Cuatro días después de haber presentado la denuncia por encubrimiento de los imputados en el ataque con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la que solicitaba llamar a indagatoria a la entonces presidenta, Cristina Fernández viuda de Kirchner, el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su apartamento de un disparo en la cabeza.
Hoy, un año después de su muerte, el Ministerio Público no ha determinado si el investigador se suicidó o lo mataron. Además, la fiscal Viviana Fein, que instruyó el caso, fue relevada de la investigación por la juez Fabiana Palmaghini, quien se ha puesto a la cabeza y ha ordenado la práctica de al menos 40 pruebas judiciales destinadas a saber si Nisman fue asesinado; y el presidente Mauricio Macri decretó el levantamiento del secreto sobre la información del caso, en lo que pareciera ser un impulso a la investigación.
Ayer, Macri se reunió con las hijas del fiscal fallecido, a quienes manifestó el reconocimiento del Estado por la labor que realizó Nisman desde que le fue encomendada la investigación del atentado.
Mientras, la madre del fiscal, Sara Garfukel; su hermana, Sandra; y la exesposa y querellante en el proceso Sandra Arroyo Salgado han reiterado a diversos medios de comunicación que siguen convencidas de que Nisman no se mató y que hay muchas inconsistencias dentro de la investigación por su fallecimiento, durante la cual, incluso se montó lo que ellos han calificado de campaña de desprestigio en su contra.
Una de esas fallas no comprensibles dentro de la investigación fue revelada por el diario Clarín ayer. Fuentes ligadas a la investigación confirmaron al diario que luego de mucho tiempo de que los expertos informáticos estuvieran analizando la laptop de Nisman -que había sido infectada con un virus que permitía acceder a ella de forma remota-, pudieron dar con la dirección IP de la computadora desde la cual se habría hecho “el trabajo”, así como con la dirección física del apartamento y el nombre del hombre que lo habitaba, quien habría sido, al menos hasta octubre de 2015, funcionario del gobierno de su distrito. Sin embargo, la fiscal Fein nunca autorizó las diligencias para que los funcionarios pudieran acudir a lugar y proseguir la investigación sobre el espionaje al fiscal, un aspecto clave del proceso.
Además se afirma que Fein tampoco dio relevancia a la investigación de los custodios de Nisman, un grupo de diez hombres que hacía turnos rotativos de cinco, y de los cuales el día de su muerte solo había dos, los mismos que evitaron entrar al apartamento ubicado en el piso 13 de la torre Boulevard, del complejo Le Parc de Puerto Madero, hasta pasadas las 10:00 de la noche. Tras el relevo de la investigación estos hombres han sido imputados por el delito de incumplimiento de sus deberes.
LA DENUNCIA
Alberto Nisman fue hallado muerto la madrugada del lunes 18 de enero. Un día después acudiría al Congreso para sustentar la denuncia que había presentado el 14 de enero, en la cual acusó a Fernández, de urdir un “sofisticado plan delictivo deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los iraníes” acusados por el atentado del 18 de julio de 1994, el más grande sufrido en suelo argentino y en el cual murieron 85 personas y unas 150, según la denuncia, o 300 según la AMIA, resultaron heridas.
En la denuncia, de 290 páginas, el fiscal aseguró que la mandataria “en todo momento estuvo en control” del plan, “impartiendo órdenes directas a sus cómplices o encabezando la campaña discursiva y mediática necesaria para camuflar” el delito que perpetraban. Asimismo, afirma que toda la estrategia diseñada fue puesta en práctica por el canciller, Héctor Timerman, con el apoyo de terceros, entre los que menciona a una persona perteneciente a la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia y al exfiscal designado para trabajar de forma conjunta, alterna o sucesiva en la causa AMIA.
