El Gobierno de Nicaragua está eliminando toda forma de organización civil en el país, en particular las que tienen que ver con la iglesia católica, según un informe presentado ayer martes por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que muestra que la crisis se profundiza más y más.
El organismo indicó que las violaciones constantes de los derechos de asociación, prensa, expresión, a la libertad y a la justicia, entre otros, hacen temer la forma en que se realizarán las elecciones municipales de noviembre próximo.
“Los embates a la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año se ha cancelado la personalidad jurídica de mil 512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas médicas, y entidades asociadas a la iglesia católica”, dijo un representante del organismo de la ONU.
Cierre de oenegés
El director de Operaciones en el Terreno de la Alta Comisionada, Chistian Salazar, indicó que con esta nueva ola represiva ya suman mil 578 las organizaciones que han sido forzadas a cerrar desde 2018, año en el que la ciudadanía salió a las calles para reclamar reformas democráticas, un movimiento que fue aplastado con mucha violencia.
Cerca de 200 personas siguen en detención arbitraria en relación con la crisis sociopolítica que se vive desde entonces. De ellas, medio centenar fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas recientemente, algunas hasta a 13 años de prisión en juicios que no fueron justos, señaló la ONU
Ni siquiera la cárcel es suficiente para las autoridades, puesto que a muchos de esos presos se les niega desde hace más de un año cualquier contacto con sus familias, según el informe, expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
La iglesia y la prensa atacadas
En la presentación se mencionó que en una gran operación policial se incautaron equipos de trasmisión de una estación de radio católica que trasmitía desde una parroquia en Sébaco, Matagalpa, cuyo obispo, junto con otras ocho personas, fueron detenidos y llevados a la capital, Managua.
Los hechos ocurrieron a mediados de agosto y un juez extendió la detención de todos ellos por 90 días.
La libertad de prensa también está siendo ahogada, con la clausura de 20 estaciones de radio y televisión solo este año, la mayor parte de ellas de carácter religioso, mientras que muchos miembros del personal del mayor periódico del país (La Prensa) han tenido que exiliarse.
Ellos se suman a los 120 periodistas que han huido del país desde 2018.
Esta situación de crisis ha llevado a 200 mil nicaragüenses a convertirse en refugiados y solicitantes de asilo, el 75 % de ellos en Costa Rica.
La gravedad del exilio también queda en evidencia a través de las cifras de migrantes de Nicaragua detenidos por las autoridades fronterizas de Estados Unidos, que han pasado de cerca de 5 mil 500 en el año 2018 a más de 84 mil en lo que va de este año.
Reacciones
Desde Managua, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió de forma telemática al informe, que rechazó totalmente, advirtiendo que el gobierno no acepta las recomendaciones que hace y que incluyen iniciar un diálogo nacional y liberar a los presos políticos.
Sostuvo que Estados Unidos y otros países occidentales usan esas recomendaciones “para tratar de someternos a su voluntad” y que en realidad se trata de “una forma de inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua”.
En los comentarios que siguieron a esas intervenciones, la delegación de Ecuador –a nombre de un grupo de 46 países– manifestó inquietud por la situación en Nicaragua, en particular por el impacto que tiene en el derecho a la educación el cierre de universidades y la norma que somete los programas académicos a la aprobación de un órgano central.
La Unión Europea denunció “una represión generalizada que está asfixiando al país” y el creciente número de prisioneros políticos, a algunos de los cuales se les niega tratamiento médico o se les somete a una detención incomunicado.
Piden acciones concretas
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más aplaudieron este martes el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis humanitaria que vive el país centroamericano, y pidieron acciones al organismo global.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos confirmaron la desaparición de más de mil 500 ONG, el cierre de más de 20 estaciones de radio y televisión -la mayoría católicas-, así como el exilio de más de 200.000 nicaragüenses, entre ellos al menos 150 periodistas, como producto de la crisis señalada en el informe de la Alta Comisaría presentado ayer martes en Ginebra.
Con esa base, las ONG humanitarias de Nicaragua pidieron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acciones que reviertan la situación, especialmente en el caso de más de 200 opositores y críticos del presidente Daniel Ortega considerados “presos políticos”.
“Pedimos al Consejo que exhorte al Estado de Nicaragua permitir la entrada de los mecanismos de protección de derechos humanos, y específicamente al Grupo de Expertos de Naciones Unidas para que corroboren el estado lamentable de más de 200 personas presas políticas y demandar su inmediata liberación”, dijo la representante del Cenidh y de la FIDH ante el diálogo interactivo del caso de Nicaragua en la ONU, Vilma Núñez.
Núñez hizo énfasis en el arresto del obispo Rolando Álvarez, al que el Cenidh considera “desaparecido”, ya que el Gobierno de Ortega no ha dado constancia de que efectivamente se encuentra bajo régimen de “casa por cárcel” en Managua.
“Nos sumamos a las solicitudes, a las recomendaciones, que establece la Alta Comisaría, respecto a que Nicaragua debe colaborar con los mecanismos internacionales, tal como el Grupo de Expertos, o de rendición de cuentas para Nicaragua, la misma Acnudh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijo, por su lado, el abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Braulio Abarca.
Por su parte, el Gobierno de Cuba mostró su apoyo al de Nicaragua.
“Ratificamos nuestro apoyo irrestricto al Gobierno sandinista y al pueblo de Nicaragua, ante las continuas acciones hostiles en su contra, incluidas aquellas que se realizan en nombre de los derechos humanos”, señaló la embajada de Cuba en Managua en su cuenta de Twitter.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive un crisis sociopolítica que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la CIDH, y que se agravó en noviembre pasado con los comicios en los que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio.
