Nueve activistas veteranos de Hong Kong fueron declarados culpables este jueves por su papel en la organización de una de las manifestaciones más multitudinarias de 2019, una decisión que ilustra una vez más la implacable represión en la región china.
Entre los nueve figuran algunas de las personalidades más respetadas de la lucha por las libertades en la excolonia británica, con frecuencia apóstoles de la no violencia que se han movilizado durante décadas por la instauración de un verdadero sufragio universal.
Uno de los más conocidos es el abogado Martin Lee, de 82 años, quien antes de la retrocesión en 1997 fue elegido por Pekín para redactar la Ley fundamental, que hace las veces de miniconstitución en la región semiautónoma.
También fueron procesados la exdiputada de la oposición y abogada Margaret Ng, de 73 años, así como el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai y el exdiputado Leung Kwok-hung, conocido por su apodo “Long Hair”.
Estos dos últimos se encuentran en prisión preventiva por otros procesamientos en nombre de la draconiana ley de seguridad nacional que Pekín impuso a finales de junio de 2020.
Los demás son figuras del Frente Civil por los Derechos Humanos (CHRF), la coalición que organizó las manifestaciones más masivas de 2019, cuando la ciudad se sumió en su peor crisis política desde la transferencia de soberanía en 1997, con acciones y movilizaciones casi diarias.
El Tribunal de distrito de Hong Kong declaró a siete de ellos culpables de organizar y participar en una concentración ilegal. Los otros dos se habían declarado culpables.
Se exponen a cinco años de cárcel. Las penas se harán públicas el 16 de abril.
“Estamos muy orgullosos aunque tengamos que ir a la cárcel por ello”, declaró a la prensa el exdiputado y líder sindical Lee Cheuk-yan. “Independientemente de lo que nos depare el futuro, nunca dejaremos de manifestarnos”.
Por su parte, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, afirmó que el veredicto “muestra una vez más hasta qué punto las autoridades chinas y hongkonesas sienten la necesidad de aplastar cualquier forma de oposición pacífica en la ciudad”.
Además, prometió que Estados Unidos continuará “considerando responsables” a los autores de la represión.
El jueves, algunos de sus partidarios se congregaron en las inmediaciones del tribunal con pancartas que denunciaban la “represión política”.
Es un caso emblemático porque se trata de la organización de una manifestación no autorizada el 18 de agosto de 2019, que había sido una de las más concurridas en siete meses de protesta.
Los organizadores dieron cuenta de 1,7 millones de manifestantes ese día, lo que representaría casi uno de cada cuatro hongkoneses. Esta cifra no se ha podido verificar de forma independiente.
Desde hace tiempo las asociaciones de defensa de derechos humanos en Hong Kong denuncian que las autoridades usen la expresión “organizar y participar en una concentración no autorizada”.
El abogado británico David Perry, elegido por el gobierno hongkonés para dirigir la acusación contra los nueve acabó renunciando debido a las fuertes críticas de Londres y de organizaciones de juristas británicas cuando se supo que lo había aceptado.
La acusación esgrimió que los nueve desafiaron la prohibición de manifestarse, lo que causó problemas en el tráfico automovilístico en la ciudad.
En la sentencia, la jueza AJ Woodcock advirtió que se inclinaba a imponer la pena máxima y dio a entender que la naturaleza pacífica de la protesta no era una excusa válida.
“Las consideraciones de orden público no se limitan solamente a los casos de violencia sino también a las graves perturbaciones del tráfico, como tal fue el caso”, se indica en la sentencia.
La popularidad de la protesta quedó reflejada en las urnas con la victoria de la oposición en las elecciones locales de noviembre de 2019.
Pero el movimiento sufrió un parón a principios de 2020 por las restricciones impuestas contra la pandemia, las miles de detenciones y un cierto cansancio de los manifestantes.
Salvo el abandono de la controvertida ley de extradición que desencadenó las protestas, los manifestantes no han logrado nada.
Y en junio de 2020 las autoridades chinas impusieron la draconiana ley de seguridad nacional.
Ya no se pueden celebrar manifestaciones en la ciudad y las autoridades, con el pretexto del coronavirus, han aplazado un año las elecciones legislativas en las que la oposición tenía posibilidades de ver plasmada la popularidad de su lucha.
Además, China promulgó el martes la reforma del sistema electoral local, lo cual marginará totalmente a la oposición en el Consejo Legislativo (LegCo, el Parlamento hongkonés).
