A casi dos horas de Venezuela por aire, con el mismo idioma y esa familiaridad caribe, en la última década Panamá se convirtió en uno de los destinos favoritos para el refugio, la salida o la aventura de miles de venezolanos.
Aunque el país centroamericano no formó parte del proyecto político nacido en 2004 llamado ALBA, ni del acuerdo energético por el que el expresidente Hugo Chávez ofrecía petróleo con créditos de ganga, Petrocaribe, aquí llegaron, se movieron y pasaron miles de millones de dólares de venezolanos, incluso de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Entre 2012 y 2015, inyectaron 427 millones en compañías de Panamá, según datos de la Contraloría General de la República. Por esos tiempos, la Superintendencia de Bancos dijo que Venezuela ocupaba el tercer lugar entre los países de origen de depósitos externos en el sistema bancario local -unos 1.400 millones de dólares en 2015, que ascendieron a 2.811 en 2019- y la cámara de la construcción aplaudía la participación de venezolanos en el boom inmobiliario.
La abrumadora avalancha de la época la sintetizó el expresidente de México, Vicente Fox, cuando dijo: “El mejor ministro de Economía que ha tenido Panamá es Hugo Chávez”.
“Un banquero podía manejar carteras de 500 millones de dólares de clientes de Venezuela para colocarlos alrededor del mundo”, dijo un entrenado operador financiero local.
Panamá podrá ser diminuto pero facilita el acceso al mundo financiero, garantiza secrecía y siempre fue seductor para gente con vocación de riesgo, poder o fortuna. Con restricciones cambiarias, una corrupción galopante y la economía al borde del colapso en su país, los chavistas no serían la excepción.
Chavismo INC. identificó 242 sociedades anónimas en Panamá con 380 relaciones con la trama que involucra a personas de interés en Venezuela. De ellas, ocho fueron señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) y otras tantas están bajo investigación judicial en algún país del mundo por cuestiones como lavado de dinero o sobornos.
La plataforma offshore famosa por Panamá Papers fue aprovechada por familiares de pesos pesados del gobierno venezolano como Diego Salazar Carreño, testaferros como Samark López Bello y el clan familiar de la primera dama, Cilia Flores de Maduro. Hubo bancos ávidos por canalizar dinero en inversiones inmobiliarias o de otro tipo sin preguntar y abogados dispuestos a registrar sociedades con la facilidad de quien abre una ventana.
También las camarillas del chavismo encontraron aquí especialistas para lavar miles de millones de dólares del Estado sin levantar sospechas, como los que ayudó a limpiar un banquero alemán en el trópico llamado Matthias Krull.
Esa trama empezó en diciembre de 2014.
Venezuela cerraba un año marcado por la violenta represión de protestas contra un régimen que acumulaba problemas como la escasez de alimentos, la inseguridad y una inflación galopante. En Panamá, con un gobierno que acababa de asumir, solo se hablaba del escándalo de corrupción que ponía en jaque a los presidentes de la región, incluidos los locales: Lava Jato. Los banqueros seguían las noticias que los señalaban como intermediarios en el pago de sobornos estrafalarios de la gigante brasilera Odebrecht, pero había uno al que esas cuestiones no le quitaban el sueño: Matthias Krull.
Krull era directivo del banco suizo Julius Baer. De origen alemán pero residente en Panamá, hacía una de esas vidas de banquero europeo: casa en un barrio cerrado mega exclusivo y otra en la playa, juegos de golf y viajes de placer o negocios en avión privado. Desde su oficina en una torre espejada con vista al mar, gestionaba una cartera jugosa de personas vinculadas al chavismo y otros millonarios de Venezuela, con lo que reportaba al banco ganancias de varios millones anuales.
En diciembre de 2014 empezó a pergeñar un esquema similar al usado por Odebrecht pero para otro patrón: el Conspirador 7.
Los documentos de la causa de una Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, no identificaron al Conspirador 7 pero lo describieron de una forma tan precisa que medios internacionales como el Miami Herald publicaron que se trataba de Raúl Gorrín: “Un multimillonario dueño de una cadena de televisión en Venezuela”.
Además de empresario, multimillonario y dueño de una cadena televisiva, Gorrín es investigado por presunto blanqueo y malversación de fondos en España y Estados Unidos.
