“Estamos ante un país que no tiene ni Dios ni ley”, afirmó este jueves 12 de diciembre de 2024 el presidente de la República, José Raúl Mulino, refiriéndose a Nicaragua y señalando que allí no se respeta ni el derecho internacional ni el interno.
El mandatario panameño hizo estas declaraciones en el contexto de la queja presentada por Panamá al Gobierno nicaragüense sobre las actividades políticas que realiza el expresidente Ricardo Martinelli en la embajada de Nicaragua en Panamá.
“Hay que entender también que no estamos trabajando con un país común y corriente, respetuoso del derecho internacional. Este no respeta ni el internacional, ni el interno, ni ningún derecho”, sostuvo Mulino. Agregó: “Es un país bastante sui generis en materia de apelar al derecho. Eso no existe allí. No hay derecho en Nicaragua”.
Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada desde el 7 de febrero para evitar cumplir una condena de más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, ha mantenido una activa participación política, utilizando las redes sociales y reuniéndose con miembros de su partido, Realizando Metas (RM).
En el día de hoy recibí a la candidata por RM para presidir la Asamblea Nacional la cual el partido escogerá el día de hoy cuál será su candidato o candidata para Presidente pic.twitter.com/zHvJMYdRNL
— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) June 25, 2024
El canciller panameño, Javier Martínez Acha, informó que la semana pasada se convocó a la embajadora de Nicaragua en Panamá, Consuelo Sandoval, para pedir que “por favor” la embajada sea usada exclusivamente para fines de asilo y no como “un foco de reuniones políticas”.
[Lea también: Panamá reclama a Nicaragua por actividades políticas de Ricardo Martinelli en la embajada]
Deterioro de los derechos humanos en Nicaragua
La situación en Nicaragua ha sido objeto de creciente preocupación internacional. Según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicado en septiembre pasado, los derechos humanos en el país se han deteriorado gravemente, con un aumento de detenciones arbitrarias, intimidación a opositores y violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas.
El informe destaca que las autoridades nicaragüenses persiguen no solo a disidentes, sino también a cualquier organización o individuo que actúe de manera independiente, incluyendo medios de comunicación, ONG y defensores de derechos humanos.
Reforma constitucional bajo escrutinio
En medio de esta crisis, el presidente Daniel Ortega ha impulsado una reforma constitucional que concentra el poder en la figura de dos “copresidentes” −Ortega y su esposa, Rosario Murillo− y elimina la división de poderes.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que esta reforma “consolida el cierre del espacio cívico, elimina la libertad de expresión y asegura impunidad para violaciones a derechos humanos”. Además, permite la apatridia, deroga la prohibición de la tortura y militariza el control estatal.
El Grupo IDEA, conformado por exjefes de Estado y Gobierno de España y las Américas, instó a las democracias occidentales a no normalizar lo que consideran una dictadura. “El país adopta un modelo constitucional abiertamente dictatorial y de ejercicio compartido por la pareja Ortega-Murillo”, afirmaron, advirtiendo sobre el retroceso histórico y los ataques a la libertad de expresión y religión en Nicaragua.
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