Decenas de miles de opositores salieron el lunes a las calles de varias ciudades en Bolivia para protestar por la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, por el presunto golpe de estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019.
En la jornada, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos expresaron su preocupación por el nuevo clima de tensión política en el país andino.
“No fue golpe. Fue fraude”, se leía en pancartas de manifestantes que con la pandemia como telón de fondo asistieron a marchas, plantones ante oficinas de la fiscalía y concentraciones pacíficas en plazas en las ciudades de La Paz, Cochabamba (centro), Sucre (sureste), Trinidad (noroeste) y Santa Cruz (este).
En esta última, capital económica de Bolivia y bastión de la oposición, la concentración convocó unas 40.000 personas en la plaza Cristo Redentor, emblemático lugar de reuniones públicas de la derecha, según estimaciones de autoridades locales. En Bolivia la policía no provee estos cálculos.
Se escucharon arengas contra la detención de la exmandataria transitoria (2019-2020) y sus dos exministros, señalados en una denuncia presentada en diciembre por una exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) por conspirar para cometer un supuesto golpe contra Morales.
La causa está dirigida principalmente contra el líder civil de Santa Cruz y gobernador electo, Luis Fernando Camacho.
Camacho, que ganó los comicios en su región con más del 55% de los votos, llamó “presos políticos” a Áñez y sus colaboradores. “No los vamos a dejar solos”, prometió al hacer llamados a sus seguidores para que se mantengan movilizados y logren que el gobierno del izquierdista Luis Arce frene las detenciones.
El gobierno de Perú informó que Roxana Lizárraga, exministra de Áñez, solicitó refugio.
La oposición de derecha y centro considera que la justicia se ha supeditado al gobierno de Arce, delfín de Morales.
Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni (noreste) y el lunes fue encarcelada en una prisión de La Paz. Se le dictó prisión preventiva por cuatro meses.
Washington fue el último actor internacional en expresar su inquietud, como lo hicieron a lo largo del fin de semana la Comisión Europea, la ONU y la CIDH, ante los acontecimientos que llevaron al arresto de Áñez.
“Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de exfuncionarios por parte del gobierno boliviano”, dijo Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado.
De su lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo” y pidió la liberación de los detenidos.
Morales, desde Twitter, le respondió a Almagro y dijo que “él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad”.
Un informe de la OEA encontró irregularidades en los comicios de 2019, que Morales rechazó.
Los opositores quieren impedir que sigan las detenciones, pues en la lista del Ministerio Público figuran los exministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Interior) y Fernando López (Defensa), exjefes militares y exjefes policiales y otros civiles.
Camacho es el acusado central en la denuncia presentada por la excongresista del gobernante MAS Lidia Patty, que dio pie a estos arrestos por supuesta conspiración, sedición y terrorismo para llevar a cabo un presunto golpe de estado entre octubre y noviembre de 2019.
En 2019 Camacho, un empresario de 42 años y exlíder del Comité Cívico, impulsó las protestas en Santa Cruz que se extendieron a todo el país, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del mandatario indígena.
Entonces, Camacho ganó protagonismo cuando dijo que se trasladaría de Santa Cruz a La Paz con la Biblia en la mano derecha y con la carta de renuncia de Morales en la izquierda.
Camacho se postuló a la presidencia en las elecciones de octubre pasado, pero obtuvo el tercer lugar.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el “golpe de estado debe resolverse en la justicia y no en las calles”.
“Lo que buscamos no es detención de cuatro meses, lo que estamos buscando es una condena de 30 años (de cárcel), porque aquí ha habido masacres sangrientas”, dijo sobre Áñez en referencia a los violentos incidentes registrados durante el gobierno transitorio.
Lima también informó el lunes que el gobierno y otros sectores presentaron cuatro demandas de juicios de responsabilidades o de privilegio.
Esos casos obedecen a denuncias por el contrato de crédito firmado por 327,2 millones de dólares contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que Arce canceló y por impedir a ciudadanos bolivianos volver desde Chile en 2020, durante la pandemia.
