El izquierdista Pedro Castillo, un maestro de escuela rural que salió del anonimato hace cuatro años al liderar una huelga del magisterio, asume este miércoles como nuevo presidente de Perú, el primero sin lazos con las élites política, económica y cultural.
“No más pobres en un país rico”, repitió como mantra en esta campaña el abanderado de Perú Libre, un minoritario partido que se define como marxista leninista.
Y así conquistó el sentimiento de indignación de millones de peruanos para superar, por estrecho margen, a la derechista Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el balotaje.
Nació en Puña, un pueblo del distrito de Chota, en la región norteña de Cajamarca, donde es maestro de una escuela rural desde hace 24 años. Es el tercero de nueve hermanos y sus padres son campesinos analfabetos.
A sus 51 años, Castillo es “el primer presidente pobre del Perú”, según definió el analista Hugo Otero para la AFP.
Casado con Lilia Paredes, tienen tres hijos: Arnol, de 16, Alondra, de seis, y Jennifer, de 23, quien es adoptada.
Su esposa es evangélica, pero él católico, y en el patio de su casa hay un cuadro de Jesús rodeado de ovejas con la leyenda en inglés “Jehova is my shepherd” (Jehová es mi pastor).
Acostumbra citar pasajes bíblicos cuando apela a su moral conservadora para justificar su rechazo al aborto, al matrimonio homosexual y la eutanasia.
“Nos sentimos orgullosos que mi hermano haya llegado hasta esta altura, siendo un hombre humilde”, dijo a la AFP Amelia Castillo, la hermana menor del presidente electo, de 34 años.
Junto a su casa de ladrillos de dos pisos en el caserío cajamarquino de Chugur, Castillo tiene una chacra de una hectárea donde la familia cultiva maíz, camote y hortalizas, y cría gallinas y vacas.
Con sombrero blanco de copa alta típico de Cajamarca, recorrió Perú, incluso a caballo, para conseguir votos. De niño debía caminar varios kilómetros para ir a la escuela.
Cajamarca es una región histórica: fue la tumba del imperio incaico y es, para algunos, una de las cunas del catolicismo en el país. En la plaza principal de la ciudad los españoles ejecutaron en 1533 al último emperador inca, Atahualpa, acusándolo de blasfemia por tirar la Biblia al suelo.
En campaña, Castillo prometió “cambios, no parches o reformas”.
Su propuesta electoral se basó en una tríada: salud, educación y agricultura, los sectores prioritarios para impulsar el desarrollo nacional.
Prometió un millón de empleos en un año y niega que pretenda hacer expropiaciones o confiscar los fondos de pensiones de los trabajadores, como aseguran sus críticos.
También ha prometido convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna en reemplazo de la actual, promulgada en 1993 por el presidente Alberto Fujimori, que privilegia la economía de libre mercado.
Castillo también dijo que expulsará a los extranjeros que cometan delitos, en tácita alusión a los migrantes venezolanos que llegaron desde 2017 y superan el millón.
Con el fin de combatir la inseguridad plantea restablecer la pena de muerte.
Perú Libre es uno de los pocos partidos peruanos de izquierda que defiende al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Sus primeras propuestas económicas inquietaron a las multinacionales e inversionistas por sus promesas de nacionalizaciones y un rol más activo del Estado en el mercado, lo que le valió comparaciones con el “socialismo bolivariano” de Venezuela.
Castillo ha intentado calmar las aguas: “No somos chavistas, no somos comunistas, nadie ha venido a desestabilizar a este país, somos trabajadores, somos luchadores, somos emprendedores”, declaró ante una multitud el 15 de junio en Lima.
Su principal asesor económico, Pedro Francke, aseguró a la AFP que los cambios que promueven no tienen “nada que ver con la propuesta de Venezuela”.
“No haremos expropiaciones, no haremos estatizaciones, no haremos controles de precios generalizados, no haremos un control de cambios que haga que no puedas comprar y vender dólares y sacar los dólares del país”, dijo Francke.
La huelga nacional del magisterio de 2017 se prolongó unos 80 días, en demanda de aumento salarial y la eliminación de un cuestionado sistema de evaluación de los docentes.
En un intento por deslegitimar la medida, el ministro del Interior de entonces, Carlos Basombrío, dijo que los líderes del magisterio estaban ligados al Movadef, brazo político de la derrotada guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, grupo ilegal considerado “terrorista” en Perú.
“Rechazo categóricamente las denuncias”, replicó entonces Castillo, quien había integrado en Cajamarca las “rondas campesinas” armadas que resistían las incursiones de Sendero durante los duros días del conflicto interno (1980-2000).
Ahora el hogar de Castillo en Cajamarca siempre está custodiado por “ronderos”, que portan bastones y látigos de cuero.
