La Fiscalía de República Dominicana solicitó este martes penas de hasta 10 años para un exministro y otros cinco acusados en un juicio marcado por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos para adjudicarse 16 obras en el país.
La justicia de esta isla caribeña procesa a cuatro políticos, un empresario y un abogado vinculados con coimas por más de 92 millones de dólares.
En medio del juicio que arrancó en agosto de 2018, la Fiscalía pidió a un tribunal de Santo Domingo que dicte 10 años de prisión contra Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas acusado de recibir sobornos de Odebrecht para beneficiarla con contratos estatales.
Igual pena solicitó para el empresario Ángel Rondón, acusado de distribuir los sobornos a legisladores y funcionarios dominicanos mientras era representante comercial de Odebrecht, mientras que sobre el abogado Conrado Pittaluga, presunto cómplice de Díaz Rúa, recaerían siete años.
En tanto, la Fiscalía requirió cinco años de prisión para los exsenadores Andrés Bautista y Tommy Galán.
También pidió al tribunal que imponga a cada acusado una multa de 200 salarios mínimos, equivalentes a unos 35.000 dólares, así como la devolución a favor del Estado dominicano de los bienes que estos habrían adquirido de forma ilícita.
Los fallos del tribunal, compuesto por tres juezas, podrían conocerse entre agosto y septiembre próximos.
Considerado uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente del país, involucra a miembros de los dos principales partidos políticos: el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder desde agosto de 2020, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dirigió República Dominicana entre 2004 y 2020.
Según la Fiscalía, las obras que incluyen carreteras, acueductos y centrales hidroeléctricas, fueron contratadas entre 2002 y 2012.
En 2017, Odebrecht firmó un acuerdo con la Fiscalía dominicana y se comprometió a pagar 184 millones de dólares como indemnización, así como entregar informaciones requeridas por las autoridades dominicanas para identificar a los involucrados.
A cambio, la Fiscalía acordó no enjuiciar a la firma, ni a sus directivos.
En octubre de 2020, el gobierno ordenó la suspensión de todos los contratos con Odebrecht, así como con empresas vinculadas.
La red de sobornos de la firma brasileña salpicó a varios países de América Latina.
Dominicana, que ocupa el puesto 137 entre 180 países en el ránking del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, es la tercera nación en la que Odebrecht pagó más sobornos por la asignación de obras públicas entre 2001 y 2014, detrás de Brasil y Venezuela.