Él nunca se refirió al asunto ni respondió a las consultas enviadas por Chavismo INC. Lo que es evidente en el expediente es que había 600 millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa para camuflar, así que Krull puso manos a la obra.
Lo primero que supo fue que uno de sus clientes había aprovechado una oportunidad. En la convulsionada Venezuela de ese momento, con la moneda local cayendo en picada y el dólar oficial a un valor mucho menor del de la calle, el fraude con operaciones cambiarias prometía ganancias estrafalarias. Eso vio Conspirador 7 junto a otros boliburgueses y funcionarios clave de Pdvsa.
Lo que hicieron fue complicado y complejo, pero puede simplificarse así: fabricaron un acuerdo por el cual una empresa -Rantor Capital- le prestaba a Pdvsa 7,200 millones de bolívares y, seis días después, cedía los derechos de esa deuda a otra empresa -Eaton Global Services Limited-, que la cobró en dólares a tasa oficial: 600 millones de dólares, a pagar en una cuenta bancaria en Europa.
La tramoya dejó más de 500 millones de dólares de ganancia, gracias al pago de sobornos y, claro, a la diferencia del dólar oficial y el del mercado. Un fraude sobre otro fraude. Esa plata se encargaría de camuflar Krull y otros lavadores experimentados.
Cinco meses después de iniciada la operación que se hizo famosa con el nombre que le dio la causa en Estados Unidos, Money Flight, la conspiración se había duplicado gracias a esa bicicleta y al combustible que Pdvsa no paraba de inyectar: más 1,200 millones de dólares.
Ahí, Krull dibujó el esquema para convertir parte de ese dinero sucio en uno con apariencia de lícito. Junto a sus colegas, ideó tres estrategias: inversiones inmobiliarias, sistemas de inversión falsa y apertura de empresas fantasma, con sus respectivas cuentas bancarias, en paraísos fiscales y en Estados Unidos. Siempre apelando a testaferros.
¿Por qué todo ese trabajo? Porque para transferir fondos, el banco pide una justificación —pago por la compra de inmuebles o equipos, por ejemplo— y documentos de respaldo. El soborno, las ganancias producidas por un esquema de cambio de moneda para desfalcar millones de Pdvsa o la malversación de fondos, se sabe, no son justificaciones válidas.
Así que inventaron inversiones falsas en valores falsos, para simular una ganancia falsa con compras de pagarés, bonos y fondos completos de inversión, también falsos. “Las inversiones falsas en valores falsos son justificaciones convenientes porque son más difíciles de investigar y verificar por un banco (…).
Es difícil determinar la verdadera intención de las partes y la naturaleza fraudulenta de la inversión”, dice el documento de la confesión de Krull al tribunal federal de Miami. El fraude, además, incluyó favores de bancos amigos y sobornos a funcionarios para autorizar contratos o evitar investigaciones.
El crimen parecía perfecto, pero sucedió algo que lo truncaría: alguien habló.
En enero de 2016, un operador financiero mencionado en la causa como Confidential Source -El Confidente-, se acercó a una oficina del gobierno en Miami y contó que había recibido 78 millones de euros por un contrato de préstamo fraudulento con Pdvsa. Un mes después, comenzó a grabar las conversaciones con los otros implicados: sumó más de 100 archivos en dos años y reveló un plan global de corrupción al más alto nivel.
El intercambio de llamados, reuniones, notas escritas a mano, mails y chats recolectados en la causa, refleja los malabares para enrumbar parvas de dinero a personas políticamente expuestas (PEPs) y un manejo perfecto del universo de las finanzas. También nombres que se repiten: empresarios y algunos funcionarios de Pdvsa, como el vicepresidente -Venezuelan Official 1-, el director de planificación financiera y el asesor legal. También fueron claves banqueros, asesores financieros y lavadores profesionales que, junto a Krull y El Confidente, actuaron en bloque aunque cada quien cuidara los intereses -y los millones- de un jefe diferente.
Por supuesto, hubo testaferros como Mario Enrique Bonilla Valera. Amigo de los hijos de la primera dama de Venezuela, Bonilla Valera logró pasar de la playstation al suculento universo de los negocios de forma rápida y precoz a los 20 años.
