Nicaragua convierte inmueble que utilizaba la OEA en ‘Casa de la Soberanía’

Nicaragua convirtió el lunes en “Casa de la Soberanía” el inmueble que utilizaba la OEA en Managua, entidad que el gobierno de Daniel Ortega expulsó del país meses después de anunciar su retiro de la organización regional.

La casa, que lleva el nombre del fallecido excanciller nicaragüense y sacerdote Miguel D’Escoto Broockmann, fue entregada por la Procuraduría General de la República a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) Managua, en una ceremonia oficial, detalló el medio oficialista El 19 Digital.

“Este era un lugar donde funcionaba el ministerio de colonia que estaba al servicio del imperio yanqui, del imperio norteamericano”, afirmó la rectora del centro de estudios, Ramona Rodríguez, durante la ceremonia de toma de posesión de las instalaciones.

En noviembre de 2021, Nicaragua anunció su retiro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que acusó de injerencista, luego de que este desconociera la elección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo en los comicios del año pasado, con sus rivales presos o exiliados.

En abril de 2022, el gobierno retiró a sus representantes ante la OEA y expulsó al organismo en Managua. Declaró de utilidad pública el local que ocupaban.

Estos hechos ocurrieron tras reiterados pedidos de la OEA para que el gobierno libere a opositores presos y respete la democracia.

En aquella ocasión, la vicepresidenta y esposa del mandatario Rosario Murillo dijo que las oficinas que ocupaba “la despreciable OEA” serían convertidas en un “museo de la infamia”.

Sin embargo, la rectora de la UNAN Managua dijo este lunes que dichas instalaciones funcionarán como un “centro dinámico académico, de investigación”.

La secretaría general de la OEA calificó en abril pasado la ocupación de sus oficinas como un acto “ilegítimo” y una violación a las normas internacionales.

Organismos humanitarios contabilizan 190 opositores presos en Nicaragua, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia. Al menos 45 de ellos han sido condenados este año a penas de hasta 13 años por “menoscabo a la integridad nacional”.