documentos sobre paraísos fiscales, y más de dos veces el número de transacciones de servidores públicos.
Los hallazgos del ICIJ y de sus medios aliados exhiben cómo la finanza ultrasecreta ha infiltrado la política internacional y muestra por qué los gobiernos y las organizaciones globales han hecho tan poco para acabar con los abusos financieros en jurisdicciones extraterritoriales.
Un análisis realizado por el ICIJ a los documentos secretos identificó 956 sociedades en paraísos fiscales vinculados con 336 políticos y funcionarios de alto nivel, incluyendo jefes de Estado, ministros, embajadores y otros. Más de dos tercios de estas sociedades fueron incorporadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción que durante mucho tiempo fue considerada como una pieza clave en el sistema offshore.
Por lo menos 11 mil 300 millones de dólares están guardados en sociedades offshore, según un estudio publicado en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Debido a la complejidad y el secretismo de este sistema, resulta imposible distinguir cuántos de estos recursos están ahí por evasión de impuestos u otros delitos, y cuántos vienen de fuentes legítimas y han sido reportados ante las autoridades tributarias.
Todos los rincones del mundo
La investigación Pandora Papers revela los dueños secretos de sociedades offshore, cuentas bancarias anónimas, jets privados, yates, mansiones y obras de arte de Picasso, Banksy y otros artistas. La información que ofrece es más detallada que la que suelen obtener las autoridades gubernamentales.
Entre los personajes que los documentos vinculan con bienes offshore resaltan la superestrella de cricket de la India Sachin Tendulkar, la diva de la música pop Shakira, la supermodelo Claudia Schiffer y un mafioso italiano conocido como “Lell El Gordo”.
Este mafioso, Raffaele Amato, ha sido vinculado con al menos una docena de asesinatos. Los documentos filtrados ofrecen detalles sobre una sociedad de papel registrada en Reino Unido, que Amato utilizó para comprar terrenos en España poco antes de huir de Italia, con el objeto de instalar en la península ibérica su propio grupo criminal. Amato, cuya historia inspiró la multipremiada película Gomorra, está cumpliendo una pena de cárcel de 20 años. Los abogados de Amato no contestaron solicitudes de comentarios.
El abogado de Tendulkar dijo que las inversiones del jugador de cricket son legítimas y han sido declaradas ante las autoridades tributarias. Un abogado de Shakira dijo que la cantante declaró sus sociedades offshore y que éstas no otorgaban ventajas fiscales. Representantes de Schiffer dijeron que la top model pagó sus impuestos en Reino Unido, donde reside.
En la mayoría de los países, controlar activos offshore o usar sociedades de papel para hacer negocios transfronterizos no es ilegal. Las personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan estas sociedades para llevar a cabo sus asuntos financieros.
Sin embargo, estos asuntos suelen resumirse en canalizar las ganancias de los países con impuestos elevados –donde se generan estas ganancias– hasta sociedades que solo existen en papel en jurisdicciones de baja recaudación fiscal. El uso de estas guaridas offshore es particularmente controversial para figuras políticas, porque consiste a menudo en estrategias para alejar sus actividades impopulares –o incluso de corrupción– del escrutinio público.
El imaginario popular suele reducir el sistema offshore a un grupo de islas lejanas y dispersas, cubiertas de palmeras. Los Pandora Papers muestran que la maquinaria del dinero offshore opera en todos los rincones del mundo, incluyendo en las democracias más sólidas. Entre los jugadores clave de este sistema están las instituciones de las élites –como bancos multinacionales, despachos de abogados y firmas de contabilidad– con sede en Estados Unidos y Europa.
Un documento de los Pandora Papers muestra, por ejemplo, que diversos bancos han creado por lo menos 3.926 sociedades offshore para sus clientes, de la mano de Alemán, Cordero, Galindo & Lee, una firma de Panamá dirigida por el exembajador de Panamá en Estados Unidos. El documento muestra que el despacho, también conocido como Alcogal, creó por lo menos 312 compañías en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) a solicitud del gigante de servicios financieros Morgan Stanley.
Un vocero de Morgan Stanley dijo: “No creamos compañías offshore (…) este proceso se hace de manera independiente de la firma, y a la discreción y beneficio del cliente”.
La investigación Pandora Papers también revela cómo Baker McKenzie, el despacho de abogados más grande de Estados Unidos, ayudó a crear el sistema offshore moderno y sigue siendo un pilar en esta economía en las sombras.
Baker McKenzie y sus despachos asociados en el mundo han usado su conocimiento y experiencia en materia de lobby e influencia legislativa para diseñar leyes financieras en diversos países. También han hecho negocios para personas y empresas vinculadas con fraudes, corrupción y regímenes autoritarios, según reveló el ICIJ en la investigación.
Entre los clientes de Baker McKenzie figura el oligarca de Ucrania Ihor Kolomoisky, al que las autoridades estadounidenses acusan de lavar 5.500 millones de dólares a través de una red de sociedades de papel, con la compra de propiedades industriales y comerciales en el corazón de Estados Unidos.
