La ofensiva de arrestos del gobierno de Daniel Ortega contra opositores continuó este lunes, con la detención de la exprimera dama María Fernanda Flores y del periodista Miguel Mendoza, a menos de cinco meses de las elecciones generales.
Con estos dos arrestos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia.
A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno, cometan actos que “menoscaban la independencia, soberanía” e inciten “a la injerencia extranjera”.
Flores, esposa del exgobernante Arnoldo Alemán (1997-2002) y exdiputada (2017-2020), “permanece bajo custodia policial” en su domicilio, informó la Policía en un comunicado.
Ella perdió su curul en medio de polémicas por la conducción del partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), que integró.
Su esposo fue condenado en 2003 por lavado de dinero y actos de corrupción durante su gobierno, pero en 2009 la justicia lo exoneró de los cargos que se le imputaban. La policía no informó sobre su situación actual.
En tanto, el periodista deportivo Miguel Mendoza, detenido este lunes, es un crítico del gobierno.
El último de los precandidatos detenidos fue el periodista Miguel Mora, la noche del domingo. Le antecedieron Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, tras una redada que inició el 2 de junio.
A Cristiana se le procesa también por presunto lavado de dinero desde la fundación que presidió y que llevó el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Por su parte, el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana y director de medios críticos al gobierno, denunció en sus redes sociales el allanamiento policial de su casa la noche del lunes.
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Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
El sandinismo aseguró que celebrará elecciones generales “libres, justas y transparentes” y exigió “la no injerencia de cualquier gobierno extranjero” en el proceso.
“El embate sigue. Es una táctica de terror para que todos nos sintamos con miedo. También una suerte de explosión de rabia incontenible. No miden las consecuencias para nuestro país”, dijo en Twitter la escritora Gioconda Belli.
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