Decenas de miles de personas se movilizaron en Caracas y otras ciudades de Venezuela, en una demostración de fuerza tras el duro golpe recibido por la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
En medio de una creciente crispación política, Maduro instaló cerca del mediodía el Consejo de Defensa de la Nación para evaluar el "golpe parlamentario" en el país.
En ese consejo, en el que participan los poderes públicos, el presidente insistió en llamar "al diálogo político y la paz en Venezuela".
En los alrededores del presidencial palacio de Miraflores se concentraron sus seguidores para apoyarlo.
Pero en otros puntos de la capital venezolana, manifestantes se reunían bajo el lema escrito a mano en pancartas: "No nos vamos a rendir. Revocatorio ya". "Nos han robado el derecho a votar y yo lo he dicho: si nos roban el derecho a votar pasamos a otra etapa en Venezuela", aseguró el líder opositor Henrique Capriles durante la marcha. Vestidos en su mayoría con camisetas blancas y gorras con la bandera de Venezuela, las marchas se iniciaron en siete puntos de Caracas y convergieron en la autopista Francisco Fajardo (este), copada por los manifestantes.
Klenia Campos, ingeniera informática de 41 años, cree que la marcha "es una medida de presión para que (Maduro) entienda que se tiene que ir. Tanta pasividad no va más, tenemos que hacer más presión".
"El pueblo salió pacíficamente, estamos en la calle y creo que nos vamos a quedar hasta que haya una respuesta de este gobierno que no respeta la Constitución y le tiene terror al revocatorio", dijo Víctor Jiménez, publicista de 63 años.
La denominada "Toma de Venezuela" ocurre en el que debía ser el primero de tres días para la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral), último paso antes del llamado a referendo.
Al cumplir ese requisito, la oposición quería evidenciar el mayoritario rechazo al gobierno de Maduro, al que seis de cada diez venezolanos está dispuesto a revocar, según la encuestadora Datanálisis.
Pero el proceso fue suspendido la semana pasada por tribunales penales regionales, que acogieron denuncias de fraude del oficialismo en una primera etapa de recolección de firmas.
Gobierno y oposición, que se acusan mutuamente de "golpismo", exploran al mismo tiempo la posibilidad de un diálogo con facilitación del Vaticano, en medio de una aguda crisis económica que se traduce en escasez de alimentos y medicinas y una inflación calculada por el FMI en 475% para este año.