Baker McKenzie también trabajó para Jho Low, ahora prófugo, acusado en varios países de idear un mega fraude de 4.500 millones de dólares a un fondo de desarrollo económico de Malasia, conocido como 1MDB. La investigación de ICIJ encontró que Low y sus cómplices recibieron la ayuda de Baker McKenzie y sus afiliados para crear una red de sociedades en Malasia y Hong Kong. Las autoridades de Estados Unidos sostienen que usaron algunas de estas sociedades para canalizar los recursos saqueados.
Un vocero de Baker McKenzie dijo que la firma busca proveer las mejores asesorías fiscales y legales a sus clientes, y se esfuerza en “asegurarse que estos adhieran a la ley y a las mejores prácticas”.
El vocero no respondió de manera específica a muchas preguntas sobre el papel de Baker McKenzie en la economía offshore, citando la confidencialidad de sus clientes y el privilegio legal. Dijo que la firma lleva a cabo estrictas revisiones a los antecedentes de todos sus clientes potenciales.
“Ya sabes quién”
La investigación Pandora Papers es incluso más grande y más global que la investigación emblemática Panamá Papers de ICIJ, la que sacudió el mundo en 2016 y desembocó en operativos legales, en la adopción de nuevas leyes en decenas de países y provocó la caída de primeros ministros en Islandia y en Pakistán.
Los Panama Papers provenían de los archivos de un solo proveedor de servicios offshore: la firma panameña Mossack Fonseca. Los Pandora Papers arrojan luz sobre un abanico mucho más amplio de abogados, intermediarios y brokers que operan en el corazón de la industria offshore.
Los Pandora Papers proveen dos veces más información sobre los dueños de compañías offshore que los Panama Papers. En total, la nueva filtración exhibe a los propietarios reales o beneficiarios de más de 29 mil sociedades offshore. Estos dueños se reparten en más de 200 países; los grupos más numerosos son de Rusia, Reino Unido, Argentina y China.
Entre los 150 medios que se sumaron a la colaboración destacan el Washington Post, la BBC, Radio France, Ostro Croatia, el Indian Express, The Standard de Zimbabwe, Le Desk de Marruecos y el diario El Universo de Ecuador.
Fue necesario congregar a un equipo internacional para llevar a cabo la investigación, porque los 14 proveedores de los que vienen los documentos tienen oficinas en todo el mundo, desde el Caribe hasta el Golfo Pérsico, pasando por el Mar de la China Meridional.
Tres de los proveedores de sociedades extraterritoriales pertenecen o son administrados por exfuncionarios; uno fue ministro y otro asesor del presidente en Panamá; un exprocurador general de Belice, por su parte, controla a dos proveedores.
A cambio de unos cientos o unos pocos miles de dólares, los proveedores offshore pueden ayudar a sus clientes a incorporar sociedades cuyos dueños permanecen ocultos. O, a cambio de 2 mil hasta 25 mil dólares, pueden crear un trust o fideicomiso que, en algunos casos, permite a sus beneficiarios administrar su dinero y a la vez crear la ficción legal de que no lo controlan; una forma creativa de usar un pedazo de papel que esconde los bienes y activos ante los ojos de quienes los podrían buscar: potenciales acreedores, policías, agentes fiscales o excónyuges.
Los operadores del mundo offshore no actúan de manera aislada. Trabajan de la mano con otros proveedores de servicios para entrelazar capas de sociedades y trusts en el mundo. A mayor complejidad de las estructuras, mayores costos, pero también mayor secretismo y protección para los clientes.
Los Pandora Papers muestran que un contador inglés basado en Suiza trabajó de la mano con abogados en las Islas Vírgenes Británicas para ayudar el rey de Jordania, el Rey Abdalá II, a comprar 14 casas en Estados Unidos y Reino Unido de manera secreta, por más de 106 millones de dólares. Sus asesores le ayudaron a crear al menos 36 sociedades de papel entre 1995 y 2017.
En 2017, el rey compró una propiedad de 23 millones de dólares que se impone sobre una playa de surfistas en California. El rey realizó un pago extra para que otra sociedad de BVI, controlada por sus asesores patrimoniales de Suiza, actúe como directora nominee –o instrumental– para la compañía de BVI que adquirió ese bien raíz.
En el mundo offshore, los directores nominees son personas –naturales o jurídicas– a las que se les paga para actuar como fachada en lugar de la persona que realmente está detrás de una compañía. En un formulario de Alcogal, el despacho que trabajó para el rey indicó que el uso de directores nominees ayudaría a “preservar la privacidad, al impedir que la identidad del beneficiario final (…) sea accesible al público”.
En correos, los asesores offshore se referían al rey en clave como “Ya sabes quién”.
Abogados británicos del rey dijeron que la ley de Jordania no le obligó a pagar impuestos, y que tuvieron razones de seguridad y privacidad para controlar propiedades a través de sociedades offshore. Agregaron que el rey nunca malversó fondos públicos.
Los abogados también dijeron que la mayoría de las sociedades y propiedades identificadas por ICIJ no tienen conexión con el rey o ya no existen, pero no dieron más detalles.