En la causa, Krull lo involucró con sus amigos “los chamos”: los hijos de la esposa de Nicolás Maduro. Los Chamos aparecen en la causa cuatro veces, la más contundente es en el “Resumen de la Operación 600” que muestra cómo se repartió la plata: 227 millones de euros para un boliburgués, 68 millones para Conspirador 7 y 159 millones para Los Chamos.
La operación muestra un patrón común en otros casos de corrupción de Venezuela analizados por Chavismo INC.: cada cacique a cargo de algún área del Estado —en este caso, Pdvsa—, disponía de miles de millones que terminaban repartidos en un grupo de funcionarios.
Para mover y disponer de ese dinero, se asociaban a empresarios —como Conspirador 7— y testaferros —en este caso, Bonilla Valera— con los que montaban la estafa. Al final, buscaban a los operadores financieros —Krull o El Delator— para que lavaran.
En esta jugada, la Justicia los agarró. Krull se declaró culpable de delitos como conspiración para cometer lavado de dinero y pago de sobornos, pagó una fianza de cinco millones y fue sentenciado a 10 años de prisión el 29 de octubre de 2018.
El banquero suizo en el trópico tenía otros clientes vinculados al gobierno de Venezuela, algunos incluidos en la misma causa y otros que saltaron en investigaciones periodísticas como los Panama Papers.
“En Panamá, Krull tenía una cartera importante”, dijo un banquero a Chavismo INC. Lo mismo contó otro, que agregó detalles sobre esa voracidad sin pruritos ni medición de riesgo:
“A nadie le preocupaba de dónde salía la plata mientras entrara. Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en la China. Si después embargaban los depósitos, tampoco importaba: la plata ya estaba adentro”.
Un consultor que solía compartir copas y viajes con Krull, igual: “Todos se manejaban así… Hasta que los gringos le pusieron el ojo a los venezolanos, ahí Panamá tomó la iniciativa de dejar el negocio de Venezuela”.
Al día de hoy, no se conocen investigaciones abiertas a Krull en la Justicia de Panamá. Tampoco en los otros casos donde hubo sociedades panameñas involucradas.
Lo que sí hizo el Gobierno panameño fue reaccionar a la embestida de Ofac con referentes del chavismo: sancionó a 55 funcionarios y algunas empresas venezolanas.
El 27 de marzo de 2018 publicó los nombres de personas naturales y jurídicas “consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales”, entre las que se encontraban el propio Nicolás Maduro, el todopoderoso Diosdado Cabello, y el sobrino favorito de la primera dama Cilia Flores, Carlos Erik Malpica Flores. Para ese entonces, alrededor de Malpica Flores ya orbitaba una docena de sociedades en Panamá.
En 2015, justo cuando Venezuela terminó de convertirse en un país que mataba a hambre o a bala y las personas huían en masa —los residentes en Panamá treparon de mil a seis mil en 2015—, el clan familiar de la esposa de Maduro abrió doce sociedades.
Habitante rotundo y reservado del poder, Malpica Flores tuvo los reflejos para no figurar en ninguna de esas estructuras jurídicas, pero su familia aún aparece: el padre en tres, la hermana y la tía en el resto. Once de las sociedades fueron disueltas a principios de 2016, tras la publicación de investigaciones periodísticas que los vinculaban al istmo. La otra cerró el 13 de abril de 2017.
Malpica Flores fue sancionado por la Ofac y por el gobierno de Panamá (ver perfil y conexiones aquí). No fue el único.
En la lista hay empresarios como Gorrín, y otros contratistas del Estado sospechados de corrupción como el grupo involucrado en los negocios irregulares con alimentos del programa CLAP. También funcionarios públicos y sus testaferros coinciden en ambas listas: la Clinton y la del Registro Público de Panamá. Uno de ellos es Samark López Bello.
Hasta el año 2013, López Bello no era un nombre que sonara mucho cuando se hablaba de política en el seno del poder venezolano. Ese año empezó a aparecer en algunas publicaciones periodísticas por supuestos vínculos a actividades comerciales en el país, pero pasaba desapercibida su relación con el superministro y vicepresidente, Tareck El Aissami. El 13 de febrero de 2017, Ofac lo señaló como el testaferro y blanqueador de El Aissami. Entonces saltó a la fama mundial.
