La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión este sábado y como primera medida destituyó a los magistrados que integran la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que adoptó decisiones incómodas para el mandatario.
“Con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados”, declaró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. La decisión retiró del cargo a los cinco miembros de la sala constitucional y a sus suplentes. El Parlamento nombró de inmediato a sus reemplazantes.
La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados de esta sala de haber emitido sentencias “arbitrarias”.
“Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡DESTITUIDOS!”, enfatizó Bukele al ser aprobada la destitución.
Sin embargo, pese a ya haber sido relevados del cargo, los miembros destituidos de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon “la inconstitucionalidad del decreto de destitución”, porque “viola la forma de gobierno republicana”.
En su sentencia denunciaron la intención de “suprimir los controles efectivos hacia los órganos Ejecutivo y Legislativo”, necesario para la República y para la defensa de la democracia.
Los magistrados destituidos son José Armando Pineda, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.
Bukele ha librado una batalla contra la ahora saliente Sala de lo Constitucional, que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados de 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía.
En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había “quitado atribuciones para luchar contra la pandemia” de la Covid-19 y para cuidar de la vida de sus compatriotas.
La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro salas que componen la Corte Suprema. Su misión es resolver demandas de inconstitucionalidad, hábeas corpus y controversias entre los poderes del Estado.
Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”.
“Existen claras evidencias de que los magistrados actuales no reúnen los méritos para un rol tan fundamental”, dijo el diputado del oficialista Nuevas Ideas (NI), Caleb Navarro, y consideró que removerlos era una medida de protección para la población.
“Es evidente que los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales”, consideró la legisladora Suecy Callejas, también de NI.
Los parlamentarios de la oposición, que ahora representan una pequeña minoría, cuestionaron la forma en que se destituyó a los magistrados, sin que se les cite a la Asamblea o se escuchen sus argumentos.
“Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa, con una mayoría que el pueblo se las dio a través del voto, es un golpe de Estado. No caigamos en este error porque el pueblo salvadoreño votó por ustedes esperanzados en un nuevo país”, dijo por su parte el diputado René Portillo, del derechista ARENA.
“Cómo grupo parlamentario no seremos cómplices del golpe de estado”, comentó por su parte la legisladora Anabel Belloso, de la exguerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En el nuevo Congreso unicameral, el partido formado por Bukele, Nuevas Ideas (NI), tiene 56 diputados, mientras que sus aliados, los conservadores de la Gran Alianza Nacional (Gana), cuentan con 5, sumando 61 escaños de un total de 84.
Con ese número, los aliados de Bukele superan la llamada “mayoría calificada” en el Parlamento que, además de las funciones habituales de aprobar leyes, les permite ratificar préstamos, elegir procuradores, al fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema.
Completan el Parlamento los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), con 14 escaños; la izquierdista FMLN, con 4; el Partido de Concertación Nacional (PCN, derecha), con 2; y con un parlamentario la Democracia Cristiana, Nuestro Tiempo y Vamos.