Expertos opinan que, como dirigente de uno de los países más pobres y dependientes de la ayuda extranjera de Medio Oriente, el rey tiene motivos para no ostentar su riqueza. “Si el rey de Jordania exhibiera su riqueza de manera más abierta, no solo generaría antagonismos en su población, sino que enojaría a los patrocinadores occidentales que le dieron dinero”, dijo Annelle Sheline, experta en autoridades políticas y religiosas en Medio Oriente, a ICIJ.
En el vecino Líbano, donde han surgido debates similares respecto a la riqueza y la pobreza, los Pandora Papers muestran que personajes del más alto nivel político y financiero también usaron paraísos fiscales.
Entre ellos figuran el primer ministro actual, Najib Mikati, y su predecesor Hassan Diab, así como Riad Salameh, el gobernador del Banco Central, quien está siendo investigado en Francia por presuntas acciones de lavado de dinero.
Marwane Keireddine, exministro de Estado de Líbano y potentado presidente del banco Al Mawarid, también aparece entre los documentos secretos. En 2019 regañó a sus antiguos colegas legisladores por su inacción ante la terrible crisis económica. La mitad de la población estaba viviendo en la pobreza, luchando para encontrar comida a medida que las panaderías y las tiendas cerraban sus puertas.
“Hay evasión de impuestos y el gobierno necesita actuar”, dijo Kheireddine.
Los Pandora Papers revelan que, el mismo año, Kheireddine firmó documentos como dueño de una sociedad de BVI que controla un yate de dos millones de dólares.
Un año más tarde, en 2020, medios libaneses y extranjeros reportaron que Kheireddine compró un departamento en Manhattan a la estrella de Hollywood Jennifer Lawrence. Cuando salió el artículo periodístico sobre el departamento de Manhattan, un grupo de manifestantes incendió un edificio en Beirut, pensando que le pertenecía. Su banco es uno de los muchos en el país que restringió a sus clientes los retiros en dólares para mitigar la crisis económica.
Wafaa Abou Hamdam, una viuda de 57 años, forma parte de los libaneses de a pie que siguen enojados con las élites de su país. Producto de la inflación, sus ahorros se esfumaron: del equivalente a 60 mil dólares, su dinero se desplomó a menos de 5 mil dólares, dijo a Daraj, un medio socio de ICIJ.
“Todos los esfuerzos de mi vida fueron en vano. He trabajado sin parar en las últimas tres décadas”, dijo. “Seguimos luchando a diario para sobrevivir”, mientras “los políticos y los banqueros (…) quienes se llevaron nuestros ahorros transfirieron e invirtieron su dinero en el extranjero”.
Kheireddine y Diab no contestaron a una solicitud de comentarios. En una respuesta por escrito, Salameh dijo que reportó sus bienes y ha cumplido con todas las obligaciones vigentes en la ley del Líbano. Maher, el hijo de Mikati, comentó que es común para los libaneses usar compañías offshore “debido al proceso fácil de incorporación”, más que para evadir impuestos.
‘Coalición de corruptos’
Imran Khan, la superestrella pakistaní de cricket que se volvió político con un fuerte discurso anticorrupción, se exaltó cuando los Panama Papers de ICIJ salieron a la luz, en abril de 2016. “Las filtraciones son enviadas por Dios”, dijo.
Los Panama Papers revelaron que los hijos del entonces primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, tenían vínculos con por lo menos tres sociedades offshore. Esto dio a Khan un pretexto para hundir a Sharif, su rival político, en lo que Khan describió como la “coalición de los corruptos” que destrozaba a Pakistán.
“Es asquerosa la manera en que se saquea el dinero del mundo en desarrollo, de personas quienes ya fueron privadas de los servicios básicos: salud, educación, justicia y empleo”, dijo a The Guardian, socio de ICIJ, en 2016. “Este dinero es canalizado en cuentas offshore, o en países occidentales, en bancos occidentales. Los pobres se vuelven más pobres. Los países pobres se vuelven más pobres, y los países ricos se vuelven más ricos. Las cuentas offshore protegen a estos ladrones”.
Como resultado de una investigación detonada por los Panama Papers, la Corte Suprema de Pakistán removió a Sharif de su cargo. Khan se precipitó en sustituirlo en la siguiente elección nacional.
Pandora Papers, la investigación más reciente, coloca de nuevo la atención sobre el uso de sociedades extraterritoriales por parte de actores políticos de Pakistán. Esta vez, se revelan los holdings offshore de personajes cercanos a Khan, incluyendo a uno de sus patrocinadores financieros, y familiares de su ministro de Finanzas.
Los documentos también muestran que, en 2016, el ministro de recursos hídricos de Khan, Chaudry Moonis Elahi, contactó a Asiaciti –un proveedor de servicios offshore basado en Singapur– para crear un trust en el que invertiría los ingresos de un negocio inmobiliario familiar que había sido financiado por un crédito que posteriormente el prestamista denunció como ilegal. El banco dijo a las autoridades pakistaníes que el crédito se había aprobado gracias a la influencia del padre de Elahi, quien había sido viceprimer ministro.