“López Bello es un líder clave para El Aissami y lava las ganancias de la droga”, dijo Ofac cuando anunció su inclusión en la lista conocida como Clinton. Sobre El Aissami, Ofac apuntó que “facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela (…) así como el control de rutas de drogas por los puertos de Venezuela”. Él negó todo: “Esta pretendida agresión infame, canallada del imperialismo (…). Acúsennos de lo que les de la gana, nosotros sigamos construyendo el sueño de Bolívar”, dijo mediante un video en su cuenta de Twitter.
Cinco años antes de eso, en 2012, López Bello tomó el control de una sociedad registrada en Panamá en 2002: Yakima Trading Corp., también señalada por Ofac. Cuando el capital social había trepado a 10 millones de dólares, el 7 de octubre de 2015, decidieron trasladarla a Barbados, según consta en la escritura de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá.
En la empresa, registrada por el bufete de abogados Vives y Asociados, López Bello comparte directiva con tres hombres que lo acompañan en muchas otras del mundo, especialmente Bahamas, Islas Vírgenes y, claro, Venezuela. El 4 de febrero de 2012 abrió una gemela, donde se replica el agente residente y la directiva.
El bufete renunció el 14 de febrero de 2017, cuando los vínculos de López Bello con la corrupción fueron públicos, y la sociedad fue suspendida por falta de actividad el 11 de octubre de 2019.
En las actas del Registro Público de Panamá no hay mucho más detalles sobre las sociedades, pero la investigación transnacional Paradise Papers aportó algunas pistas: a través de Yakima Trading Corp., López Belló selló negocios con Pdvsa. Sus abogados dijeron a Armando.info que la sociedad fue creada para “proyectos a nivel internacional con el nombre de Profit, pero la empresa nunca tuvo actividad, ni cuenta bancaria”.
Relaciones de Samark José López Bello
López Bello operó en Panamá por más de diez años, pero recién llamó la atención cuando la Ofac lo mencionó. El 16 de febrero de 2017, la Superintendencia de Bancos envió una circular a las entidades financieras donde les solicitaba verificar si mantenía “relaciones contractuales con su entidad bancaria”, si los procesos de debida diligencia se habían realizado como correspondía, de acuerdo a la regulación, y avisar si surgían cuentas o movimientos bancarios que lo involucraran. La debida diligencia con López Bello evidentemente había fallado o su perfil de riesgo fue pasado por alto. Otra vez, no fue el único caso.
La debida diligencia es el proceso que bancos y abogados están obligados a hacer para conocer al cliente y evitar dar instrumentos legales para el lavado o corrupción a personas expuestas. Es obligación por ley y todos juran que lo cumplen, pero es evidente que aceptan incorporar a cientos de personas involucradas en negocios dudosos. “Hasta que los gringos pusieron el ojo en Venezuela, los banqueros y abogados hicieron la vista gorda. ¿Por qué? Porque lo que importa es que el dinero llegue”, dijo un asesor financiero venezolano residente en Panamá, que vio en primera fila el baile de los millones de la corrupción venezolana.
Abrir una sociedad en Panamá es legal y esconder plata en refugios fiscales no siempre es signo de delito. Algunas personas declaran sus fortunas al fisco y cumplen su parte del trato, pero donde hay un caso de corrupción o evasión, casi siempre hay una empresa o cuenta o deicomiso establecida en un paraíso fiscal. Como las de López Bello.
Los datos rastreados por Chavismo INC. muestran que en la gran mayoría de las volteretas del poder en Venezuela para quedarse con tajadas de dinero público, hubo una sociedad panameña. El exviceministro de energía Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas —requerido por la Justicia en varios países por supuesto soborno y lavado— aparece como directivo de Pomerol Investments Group S.A. y vinculado a varias más (ver perfil y conexiones aquí).
El empresario argentino que pasó de ser un minorista de productos de laboratorio a un potente proveedor del Gobierno venezolano, Juan José Levy, está vinculado a Sunblaze Foundation y usó los servicios de Mossack Fonseca. La plataforma incluyó hasta al propio Hugo Chávez: en el pago de sobornos del Lava Jato, Odebrecht le depositó al publicista Joao Santana 35 millones de dólares en la sociedad panameña Shellbill Finance S.A. para desarrollar su propaganda electoral.
