La ciudad de Nueva York pagará 92.5 millones de dólares (unos 89.2 millones de euros) por la detención indebida de 20,000 migrantes entre 1997 y 2012, demanda colectiva presentada hace una década y que fue resuelta por un juez este miércoles.
Los inmigrantes que eran detenidos permanecían en prisión durante días, semanas e incluso varios meses después de las fechas de liberación programadas, después de recibir solicitudes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para retenerlos temporalmente.
Los agentes del ICE buscaban a migrantes que se encontraban bajo custodia policial o que cumplían condenas cortas de prisión y solicitaban que la ciudad los retuviera hasta 48 horas después de que hubieran cumplido su condena, para después iniciar el proceso de deportación.
Los miembros del grupo demandante, algunos de los cuales viven ahora en los Estados Unidos y otros en países como México, República Dominicana y Cuba, entre otros, fueron detenidos hasta totalizar juntos más de 166,000 días (454 años) después de sus fechas de liberación programadas.
“Las órdenes de detención imponen un doble castigo a los migrantes, ya que los obligan a ingresar al sistema de detención del ICE después de haber cumplido sus condenas”, según recoge el comunicado de prensa.
Dependiendo de la duración y la fecha de la detención, los miembros del grupo de migrantes podrán optar a recibir indemnizaciones de hasta decenas de miles de dólares.
“Como alguien que ha vivido con miedo al ICE y que perdió un año de su vida por ser detenido, aplaudo esta demanda y aliento a cualquier persona que haya experimentado un trato similar o que tenga un familiar o amigo que se haya visto afectado por esto, a que tome medidas para ser incluido en esta demanda colectiva”, aseguró uno de los que fueron arrestados por el ICE, Frank Barker, residente del Bronx, Nueva York, de 58 años, en el comunicado.
Según los términos del acuerdo, la ciudad de Nueva York niega su responsabilidad, pero ha acordado establecer el fondo para compensar a los demandantes, pagar a los abogados y los costes del acuerdo.
“Estamos orgullosos de poder brindar justicia a las personas que sufrieron una pérdida de libertad y una alteración de sus vidas debido a esta detención injustificada y excesiva”, aseguró la socia del bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP, Debra L. Greenberger, en el comunicado.
“Este acuerdo debería servir como recordatorio de que todas las personas tienen derecho a un debido proceso legal”, concluyó.
