La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en América Central y el Caribe aplaudió este viernes la decisión del Congreso de El Salvador de derogar dos polémicas enmiendas, aprobadas en abril de 2022 y consideradas como una “reforma mordaza” contra la prensa.
Oacnudh “reconoce la importancia de la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, en cuanto a la derogación del inciso segundo del Artículo 345-C del Código Penal, así como del inciso final del Artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que producían un efecto inhibitorio (autocensura) sobre periodistas y medios de comunicación social”.
Según el comunicado, fechado este viernes en Ciudad de Panamá, “esta decisión debería complementarse con otras medidas que contribuyan a fortalecer el espacio cívico, generando un entorno seguro y propicio para la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas”.
También instó a las autoridades salvadoreñas a “tomar las decisiones que contribuyan al fortalecimiento del estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos en sus esfuerzos por garantizar seguridad a la población, lo cual incluye la superación del prolongado uso del estado de excepción y medidas conexas”.
Oacnudh “confía en que se complete oportunamente el proceso de formación de ley” y reiteró “su ofrecimiento de asistencia técnica y la plenitud de su mandato para contribuir a dicho propósito”.
Los legisladores oficialistas aprobaron la noche del miércoles eliminar del Código Penal un inciso que establecía penas de prisión de entre 10 y 15 años de cárcel a quienes difundieran mensajes relacionados con las pandillas por los medios de comunicación.
No obstante, dejaron vigente otro inciso que indica las mismas penas de prisión para quien participe en la elaboración de “cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las diferentes agrupaciones” y “en especial las que tengan como finalidad aludir al control territorial de dichos grupos o a transmitir amenazas a la población en general”.
Además, se suprimió del artículo 1 de la Ley de Proscripción de Pandillas la prohibición a los medios de “la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados” por las maras.
En el decreto para reformar el Código Penal los diputados con mayoría en el órgano Legislativo señalaron que “esta Asamblea considera necesario ratificar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) calificó estas reformas, aprobadas poco después de que el Congreso decretó un régimen de excepción para combatir a las maras, como “reformas mordaza”.
Human Rights Watch (HRW) y Estados Unidos también han celebrado la derogación de esas polémicas enmiendas.
