El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería), reconoció este miércoles la decisión emitida por la Corte Federal para el Distrito Oeste en Estados Unidos, que ordenó retirar una barrera de boyas colocadas dentro del río Bravo (río Grande en Estados Unidos) en el área de Eagle Pass Texas.
“Nos mantendremos atentos a la resolución final y reiteramos la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas en nuestra frontera compartida; así como la importancia de respetar el Tratado Bilateral de 1944 y salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes”, apuntó la SRE en un comunicado.
Este miércoles un juez federal en Texas ordenó al Gobierno estatal retirar la barrera de boyas instalada sobre el Río Grande, en la frontera sur de Estados Unidos, antes del 15 de septiembre.
El magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, señaló en su fallo que la barrera, de 300 metros de longitud, constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del Río Grande, y reprendió al gobierno estatal, republicano, por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla.
“La conducta de Texas perjudica irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de funcionarios de agencias federales en el Río Grande y sus alrededores”, subrayó el juez.
El fallo también prohíbe a Texas volver a instalar boyas “o cualquier tipo de estructura” sobre el río, lo que supone una victoria para el Gobierno de Joe Biden, que presentó la demanda inicial en el tribunal en contra de la barrera flotante.
Durante el juicio, el Gobierno de Texas defendió la instalación de las boyas acusando a la Administración demócrata de no defender la frontera sur ante una “invasión”, por lo que dijo haberse visto obligado a tomar medidas por su propia cuenta para “defenderse”.
El juez Ezra rechazó este argumento, asegurando que es “impactante” ya que tener esa potestad daría al gobernador de Texas “más poder que el que tiene el presidente de Estados Unidos”.
Ezra también determinó que el Gobierno estatal no entregó “ningún tipo de evidencia creíble de que la barrera de boyas ha reducido significativamente” la migración irregular a través del Río Grande y que además supone una “amenaza” a la vida de las personas que intentan cruzar la frontera.
A principios de agosto, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadáveres de migrantes flotando sobre el río, cerca de las boyas.
La polémica barrera forma parte de la “Operación Estrella Solitaria”, una campaña lanzada por el gobierno de Greg Abbott para abordar la migración en el estado y mostrar su oposición a las políticas de Biden.
Esta campaña ha estado también detrás del envío de buses con migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, que acaparó la atención mediática el último año, y de la instalación de kilómetros de concertina en la frontera con México, entre otras medidas.
El Gobierno de México pidió en varias ocasiones a Estados Unidos que se retirara la barrera, alegando que la mayor parte de las boyas se encontraban en su territorio.
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, una entidad binacional, corroboró esta afirmación en un informe presentado ante el tribunal, donde se concluye que la gran mayoría de las boyas están del lado mexicano.