Los archivos de Asiaciti muestran que Elahi dio marcha atrás a un plan que consistía en depositar dinero en un trust de Singapur, después que el proveedor le adelantó que debería reportar la operación a las autoridades fiscales de Pakistán.
Elahi no contestó solicitudes de comentarios. A través de un vocero, dijo que su administración elevó la rendición de cuentas y la transparencia como una prioridad alta, y amplió el número de funcionarios que tienen la obligación de declarar sus inversiones. No respondió de forma directa a las preguntas sobre los integrantes de su primer círculo que tienen compañías offshore.
Otras figuras políticas en el mundo se han expresado también contra el sistema offshore, mientras estaban rodeados de asesores que controlan bienes guardados en paraísos fiscales. Algunos incluso han usado el sistema personalmente.
“Todos los bienes de los servidores públicos deben ser declarados públicamente para que las personas puedan cuestionar y preguntar: ¿Qué es legítimo?”, dijo el presidente keniano Uhuru Kenyatta a un entrevistador de la BBC en 2018. “Si no lo puedes explicar, incluyéndome a mí mismo, entonces tengo un caso que resolver”.
Los archivos filtrados evidencian que Kenyatta y su madre son beneficiarios de una fundación secreta en Panamá. Otros de sus familiares, incluyendo su hermano y dos hermanas, controlan cinco compañías offshore con bienes de más de 30 millones de dólares, según los documentos.
Kenyatta y su familia no contestaron a preguntas para este reportaje.
El primer ministro checo, Andrej Babis, una de las personas más ricas de su país, llegó al poder con la promesa de atacar la evasión fiscal y la corrupción. En 2011, a medida que se involucraba en la política, Babis expresó a sus votantes su deseo de construir un país “donde los empresarios harán negocios y estarán felices de pagar impuestos”.
Los documentos filtrados muestran que, en 2009, Babis inyectó 22 millones de dólares en una cadena de compañías de papel para comprar una propiedad suntuosa, conocida como Chateau Bigaud, en el pueblo de Mougins, en Francia, cerca de Cannes.
Babis no incluyó estas sociedades de papel y propiedades en las declaraciones patrimoniales que debe publicar como servidor público, según documentos obtenidos por Investigace.cz, socio de ICIJ en República Checa. En 2018, un conglomerado inmobiliario controlado por Babis compró las compañías de Mónaco que eran propietarias del castillo y la villa. Babis no contestó a nuestras solicitudes de comentarios.
Un vocero del conglomerado dijo a ICIJ que la compañía cumple con los requisitos legales. No contestó a las preguntas sobre la adquisición del castillo. “Como cualquier otra entidad de negocios, tenemos el derecho de proteger nuestros secretos comerciales”, indicó.
“Refugio para estafas”
Los documentos secretos contradicen ciertos pronunciamientos públicos expresados este año sobre riquezas, desigualdades y refugios offshore, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos, una pandemia, el cambio climático y la desconfianza ciudadana.
En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió a los tomadores de decisión a promover, entre otras medidas, más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair, fundador y presidente ejecutivo del instituto, habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994, cuando hizo campaña para convertirse en el líder del Partido Laborista de Reino Unido.
“Para quienes pueden pagar a los contadores adecuados, el sistema fiscal es un refugio para estafas, beneficios y ganancias”, dijo durante un discurso en West Midlands. “No deberíamos convertir nuestras leyes tributarias en un campo de juego para los evasores fiscales, quienes pagan poco o nada mientras otros pagan más de lo que les corresponde”.
Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se hicieron dueños de un edificio Victoriano de 8.8 millones de dólares, cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. El edificio, situado en Londres, es ahora la sede del despacho legal de Cherie Blair.
Los documentos indican que Cherie Blair y su esposo, quien fue diplomático en Medio Oriente después de renunciar al cargo de primer ministro en 2007, adquirieron la sociedad inmobiliaria offshore que poseía el inmueble a la familia del ministro de Bahrein para la Industria y el Turismo, Zayed bin Rashid al-Zayani.
Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair se beneficiaron de un arreglo legal que les permitió evitar el pago de 400 mil dólares en impuestos sobre la propiedad.
Los Blair y los al-Zayani dijeron que en un principio no sabían quién era su contraparte en esa operación.
Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito –según ella– consistió en “regresar la compañía y el edificio al régimen legal y regulatorio de Reino Unido”. También dijo que “no quería ser dueña de una compañía de BVI” y que “el vendedor, por sus motivos personales, solo quería vender la compañía”. La sociedad está ahora clausurada.
A través de su abogado, los al-Zayani dijeron que sus sociedades “cumplieron con todas las leyes pasadas y actuales de Reino Unido”.
“Estos son vacíos legales que pueden aprovechar los ricos pero no las otras personas”, dijo Robert Palmer, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), a The Guardian. “Los políticos deben corregir el sistema fiscal para que todos paguen su justa parte”.
En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas a través de entidades offshore. Expertos estiman que los más ricos de Brasil controlan cerca de 200 mil millones de dólares en entidades fuera del país, no sometidas a impuestos.
“No deberías sentir vergüenza por ser rico”, dijo Guedes. “Debes avergonzarte por no pagar impuestos”.
