El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha sido designado secretario de gobierno para la presidente Dilma Rousseff, informó el miércoles el representante oficialista en la Cámara de Diputados.
La medida podría ayudar a Lula a evitar un posible arresto en conexión con casos de corrupción, y a la misma Rousseff a evitar un proceso para destituirla.
El diputado José Guimaraes envió un mensaje por Twitter informando que el exmandatario es ahora integrante del gobierno.
Corrían rumores de que Lula da Silva sería designado ministro luego que fue llevado este mes a una sede policial e interrogado en torno a las denuncias de sobornos en la empresa petrolera estatal Petrobras.
Dilma Rousseff se reunió con Silva por más de cuatro horas la noche del martes 15 de marzo en la capital Brasilia. Los principales diarios del país y la agencia oficial de noticias Agencia Brasil reportaron que los dos hablaron sobre la posible designación en el gabinete.
Al tener Lula un cargo oficial, le sería más difícil a la fiscalía emprender una investigación en su contra, pues según las leyes de Brasil sólo la Corte Suprema puede autorizar la investigación, encarcelamiento o juicio de ministros o legisladores.
Lula dejó la presidencia con altos índices de popularidad en el 2010, pero el apoyo ha menguado a medida que la economía del país se ha debilitado y la investigación sobre hechos de corrupción ha implicado a varios miembros de su Partido de los Trabajadores.
Hasta días recientes tanto Rousseff como Lula parecían estar exentos de las denuncias, pero el martes, la Corte Suprema aceptó una declaración del ex dirigente del partido en el Senado, Delcidio do Amaral, de que Rousseff a lo mínimo estaba al tanto de las irregularidades en Petrobras, que ella presidía anteriormente.
El escándalo ha tocado a diversas figuras de la oposición, entre ellas el presidente de la cámara baja Eduardo Cunha, que ha estado tramando un juicio político contra Rousseff en un caso distinto que involucra mal manejo de fondos fiscales.
El martes la Corte Suprema determinó que la esposa y la hija de Cunha pueden ser enjuiciadas por el juez que maneja la investigación de Petrobras. Los investigadores aseveran que las dos se beneficiaron de fondos ilegales extraídos mediante contratos con Petrobras.
Amaral fue detenido a finales del año pasado por denuncias de obstrucción de la investigación sobre la empresa petrolera, y la difusión el martes de su testimonio, un documento con cientos de páginas, estremeció al mundo político brasileño.
En el documento, Amaral denuncia que Rousseff estaba al tanto de un plan para adquirir una refinería en Estados Unidos a un precio desproporcionado. Agregó que Silva le ordenó hacer pagos a otro involucrado en el caso Petrobras, a fin de proteger a un amigo.
Tanto Dilma Rousseff como Silva han negado repetidamente las acusaciones, y la mayoría de los señalados en el documento han criticado las denuncias.
En una entrevista publicada el miércoles por el diario O Estado de S. Paulo, Amaral insistió en que su agenda y los registros de viajes confirmarán la veracidad de sus denuncias.
La turbulencia política ocurrida esta semana, que ha afectado a la divisa nacional y a los mercados financieros, surge poco después de masivas protestas contra Rousseff y contra el Partido de los Trabajadores. Unas 3 millones de personas salieron a las calles a protestar el domingo. Según los diarios, fueron las protestas más grandes en la historia de Brasil.
