Los familiares del periodista deportivo Miguel Mendoza, un crítico del presidente Daniel Ortega condenado a nueve años de cárcel por traición a la patria, reclamaron este martes la exclusión del derecho a ver a su hija en prisión los días en que otros nicaragüenses en su condición sí lo hicieron.
Los familiares del periodista denunciaron que el Gobierno de Nicaragua había autorizado que los denominados “presos políticos” detenidos en la cárcel policial conocida como “El Chipote”, cerca de 50, recibieran visitas de sus hijos menores de edad o tuvieran acceso a videollamadas los días 31 de diciembre pasado y 1 de enero, pero que Mendoza no pudo.
“Lamentablemente el corazón de nuestra familia está golpeado, particularmente el de nuestra querida Alejandra, a quien nuevamente se le ha privado de ver y abrazar a su padre en esta fecha tan simbólica de principio de año, que como familia acostumbramos a recibir en unidad familiar”, refirieron los familiares de Mendoza en un comunicado.
El periodista y su hija, de 8 años, sí se habían visto en la pasada Navidad por primera vez desde junio de 2021, y habían recibido la noticia de que se reencontrarían el 31 de diciembre y 1 de enero, pero el derecho le fue suspendido, de acuerdo con los familiares.
“Una funcionaria notificó vía telefónica que la visita programada para Miguel había sido cancelada siguiendo una orden, debido a las publicaciones en redes sociales”, señalaron.
Los familiares de Mendoza creen que la funcionaria se refirió al relato que publicaron sobre el reencuentro del periodista y su hija 533 días después de no verse.
Las autoridades nicaragüenses no han confirmado ni negado el caso de Mendoza.
El periodista forma parte de un grupo de más de 255 “presos políticos” identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quienes el presidente Daniel Ortega se ha referido como “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.
Nicaragua vive una crisis que inició con masivas protestas antigubernamentales en 2018, que fueron reducidas con ataques armados en los que, según la CIDH, murieron 355 personas, de las cuales Ortega ha admitido 200.