Después que banqueros y líderes empresariales se opusieron al aumento de impuestos en la legislación, Guedes, también millonario y exbanquero, accedió a remover ese gravamen sobre las ganancias offshore. Las negociaciones sobre la reforma fiscal siguen en curso.
Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las BVI.
En respuesta a la Revista Piauí, socio de ICIJ en Brasil, un vocero de Guedes dijo que el ministro declaró la compañía ante las autoridades de Brasil. El vocero no entregó documentos que lo demuestre y no contestó a la pregunta sobre la remoción del impuesto offshore en la legislación.
“Caja de pandora”
En diciembre de 2018, Bahamas lanzó una legislación que obligaba a las compañías y a algunos trusts a declarar sus dueños reales a una oficina de registro gubernamental. La nación isleña se encontraba bajo la presión de países más grandes, entre ellos Estados Unidos, para expulsar a evasores de impuestos y a delincuentes dfel sistema financiero offshore.
Algunos políticos de Bahamas se opusieron a la iniciativa. Se quejaron de que el registro ahuyentaría a algunos clientes ricos de América Latina que dejarían de hacer negocios en el Caribe. “Los ganadores de este doble estándar son los estados de Delaware, Alaska y Dakota del Sur en Estados Unidos”, dijo un abogado local.
Meses después, un documento secreto indicó que la familia del otrora vicepresidente de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, dejó de usar a Bahamas como refugio para su fortuna.
Como nueva guarida, eligieron un nuevo lugar ubicado a 2.500 kilómetros de ahí: Sioux Falls, en Dakota del Sur.
Según los documentos, la familia creó trusts en Dakota del Sur para guardar varios activos, como las acciones que tenía en una empresa azucarera dominicana. La familia Morales no respondió a preguntas sobre el movimiento de sus bienes de Bahamas a Dakota del Sur.
Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe y Europa hacia Dakota del Sur, un estado de Estados Unidos escasamente poblado, que se ha convertido en un destino atractivo para los activos extranjeros.
En la última década, Dakota del Sur, Nevada y más de una docena de otros estados de ese país se han transformado en líderes de la industria del secreto financiero. Al mismo tiempo, las naciones más poderosas han mantenido su atención, y la de sus autoridades, en los paraísos fiscales “tradicionales”, como las Bahamas, las islas Caimán y otras islas paradisíacas.
Estados Unidos es uno de los actores más pesados en el mundo offshore. Es, también, el país mejor posicionado para acabar con los abusos financieros offshore, gracias al papel central que juega en el sistema bancario internacional. Como el dólar es en los hechos la moneda global, la mayor parte de las transacciones internacionales fluyen desde y hacia plazas bancarias basadas en Nueva York.
En las últimas dos décadas, las autoridades de Estados Unidos han tomado acciones para obligar a los bancos de Suiza y otros países a entregarles información sobre los estadounidenses dueños de cuentas bancarias en sus jurisdicciones.
Pero Estados Unidos está más interesado en obligar a los demás países a entregar información sobre las operaciones bancarias offshore de los estadounidenses que en compartir información sobre el dinero que se mueve a través de las cuentas bancarias, las compañías de papel y los trusts registrados en su propio país.
En 2014, Estados Unidos se negó a sumarse a un acuerdo apoyado por más de 100 jurisdicciones –incluyendo Islas Caimán y Luxemburgo– que hubiera obligado a las instituciones financieras estadounidenses a compartir la información que tienen sobre los bienes de personas extranjeras.
Año tras año en Dakota del Sur, legisladores locales han aprobado leyes diseñadas por lobistas de la industria de los trusts, que proveen cada vez más protección y beneficios a sus clientes, ya sean estadounidenses o extranjeros. El valor de los bienes guardados en trusts de Dakota del Sur se disparó más de cuatro veces en la última década, hasta alcanzar 360 mil millones de dólares. Una de las principales empresas de trusts presume que tiene clientes de 54 países y de 47 estados de Estados Unidos, entre ellos más de 100 multimillonarios.
“Como ciudadana, estoy muy triste de que mi estado fue el que abrió la caja de Pandora”, dijo Susan Wismer, una exlegisladora, a ICIJ.
En 2020, 17 de las 20 jurisdicciones más laxas del mundo en materia de trusts eran estados de Estados Unidos, según un estudio elaborado por el académico israelí Adam Hofri-Winogradow. En muchos casos, las leyes de Estados Unidos han colocado obstáculos para que los acreedores recuperen lo que les pertenecía, como pagos por la manutención de hijos de padres ausentes.
Con base en los documentos de Pandora Papers, ICIJ y el Washington Post identificaron cerca de 30 trusts basados en Estados Unidos vinculados a personas extranjeras acusadas de irregularidades o cuyas empresas han sido acusadas de malas prácticas.
Entre ellos se encuentra Federico Kong Vielman, cuya familia es una de las dinastías más ricas de Guatemala.
En 2016, Kong Vielman movió 13.5 millones de dólares en un trust de Sioux Falls. Parte del dinero provenía de la empresa familiar, que fabrica cera para pisos, labiales y otros productos.
