El senado brasileño abrió un juicio político contra Dilma Rousseff y la apartó de su cargo, tras más de cinco años y medio en el poder del gigante sudamericano.
¿Cómo una presidenta que alcanzó a tener 77% de popularidad al comienzo de su primer mandato en 2011 llegó a esta situación, con tan solo 10% de aprobación, según los últimos sondeos?
Estos son ocho sucesos clave de la crisis política que dejó a Rousseff fuera de la presidencia por hasta 180 días mientras se desarrolla el juicio y los senadores adoptan una decisión definitiva.
- A fines de marzo la crisis gana fuerza cuando la dirección del PMDB, el mayor partido de Brasil y aliado clave en el poder, aprueba la ruptura con el gobierno de Rousseff. Esta decisión genera una reacción en cadena de otras fuerzas aliadas y se sella la suerte de la presidenta: dos partidos centristas de la coalición gubernamental, el PP y el PRB, apoyan la destitución de la presidenta. El PSD y el PTB, otros ex aliados, toman la misma decisión.
- La mayor economía de América Latina está en recesión desde el segundo trimestre de 2015 con un cóctel que combina alza de la inflación y del desempleo con un profundo deterioro de las cuentas públicas. La actividad se contrae 3.8% en 2015, se desata la crisis y eso impacta en la popularidad de Rousseff, que exhibe altísimos niveles de reprobación y desconfianza. Su apoyo se derrumba.
- Desde marzo de 2015, cinco meses después de su reelección, opositores a Rousseff convocaron varias manifestaciones para pedir su salida del poder o protestar contra la corrupción, a la que asocian principalmente al Partido de los Trabajadores (PT). El 13 de marzo de este año unos tres millones de manifestantes salieron a las calles en ciudades de todo el país al grito de "¡Fuera Dilma!”.
- El día comenzó temprano el 4 de marzo para el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), el padrino político de Rousseff, cuando fue llevado a la fuerza para ser interrogado por la Policía Federal por supuestos vínculos con la trama de corrupción en Petrobras. La operación se produce al día siguiente de la divulgación por la prensa del acuerdo de "delación premiada" del ahora exsenador del PT Delcidio do Amaral, que implicó en casos de corrupción a Lula y a Rousseff. Durante los últimos meses, una catarata de acusaciones de corrupción contra la élite política sacude al país en el marco de la llamada "Operación Lava Jato". La ahora apartada presidenta no es objeto de ninguna acusación ni investigación judicial por corrupción.
- La acusación para iniciar el impeachment contra Rousseff en el Congreso consiste en que sistemáticamente maquilló el déficit presupuestario, lo que según sus detractores agravó la crisis económica del país. Rousseff nombra a Lula como ministro jefe de gabinete el 16 de marzo. Horas después, el juez Sergio Moro, que investiga el escándalo Petrobras, libera la grabación de una conversación entre Rousseff y Lula considerada por la oposición y juristas como prueba de que el nombramiento buscaba librarlo de la justicia ordinaria y de una eventual orden de prisión.
- Se desatan manifestaciones de indignación en la calle mientras poco después un juez de la corte suprema suspende su nombramiento. Hasta hoy el caso sigue detenido en la máxima corte. Según los principales medios de prensa nacionales, la Fiscalía pidió autorización para abrir una investigación a Rousseff por supuesta obstrucción a la Justicia al nombrar a Lula en su gabinete.
- La Cámara de Diputados aprueba la moción de impeachment por una mayoría de más de dos tercios en una maratónica jornada el domingo 17 de abril y el asunto pasa al Senado, que decidió este jueves por 55 votos (de un pleno de 81) dar luz verde al juicio político. Resta ahora que el Senado decida si destituye definitivamente a Rousseff. En ese caso, el mandato de esta exguerrillera lo cumplirá hasta 2018 el vicepresidente Michel Temer, quien asume este jueves como presidente interino.
- Rousseff, una exguerrillera detenida y torturada por la dictadura militar, ha proclamado durante todos estos meses que “nunca” renunciará. Ha denunciado reiteradamente una tentativa de "golpe de Estado" en su contra e insistido en la ilegalidad de su destitución, afirmando que está respaldada por los 54 millones de votos con que fue reelegida en 2014.
