El Consejo Supremo Electoral anunció que los comicios locales se celebrarán el 6 de noviembre, después de un año marcado por el aumento de la represión sobre partidos y organizaciones opositoras al gobierno de Daniel Ortega.
Los nicaragüenses están llamados a renovar los cargos de 153 municipios y, por primera vez, los partidos deberán presentar listas paritarias, según el Canal 6.
Para la vicepresidenta, Rosario Murillo, este avance hacia la igualdad de género es “un cambio fundamental” en la cultura política del país. Tanto la Comisión como la propia Murillo han abogado por el respeto a la actual normativa, reforzada en los últimos años con medidas como la Ley de Agentes Extranjeros, en virtud de la cual se persigue a disidentes que supuestamente operan en contra del interés nacional.
La vicepresidenta y esposa de Ortega aboga por “continuar fortaleciendo la democracia” en Nicaragua mediante un proceso electoral “libre, justo y transparente”.
Estos comicios se harán un año después de los presidenciales, en los que Ortega revalidó su mandato sin apenas oposición tras encarcelar a varios de sus rivales.
Ni España ni la Unión Europea concedieron legitimidad a los resultados.
Mientras, el ambiente de represión y control oficial continúa. El Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo denunció este miércoles que fue expulsado de facto de Nicaragua, en donde tenía su oficina regional y 20 proyectos activos.
“De una manera irreversible y con argumentos inverosímiles, se insta al Fons Català a proceder a la liquidación de sus bienes y activos, lo que significa de facto una expulsión de Nicaragua y el cierre de nuestra cooperación municipalista en este país”, comunicó.
La entidad trasladó en junio pasado la oficina regional de América Central a Costa Rica, después de 26 años en Nicaragua. Explicó que el traslado obedeció a “la aprobación de leyes restrictivas” en Nicaragua que ponían en riesgo la ayuda al desarrollo tanto para el trabajo de las oenegés locales como de la cooperación internacional.
“Precisamente el pasado junio, después de comunicar la decisión de este traslado al Gobierno de Nicaragua, aclarando que el proceso no implicaba en ningún caso el cierre de proyectos en este país, el representante del Fons Català (Xavier Ruiz) recibió una llamada oficial ordenándole salir del país en un margen de 72 horas”, indicó el organismo.
Desde entonces la oficina en Managua quedó “sin representación y sin ninguna posibilidad de hacer un cierre adecuado y ordenado hasta el día de hoy”, agregó.