Durante décadas, la prensa guatemalteca ha reportado los vínculos de la familia con el mundo político. En los ‘70, reportes de prensa identificaron a la familia como una aliada importante del general Carlos Manuel Arana Osorio, el entonces gobernador de Guatemala conocido como el “Chacal de Zacapa”. En 2016, el lujoso hotel de la familia en la capital regaló un paquete de 100 noches al entonces presidente Jimmy Morales. La prensa guatemalteca sospechó que este regalo correspondía al pago de “favores políticos”.
En 2014, inspectores laborales de Estados Unidos interpusieron una demanda contra el gobierno de Guatemala, que incluyó acusaciones de que la empresa familiar productora de aceite de palma pagaba menos a sus trabajadores y los exponía a productos químicos tóxicos. Los registros corporativos de la empresa muestran que Kong Vielman fue su tesorero.
Un año más tarde, las autoridades ambientales de Estados Unidos proveyeron asistencia técnica a Guatemala, y descubrieron que la empresa había arrojado contaminantes en el Río Pasión. La empresa familiar, llamada Nacional Agro Industrial SA pero conocida como Naisa, no fue castigada.
Desde Naisa dijeron a ICIJ que la empresa siguió la ley y no contaminó el río. La queja laboral fue resuelta en un panel de arbitraje, señalaron.
Kong Vielman se negó a contestar las preguntas sobre el trust de Dakota del Sur.
Guillermo Lasso, el exbanquero y electo presidente de Ecuador en abril pasado, es otro de los latinoamericanos adinerados que abrió trusts en Dakota del Sur. Documentos filtrados muestran que Lasso movió activos hacia dos trusts en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales. Los documentos muestran que Lasso movió dos sociedades offshore a los trusts de Dakota del Sur, desde dos fundaciones secretas en Panamá.
Lasso dijo que el uso de estructuras offshore en el pasado fue “legal y legítimo” y que cumple con las leyes de Ecuador.
Los trusts instalados en Dakota del Sur y en muchos otros estados de Estados Unidos siguen cubiertos por el secretismo, a pesar de que este año se reformó la Ley de la Transparencia Corporativa en Estados Unidos, que hace más difícil para los dueños de ciertas sociedades esconder su identidad.
No se prevé que esta reforma se aplique a los trusts, también populares entre ciudadanos no estadounidenses. Otra excepción deslumbrante, señalan los expertos en delitos financieros, es que muchos abogados que instalan trusts y compañías de papel no se ven obligados a examinar el origen de la riqueza de sus clientes.
“Estados Unidos es, claramente, una gran, gran laguna en el mundo”, dijo Yehuda Shaffer, extitular la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel. “Estados Unidos critica a todos los demás en el mundo, pero tiene problemas muy, muy serios en su propia casa”, añadió.
“Gastos extraordinarios”
2014 fue un gran año para el imperio de la construcción del multimillonario Erman Ilicak: Rönesans Holding, la empresa del magnate turco, terminó la construcción del palacio presidencial de mil 150 cuartos de su controvertido líder, Recep Tayyip Erdogan; lo hizo a pesar de las revelaciones mediáticas sobre los sobrecostos y la corrupción que envolvió al proyecto, y del intento de un tribunal para suspenderlo.
Otro evento notable para la familia Ilicak tuvo lugar en 2014, pero este se mantuvo fuera del escrutinio público. La madre del “Titán de los negocios”, Ayse Ilicak, se convirtió en dueña de dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según los Pandora Papers. Ambas sociedades tenían como fachada a directores y accionistas nominees (de papel o instrumentales), que hacían muy difícil rastrear la sociedad hasta su dueño real.
Una de las compañías, Covar Trading Ltd, tenía activos del grupo empresarial familiar de la construcción, dicen los documentos. Durante su primer año en operación, Covar Trading ingresó 105.5 millones de dólares como dividendos, según estados financieros confidenciales. El dinero terminó en una cuenta bancaria en Suiza.
Pero no se quedó mucho tiempo. El mismo año, según su estado de cuentas, la compañía desembolsó casi todos los 105.5 millones de dólares en “donativos”, justificados como “gastos extraordinarios”. El documento no describió quién recibió el dinero. Ilicak no contestó a un cuestionario sobre esa historia.
Los multimillonarios de los Pandora Papers vienen de 45 países; el mayor número de ellos es de Rusia (52), Brasil (15), Reino Unido (13) e Israel (10).
Entre los multimillonarios estadounidenses que aparecen en los documentos figuran dos magnates de las tecnologías: Robert F. Smith y Robert T. Brockman, cuyos trusts han sido investigados por las autoridades de Estados Unidos. Ambos fueron clientes de CILTrust, un proveedor de servicios offshore de Belice operado por Glenn Godfrey, exprocurador general de ese país.
El año pasado, Smith acordó el pago de 139 millones de dólares para evitar un juicio por evasión de impuestos. Un gran jurado de Estados Unidos condenó a Brockman –el mentor y padrino financiero de Smith– en un caso que los fiscales describieron como el mayor fraude fiscal en la historia de Estados Unidos.