Los refugios fiscales son más de cien en el mundo. El poder chavista echó mano de casi todos. Islas de ensueño, como Seychelles y Bahamas; colonias de algún país poderoso, como las Islas Vírgenes Británicas del Reino Unido; estados como Delaware y Nevada en Estados Unidos. Y naciones soberanas, como Suiza y Panamá.
Todos ellos permiten a sus protegidos cercar sus privilegios: no pagar impuestos, no rendir cuentas, esquivar controles en sus países, además de mover dinero sucio. En la trama chavista hay un ejemplo perfecto para mostrar cómo se usan: el de la Banca Privada de Andorra (BPA).
Los hechos sucedieron entre 2004 y 2016, involucran cientos de millones de dólares de Pdvsa, una madeja de sociedades anónimas registradas en Panamá y cuentas bancarias asociadas en el principado de Andorra.
La trama, investigada y expuesta por autoridades de España y Venezuela, tiene como uno de sus actores principales a Diego Salazar Carreño, un venezolano con tips excéntricos como grabar un disco de boleros o gastar seis mil euros en una sentada en un bar de París. Pero eso no fue lo que lo hizo participar de esta cuestión, sino su parentesco con quien comandó Pdvsa durante diez años: es primo hermano de Rafael Ramírez.
Lo que hizo Salazar Carreño junto a otros colaboradores y funcionarios de la petrolera —siempre según los registros judiciales— fue cobrar sobornos por contratos públicos y, para no dejar rastros, pedir el pago en cuentas bancarias de Andorra a nombre de las sociedades panameñas.
Así, estos hombres unieron hilos entre puntos como Malta, Andorra, Panamá y China como máquinas perfectas, hasta formar una telaraña entreverada de países con nombres como Highland Asset Corp. —registrada en Panamá el 20 de abril de 2007— y números como AD66 0006 0008 2512 0026 9407 —una cuenta en Andorra a nombre de esa sociedad—, por donde circulaba dinero cuyo origen fue ese tanque de parir dólares que supo ser Pdvsa. Dos mil millones de euros viajaron por 37 cuentas bancarias a nombre de 13 empresas panameñas, para integrar los pagos de sobornos al mercado lícito y cerrar el círculo del delito. A través de ellas, además, compraron bienes inmuebles por más de 20 millones de dólares.
“Las empresas constituyeron un entramado en las que se observó una triangulación en cuanto a los socios, directivos, bienes y activos manejados (…) los ciudadanos fungen en dichas empresas como socios, posteriormente traspasan el paquete accionario a otra empresa en la cual también son socios, y continúan vendiendo las acciones entre sí (…). Circulan entre éstas, pasan de una empresa a otro, y al patrimonio personal de los socios, para regresar a manos de otra empresa o algún otro socio, con lo cual logran disfrazar o enmascarar el origen de los bienes y activos”, expuso el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela basado en informes de la Policía y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, entre otros.
El caso está siendo investigado en Venezuela, España, Estados Unidos y Andorra. Salazar Carreño fue detenido en Venezuela en 2017 luego de haber sido acusado por la Fiscalía de Nicolás Maduro por blanqueo de capitales. Los abogados de Salazar Carreño dijeron a Chavismo INC. que “no existe procedimiento judicial alguno en el que se señale que exista alguna cuenta bancaria vinculada al Sr. Salazar Carreño que haya recibido fondos provenientes de Pdvsa”.
La justicia venezolana sostuvo que está vinculado a una red criminal que supuestamente blanqueó más de 1.400 millones de dólares en comisiones ilegales a cambio de contratos con Pdvsa. Su primo, Rafael Ramírez, también señalado por esos hechos, ha defendido la inocencia propia y la de su pariente. Ramírez, que fue uno de los colaboradores clave de Chávez, está enfrentado actualmente con Maduro.
A pesar de toda la evidencia, en Panamá no se conoce ninguna investigación que involucre dinero público de Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción está investigando un caso donde hay una venezolana, pero vinculado a plata ecuatoriana: Petroecuador. Ese es otro de los beneficios del Hub.
