La oposición boliviana anunció este sábado movilizaciones contra la sentencia a la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez, condenada el viernes a 10 años de prisión por tomar el mando irregularmente tras la renuncia de Evo Morales, que calificó la pena como “benigna”.
“A partir de la próxima semana, iremos generando movilizaciones”, aseguró el opositor Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
El expresidente Morales (2006-2019), por su parte, dijo en Twitter que “10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia”.
La familia de Áñez llamó “cobarde” al expresidente izquierdista y anunció que apelará el fallo.
“Es una sentencia política. No va a cambiar nada porque mi madre va a seguir siendo una presa política”, lamentó Carolina Ribera, hija de la exmandataria derechista.
Un tribunal de La Paz halló culpable a Áñez la noche del viernes de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Áñez, que cumplirá 55 años el lunes, completará la pena en la cárcel de mujeres de La Paz donde ha estado en prisión preventiva los últimos 15 meses. Además, tendrá que pagar un monto aún no especificado por daños al Estado.
En su alegato final, Añez se había declarado inocente, señalando que el Tribunal “excluyó” pruebas que descartaban un derrocamiento de Morales en 2019, y anunció que acudiría a la justicia internacional.
“Hice lo que tenía hacer, asumí la presidencia por compromiso”, aseguró Áñez, que gobernó entre 2019 y 2020, mientras decenas de manifestantes fuera de la cárcel reclamaban su condena.
También fueron condenados a 10 años por los mismos delitos el excomandante de las Fuerzas Armadas William Kalimán y el exjefe de la Policía Yuri Calderón, ambos prófugos.
La justicia considera que Áñez alcanzó la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Áñez, una abogada y expresentadora de televisión, llegó a la presidencia con el fin de organizar nuevas elecciones después de que renunciaran todos los que tenían que suceder a Morales: el vicepresidente, la titular de la Cámara Alta y el presidente de la cámara de diputados.
El Tribunal Constitucional avaló el procedimiento por el cual Áñez alcanzó la presidencia.
Los comicios se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia, y tuvieron como ganador a Luis Arce, delfín de Morales.
“Hoy se hizo historia. La señora Jeanine Áñez fue sentenciada a 10 años... por la autoproclamación y la vulneración de las normas de sucesión constitucional”, tuiteó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.
Desde la oposición, el expresidente de centro Carlos Mesa (2003-2005) dijo que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) cometió un “crimen político” al “usar el sistema de justicia servil”.
Un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU y la Unión Europea “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria”.
Otra causa contra la expresidenta, por sedición, terrorismo y conspiración, se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no hay cargos formales.
Según uno de sus abogados, Luis Guillén, “se están siguiendo dos procesos por un mismo hecho”, algo que viola un principio general del derecho.
Además, Guillén destacó que “no puede ser un tribunal ordinario quien decida qué es constitucional”. El Tribunal Constitucional rechazó un recurso por ese motivo.
El abogado enfatizó que corresponde juzgar a la expresidenta en el Congreso y no por la vía ordinaria.
Los denunciantes --el Gobierno izquierdista, la Fiscalía y el Congreso-- argumentan que se están juzgando acciones de Áñez previas a su gobierno, por lo que corresponde un juicio ordinario.
La exmandataria fue asimismo señalada por “genocidio” --que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años-- a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
Un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia contabilizó 22 fallecidos y constató “graves violaciones de los derechos humanos” durante los incidentes.
Este caso será tratado por el Congreso, que decidirá si se realiza o no un juicio de responsabilidades contra ella.
El informe de la CIDH también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.