Smith se negó a comentar. Brockman se declaró no culpable. Ni CILTrust ni Godfrey han sido acusados de alguna irregularidad. Godfrey no contestó a la solicitud de comentarios.
Un despacho legal de Chipre, Nicor Chr. Anastasiades and Partners, aparece en los Pandora Papers como un intermediario offshore para ciudadanos ricos de Rusia. La firma retoma el nombre de su fundador, el presidente de Chipre Nicos Anastasiades; sus dos hijas son socias.
Los documentos muestran que, en 2015, el director de cumplimiento de Alcogal detectó que ese despacho chipriota ayudó a Leonid Lebedev, un multimillonario ruso –y también exsenador– a esconder su identidad sobre la propiedad de cuatro sociedades mediante el registro de empleados de la firma, que aparecían como dueños de esas entidades.
Lebedev, un magnate del petróleo y productor de cine con conexiones en Hollywood, huyó de Rusia en 2016 acusado por las autoridades de desviar 220 millones de dólares de una empresa del sector energético. Lebedev no contestó a las solicitudes de comentarios. El estatus de su caso en Rusia no queda claro.
El despacho chipriota también preparó cartas de recomendación para el magnate acerero ruso Alexander Abramov, incluso días después de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al multimillonario en su lista de oligarcas cercanos al presidente Vladimir Putin. Abramov tampoco contestó las solicitudes de comentarios.
Theophanis Philippou, el director de administración de la firma, dijo a la BBC –socia de ICIJ– que nunca burló a las autoridades al esconder la identidad del dueño de una compañía. Se negó a comentar sobre sus clientes, citando las reglas de confidencialidad de su oficio.
Konstantin Ernst, ejecutivo de la televisión y productor nominado a un Oscar, es otro ruso ligado a Putin que aparece en los Pandora Papers. Se le identifica como el gran arquitecto de la imagen de Putin, cuyo talento creativo ha logrado vender la idea de que el presidente es el “sabio de carácter fuerte de Rusia”.
Los Pandora Papers revelan que Ernst tuvo la oportunidad de participar en un negocio altamente lucrativo, poco tiempo después de producir las ceremonias de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 en Sochi, espectáculo que elevó los niveles de aceptación de Putin dentro y fuera del país.
Ernst se convirtió en un socio discreto en un enorme contrato de privatización con fondos del Estado, escondido debajo de varias capas de sociedades offshore: se trataba de un negocio para comprar decenas de cines y propiedades colindantes en la ciudad de Moscú.
Los documentos filtrados muestran que, en 2019, las participaciones personales de Ernst en la operación alcanzaron 140 millones de dólares.
Ernst dijo a ICIJ que “nunca escondió” su participación en el negocio de la privatización, y que ese negocio no fue una retribución por su trabajo en las Olimpiadas de 2014.
“No he cometido ninguna acción ilegal”, dijo. “Tampoco estoy cometiendo una ahora, ni a punto de hacerlo. Así me criaron mis padres”, añadió.
“Nuestra forma de vida”
Como activista defensora de derechos humanos y contra la pobreza, Mae Buenaventura se unió a la lucha para asegurar el regreso a Filipinas de los miles de millones de dólares que el dictador Ferdinand Marcos, sus familiares y cómplices, escondieron en cuentas bancarias de Suiza y en otras ubicaciones difíciles de rastrear.
Muchos, en su país, “saben que los ricos tienen formas de acumular riquezas y también de esconderlas de tal manera que la gente común no puede dar con ellas”, dijo Buenaventura.
El “escándalo Marcos” también fue una lección para el mundo, y fomentó los esfuerzos para buscar el dinero ilícito y castigar a las personas que lo esconden.
En los últimos 20 años, líderes políticos han abogado por “erradicar” los paraísos fiscales. Se han referido a las compañías de papel y al lavado de dinero como “amenazas contra nuestra seguridad, nuestra democracia y nuestra forma de vida”. Han aprobado nuevas leyes y firmado acuerdos internacionales.
Sin embargo, el sistema offshore nunca ha dejado de adaptarse, y la delincuencia transfronteriza, la evasión de impuestos y la desigualdad siguen prosperando.
Cuando un proveedor de servicios offshore es expuesto o sufre presiones de las autoridades, otros aprovechan su mala suerte y la convierten en un argumento de mercadotecnia para atraer hacia ellos a sus clientes que huyen hacia refugios más seguros.
Un análisis de ICIJ identificó cientos de compañías offshore que terminaron sus relaciones con el despacho Mossack Fonseca, que quedó destrozado después de la publicación de los Panama Papers. Otros proveedores tomaron entonces el control de las sociedades como agentes offshore.
Una de las compañías que migraron era controlada por un trust, entre cuyos beneficiarios destacaba la esposa de Jacob Rees-Mogg, el militante del Partido Conservador británico y actual presidente del parlamento.
Los Pandora Papers indican que una sociedad holding y un trust, de los que su esposa Helena de Chair era beneficiaria, tenían “fotografías y pinturas” por un valor de 3.5 millones de dólares.
