El Ministerio Público del estado brasileño de Sao Paulo solicitó este sábado la adopción de medidas para impedir la entrada en vigor de un decreto publicado la víspera por el presidente Jair Bolsonaro y que beneficia a los policías acusados de la matanza de 111 presos en la cárcel de Carandiru.
La petición fue realizada por el procurador general en Sao Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, quien, en oficio dirigido al Procurador General de la República, Augusto Aras, solicita que el Ministerio Público Federal le pida a la Corte Suprema de Brasil que declare inconstitucional la amnistía concedida por el líder ultraderechista.
El tradicional indulto que la Presidencia brasileña concede tradicionalmente en vísperas de Navidad para presos de avanzada edad o enfermos que ya han cumplido parte de su condena fue extendido este año por Bolsonaro a militares y policías condenados por crímenes ocurridos hace más de 30 años, con lo que podrá beneficiar a los autores de la famosa matanza carcelaria ocurrida en 1992.
Ello debido a que, pese a que el indulto beneficia por lo general a autores de crímenes culposos (sin intención), el decreto del jefe de Estado lo extendió a agentes del Estado condenados por actos realizados por “su deber de actuar” o “en razón de riesgos” enfrentados.
La amnistía, por lo mismo, beneficia directamente a los 69 agentes que siguen vivos de entre los 74 que fueron condenados a penas de entre 48 y 624 años por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en octubre de 1992 en la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo y la que fuera entonces la mayor cárcel de Brasil.
Estos policías fueron condenados en juicios celebrados en 2013 y 2014 pero nunca llegaron a ser encarcelados debido a las maniobras judiciales con la que sus abogados consiguieron dilatar el proceso, que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.
Para el Procurador General de Sao Paulo, el decreto de Bolsonaro viola artículos de la Constitución así como de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene fuerza de ley en Brasil desde su promulgación.
“La concesión del indulto es incompatible con dispositivos de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, promulgada por Brasil en noviembre de 1992, por lo que requiero que sean adoptadas medidas urgentes para que se declare su inconstitucionalidad”, afirmó el procurador en su oficio.
Según Sarrubbo, el decreto también viola el artículo del Código de Proceso Penal que establece que el beneficio de la amnistía solo puede ser concedido si el interesado lo solicita, algo que no ocurrió.
El Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Brasil ya había anticipado el viernes que le solicitaría al Ministerio Público Federal que pidiera la anulación de la amnistía por considerarla inconstitucional.
La matanza de Carandiru se produjo cuando la Policía reprimió a tiros un motín en uno de los pabellones del presidio, que en la época albergaba a unos 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.
