Nicaragua crea una universidad estatal en reemplazo de la jesuita Universidad Centroamericana

Nicaragua crea una universidad estatal en reemplazo de la jesuita Universidad Centroamericana
La Justicia de Nicaragua ordenó a la Universidad Centroamericana traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua. Tomada de La Prensa de Nicaragua


El Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior nicaragüense, aprobó este jueves la creación de la estatal Universidad Nacional “Casimiro Sotelo Montenegro”, que reemplazará a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país.

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Estudiantes alarmados tras ser congeladas las cuentas de la universidad UCA en Nicaragua

La Justicia de Nicaragua, controlada por los sandinistas, ordenó a la UCA, fundada en 1960, traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, luego de ser acusada por el Ministerio Público de ser un “centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.

En una sesión ordinaria celebrada este jueves en el municipio de Camoapa, departamento de Boaco, centro de Nicaragua, el CNU acordó cancelar la autorización de funcionamiento a la UCA “en correspondencia a las disposiciones del Estado nicaragüense”.

Además y “para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y de posgrado” de la UCA, “aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro”.

NOMBRAN NUEVAS AUTORIDADES

Asimismo, nombró a las autoridades del rectorado: rector, master Alejandro Enrique Genet Cruz; vicerrectora general, doctora Luz Marina Ortiz Narváez; y secretario general, master Moisés Ignacio Palacios.

La jueza Gloria María Saavedra, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua y graduada de la UCA, giró el martes un oficio a la universidad jesuita sobre “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad” de ese centro de estudios.

La jueza también ordenó “que la incautación de todos los bienes descritos en el punto anterior sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.

Asimismo, la judicial giró oficios al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la Superintendencia de Bancos, a la Dirección Nacional de Registros, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República, “para lo de sus cargos”.

UCA RECHAZA SEÑALAMIENTOS INFUNDADOS

La UCA confirmó el miércoles el oficio y rechazó los “señalamientos infundados” de las autoridades, de que funcionaron “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, y reiteró “su compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años”.

En razón de ese oficio, la universidad jesuita, cuyo rector era el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender sus actividades académicas y administrativas.

En esa universidad jesuita, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, estudió por 10 meses la carrera de Derecho, la que abandonó para incorporarse en la lucha armada contra la dictadura de los Somoza (1937-1979).

Dos hijos del mandatario, Daniel Edmundo y Juan Carlos, ambos Ortega Murillo, se graduaron de Sociología y Comunicación Social, respectivamente, de esa casa de estudio.

Otro de los hijos, Maurice, estudió un par de trimestres la carrera de Economía Aplicada, pero antes de finalizar el primer año se retiró para estudiar Cine y Producción Audiovisual fuera de Nicaragua.

Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la UCA, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.


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