Ayer, un día antes de que se cumpliera el segundo aniversario de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador –y con ella el de la creación de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom)–, el diario La Hora fue obligado a publicar en su primera plana una réplica a cuatro columnas, elaborada por la Secretaría de Comunicación del Estado (Secom) y titulada Herencias: “Se busca una justa retribución de la riqueza”, relativa a una de las propuestas de ley que ha generado continuas protestas contra el gobierno de Rafael Correa.
La información, un ejercicio de propaganda estatal y no de periodismo, lleva arriba una nota de la redacción que señala: “El contenido íntegro de esta noticia, texto, titular, tipografía, diseño y estilo ha sido impuesto por la Secom al diario, que lo publica íntegramente, bajo protesta. ‘La Hora’ no es responsable de su contenido”.
Se trata de una de muchas decisiones de las autoridades producto de la interpretación de la ley, que ha sido catalogada desde su aprobación por medios de comunicación y periodistas como la “ley mordaza”, y bajo la cual han sido objeto de varias sanciones el diario El Universo, declarado por el gobierno en resistencia; el caricaturista de ese diario Xavier Bonil Bonilla, entre otros medios críticos.
“Ni la ‘Constitución’, tampoco la Ley Orgánica de Comunicación, mucho menos la legislación internacional ampliamente aceptada (incluido Ecuador), estipula que un medio de comunicación deba aceptar que una dependencia de un gobierno le imponga la manera y hasta el formato de alguna aclaración o rectificación. Parecería que, como valor añadido, se busca humillar al medio, a sus editores y periodistas. La Secretaría de Comunicación lo hace reiteradamente y con ello vuelve papel mojado todas las regulaciones legales... Los órganos regulatorios, los que deberían no solo poner freno a esta práctica deleznable, miran para otro lado y, como se ha visto, hasta respaldan las acciones de la todopoderosa Secretaría...”, manifestó el diario en su editorial de la fecha.
OTRO CASO
Hace dos días, el 23 de junio, Expreso fue protagonista de una situación similar. Por orden de una resolución de la Supercom, el diario fue obligado a publicar una rectificación de Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien demandó al diario por la nota titulada “Espinosa no logra desactivar la protesta de los jubilados”.
A pesar de que Expreso sustentó todas las fuentes que incluyó la noticia y de que se consignó en varias partes que el funcionario no quiso contestar a los reiterados llamados para obtener su versión, de acuerdo con el organismo sancionador la nota “no fue verificada, contrastada ni precisa” y por tanto se condenó al medio por “faltar a la verdad y distorsionar groseramente la realidad”.
El demandante alegó que la diferencia entre lo publicado y la realidad obedeció a una “vil mentira por odio reiterativo” de Expreso, según un escrito del diario que acompaña la publicación.
En la rectificación publicada –que también deberá abrir por 10 días la edición digital del diario–, el medio consignó: “EXPRESO, un medio de comunicación independiente, busca en la publicación de sus informaciones la debida verificación, contrastación, precisión y contextualización de los contenidos para atender las demandas de nuestros lectores y cumplir con la normativa vigente. A pesar de ello, para dar cumplimiento a la resolución... ofrecemos disculpas al señor Richard Espinosa Guzmán por el contenido de la noticia... aun en el convencimiento de que obramos cumpliendo con todos los requisitos exigidos con la citada información”.
Además de la rectificación, el medio tuvo que publicar una nota elaborada por el IESS, titulada Asociación de Jubilados respalda al IESS y la política del Gobierno. Arriba del espacio que ocupaba esta nota –al igual que en el caso de La Hora–, el medio colocó un texto que señala que el contenido le fue impuesto, que fue reproducido íntegro, con errores incluidos, y que no se responsabiliza de él.
INSÓLITO
El tercer caso también es del diario La Hora. Hay una sentencia de la Supercom (apelada), de mayo pasado, que incluye el pago de $3 mil 540, en un plazo de 72 horas, a partir del momento de la notificación.
En este proceso, el demandante es el alcalde de la ciudad de Loja, quien alegó que el diario no dio cobertura al evento de rendición de cuentas que hizo (censura previa) y que con ello dejó de atender la obligación de dar cobertura a cualquier asunto de interés público.
Un recurso legal interpuesto por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos –en calidad de terceros–, al que tuvo acceso este medio, permite conocer los argumentos de la autoridad para su condena, entre ellos: “[...] No hay derechos absolutos, la libertad de expresión tiene sus límites y todos deben ser concebidos de esta forma. El Estado tiene la necesidad de regular cómo se va a prestar estos derechos, porque sin acciones positivas no se garantizaría estos derechos”.
Y añade: “No tengo dudas al respecto. Estoy muy consciente de que en este caso la rendición de cuentas fue un evento del derecho tutelado para saber y decidir de manera apropiada”. Y agrega: “Un medio no puede arbitrariamente decir qué difunde y qué no, no puede haber esa discrecionalidad. Ese concepto no se puede seguir manteniendo, si es un servicio público debe haber una prestación del servicio”.
La Asociación alegó en su escrito que de mantenerse esta decisión se sentaría un precedente que contraviene el ejercicio del derecho a la libre expresión garantizado en la Constitución y leyes internacionales, al dejar al criterio discrecional de cualquier autoridad la definición del concepto de interés público y a través de ello imponer a un medio la publicación de cualquier contenido, incluso si estos van en contra de su línea editorial.
Como colofón, la Secom remitió ayer a Fundamedios una nota en la que le conmina a dejar de emitir alertas, mensajes y ensayos en los que “evidencia posiciones de carácter netamente político...” y en la que le dice que se ha desviado de sus fines. Además, le recuerda los motivos de disolución.
En un comunicado, Fundamedios rechaza las acusaciones “sin fundamento” y la “clara amenaza del gobierno”, y reivindica su trabajo de monitoreo, defensa y promoción de la libertad de expresión.