Otra compañía salió de Mossack Fonseca: una sociedad de BVI controlada por la viuda y dos hijos del criminal hindú Iqbal Memon. La prensa ha identificado a Memon como un actor importante del narcotráfico, con vínculos con terroristas. Su viuda y sus hijos son acusados de lavar dinero de la droga y las autoridades de Nueva Delhi emitieron una orden de detención en su contra, en 2019.
En Filipinas, el dinero que circula en las sombras sigue siendo un problema, a pesar de la atención prestada al botín offshore de Marcos. En años recientes, el Departamento de Estado de Estados Unidos tachó a Filipinas como “una de las principales jurisdicciones de lavado de dinero”.
Las figuras filipinas de los negocios y la política que aparecen en los Pandora Papers incluyen a Juan Andrés Donato Bautista, quien fungió entre 2010 y 2015 como presidente de la Comisión Presidencial para el Buen Gobierno, un panel creado para rastrear los millones de Marcos.
Un mes después de su nombramiento a la cabeza de la comisión, Bautista creó una sociedad de papel en BVI, según documentos filtrados. La compañía, Baumann Enterprises Ltd, tenía una cuenta bancaria en Singapur.
Posteriormente, Bautista fue postulado para dirigir la agencia electoral nacional, pero unos legisladores lo vetaron en 2017, después de que su esposa afirmó que amontonó millones de dólares en cuentas bancarias no declaradas, tanto en Filipinas como en el extranjero.
En una llamada telefónica con ICIJ, Bautista dijo que creó la sociedad de BVI por los consejos de banqueros. Abrió la cuenta bancaria antes de incorporarse al gobierno, dijo, y agregó que nunca recibió depósitos significativos y que reportó sus bienes e intereses a las autoridades. Negó cualquier irregularidad y dijo que no existe ningún cargo formal en su contra.
A pesar de los fracasos de Filipinas y otras naciones para reducir el flujo de dinero escondido, Buenaventura y otros impulsores de reformas recalcan que existen motivos de esperanza.
Después de que los Panama Papers estallaron protestas en Islandia y Pakistán, y derrocaron a sus líderes, Filipinas se unió a decenas de países que exigen a las compañías declarar a sus dueños reales. Las autoridades de Filipinas han recuperado cerca de 4 mil millones de dólares que fueron robados por Marcos y su círculo, y los usaron para comprar terrenos para campesinos sin tierras, y para compensar a familiares de personas asesinadas o víctimas de “desaparición forzada” por el régimen de Marcos.
No obstante, aún existen muchos obstáculos. Los grandes bancos, despachos legales y otros grupos poderosos a menudo se oponen a la implementación de reglas de transparencia más fuertes, y a los controles más estrictos de las autoridades contra los abusos offshore. Y en Filipinas y en muchos otros países, los activistas contra la corrupción enfrentan amenazas legales, detenciones y agresiones.
El mes pasado, la policía disparó con cañones de agua de alta presión contra manifestantes que marchaban por el 49° aniversario de la declaración de la Ley Marcial por Marcos, y denunciaban medidas similares del gobierno de Rodrigo Duterte.
Buenaventura dijo que ella y otros activistas van a seguir trabajando para exhibir las riquezas “profundamente escondidas”. “Nuestro lema es: La verdad saldrá a la luz”, dijo.
(*) Contribuyeron a la historia: Scilla Alecci, Michael W. Hudson, Will Fitzgibbon, Agustin Armendariz, Sydney P. Freedberg, Margot Gibbs, Malia Politzer, Delphine Reuter, Serdar Varder and Pelin Ünker (DW Turkey), Elyssa Christine Lopez and Karol Ilagan (Philippine Center of Investigative Journalism), Pavla Holcová (Investigace, Czech Republic), Hala Nassredine (Daraj, Lebanon), Allan de Abreu (Rivista Piauí, Brazil), Leo Sisti (L’Espresso, Italy), Simon Goodley (The Guardian, U.K.), Ritu Sarin (The Indian Express), Nassos Stylianou (BBC, U.K.), Francisco Rodriguez and Enrique Naveda (Plaza Pública, Guatemala), Debra Cenziper (Washington Post, U.S.), Emilia Díaz-Struck, Gerard Ryle, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Jelena Cosic, Spencer Woodman, Brenda Medina, Maggie Michael, Richard H.P. Sia, Kathleen Cahill, Joe Hillhouse, Mia Zuckerkandel, Asraa Mustufa, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor Gutiérrez, Pierre Romera, Madeline O’Leary, Tom Stites, Kathryn Kranhold, Margot Williams, Antonio Cucho Gamboa, Soline Ledésert, Miguel Fiandor, Bruno Thomas, Anne L’Hôte, Madeline O’Leary, Maxime Vanza Lutaonda, Denise Hassanzade Ajiri, Jesús Escudero, Marcos García Rey, Mago Torres, Karrie Kehoe, Sean McGoey, Anisha Kohli, Fakhar Durrani, Carlos Monteiro, Douglas Dalby and Laura Bullard.
‘Pandora Papers’ es una investigación global –de la que forma parte IDL-Reporteros– liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). A través de este enlace puede hacer una donación al ICIJ.
