El viernes pasado, la Fiscalía General de El Salvador allanó las oficinas de la sede de Mossack Fonseca en ese país, luego de que se percatara que el personal del bufete había removido el rótulo con el nombre y había desconectado las líneas telefónicas.
Tras el operativo, la oficina de la firma en Panamá envió un comunicado en el que advertían que no tenían planeado cerrar. “En las últimas semanas hemos estado realizando diversos trabajos de adecuación para la mudanza a un nuevo local”, señalaron en el documento.
Esta no es la primera vez que la firma contesta con supuestos movimientos internos a los cuestionamientos sobre sus actividades.
En el caso de la Operación Lava Jato, por ejemplo, la responsable de la oficina en Brasil, María Mercedes Riaño, fue señalada por los fiscales de ese país por ordenar la destrucción de documentos. Según los fiscales brasileños, Riaño fue quien habría ordenado destruir y ocultar documentos. Según las autoridades, un correo interceptado indica que pidió “sacar todos los documentos de la oficina, nombres de clientes, documentos por enviar, documentos de due diligence [debida diligencia], directorios telefónicos y borrar de la computadora todo lo que pueda haber”.
Ante esto, Mossack Fonseca respondió con un comunicado en el que señalaban que el correo trataba sobre un supuesto cambio hacia una plataforma tecnológica. “Una vez digitalizados [los documentos], se dispuso de los documentos físicos, almacenándolos fuera de la oficina por temas de espacio físico disponible”, indicaron.
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