La Defensoría del Pueblo de Perú pidió este viernes 9 de septiembre al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que investigue presuntas irregularidades en la libertad otorgada en agosto pasado al ex militar Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), condenado por un levantamiento militar de 2005.
Mediante un oficio remitido al presidente del INPE, Omar Méndez, el organismo autónomo solicitó una “investigación profunda” del caso, luego de que Humala desmintiera en una entrevista haber realizado alguna actividad vinculada a trabajos o educación durante su periodo de reclusión para acceder a la redención de pena.
“Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo (...) Como para el INPE esto no es trabajo pues pusieron esas cojudeces (capacitaciones y trabajos manuales). Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, aseguró Humala en declaraciones a Infobae.
Según la Defensoría, estas expresiones del exreo contradicen lo sustentado por el presidente del INPE, quien ante la Comisión de Justicia del Congreso precisó que Humala desarrolló capacitaciones para hacer danzas folklóricas y trabajos manuales para salir antes de cumplir su sentencia en 2024.
“En la entrevista, Humala niega dichas versiones, señalando que solo se dedicó a la publicación de sus libros, dejando entrever una presunta adulteración de los planillones que habrían servido como otorgamiento de la libertad”, insistió el organismo.
En esa línea, la Defensoría advirtió que, de corroborarse que el líder del movimiento etnocacerista no cumplió con realizar labores o estudios de forma efectiva, el INPE debería “evaluar la declaración de nulidad de oficio de la resolución directorial por medio de la cual se dispuso su libertad”.
Tras la difusión de la entrevista con Infobae, el INPE emitió un comunicado en el que informó sobre la adopción de medidas para esclarecer los cuestionamientos planteados por Humala, pero aseguró que las planillas de control educativo fueron firmadas por el exreo y funcionarios y responsables del centro penitenciario, incluido su director.