A Timerman le atribuye, entre otras cosas, la negociación de la eliminación de las alertas de Interpol para los imputados, la firma de acuerdos secretos con la parte iraní y la negociación, redacción y firma del Memorando de Entendimiento entre ambas naciones, efectuada el 27 de enero de 2013, en Etiopía y sancionado un mes después por el Congreso argentino, aunque, el documento nunca entró en vigencia porque aunque el presidente Mahmud Ahamadineyad lo firmó no lo envió de inmediato al Congreso, que entró en receso, y tras el cambio de gobierno su sucesor, Hasan Rohani, puso como condición para rubricarlo el levantamiento de las órdenes de captura, algo que no sucedió. Además, en Argentina, el pacto fue demandado de inconstitucional.
Según la denuncia, el objetivo de plan era acercar Argentina a la República Islámica de Irán, restablecer plenas relaciones comerciales y acceder al petróleo, ya que el país atravesaba una grave crisis energética. En medio de todo esto, el Memorando de Entendimiento -vendido al país como un instrumento para llegar a la verdad y lograr justicia- no tenía otro fin que garantizar que las autoridades argentinas no pudieran poner mano sobre los nueve imputados por los ataques, cinco de los cuales tenían alertas rojas de Interpol, la máxima denominación de captura.
“El plan de impunidad pergeñado por la Sra. Presidente de la Nación incluyó un cambio de hipótesis y un redireccionamiento de la investigación judicial del caso AMIA, hacia ‘nuevos imputados’, fundado en pruebas falsas y destinado a desvincular definitiva y fraudulentamente a los acusados iraníes. De hecho algunos de los aquí acusados estuvieron expresamente abocados a fabricar esta hipótesis falsa. Sabían que la ‘Comisión de la Verdad’ había sido creada para investigar absolutamente nada, sino para legitimar la mentira que se estaba fabricando”, señala la denuncia.
Y es que en el Memorando, a la Comisión de la Verdad no se le establecieron plazos ni procedimientos y se cuestionaba que las autoridades argentinas tuvieran que viajar a Teherán, donde no tendrían jurisdicción, además de que no quedaba claro qué validez tendrían las declaraciones que tomaran allá. Incluso, se afirmó que acoger como válidas las conclusiones que dictara esa comisión podría significar el desconocimiento de la investigación local, la cual ya había definido móviles y autores del atentado.
El fiscal también asegura que todos los avances del plan se comunicaban en tiempo real a las autoridades iraníes y a uno de los prófugos del atentado, Mohsen Rabbani -ex Agregado Cultural de la embajada iraní en Argentina-, quien, asegura, participó de negociaciones comerciales con las autoridades argentinas involucradas en el plan e incluso intervino en “tratativas” dirigidas a garantizar su propia impunidad.
Una de las pruebas aportadas sobre la implicación de Rabbani es una llamada telefónica en la que recibe un reporte del gobierno argentino y cuya transcripción señala: “…hoy terminamos una reunión con el Ministro de Planificación De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas…”, a lo que Rabbani contestó: “mándeme para que evalúe” y luego de evaluarlo respondió: “…aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listo para vender petróleo a la Argentina… y también comprar armas…”.
Añade que parte del plan era montar una campaña de descrédito contra la investigación que se combinó con mentiras, falsas promesas y la manipulación de sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado a fin de evitar que se conociera el fin oculto del Memorando.
Es decir, afirma Nisman, que mientras la Presidenta y el Canciller señalaban públicamente que el acercamiento a Irán solo buscaba justicia y que la firma del Memorando era la única solución, negociaban con uno de los imputados algo más que granos y petróleo: su impunidad.
ANTECEDENTE
El 9 de noviembre de 2006 el juez que analizaba la vista fiscal presentada por el Ministerio Público se pronunció. El atentado contra la AMIA fue declarado crimen de lesa humanidad, por lo tanto, la investigación no prescribiría jamás.
Dos semanas antes, los fiscales -entre ellos Nisman- habían señalado en su dictamen que “el ataque fue ejecutado por la organización terrorista libanesa Hezbollah, a instancias de las máximas autoridades del entonces gobierno de la República de Irán”, entre ellas, el expresidente Alí Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997).
Junto al dictamen de los fiscales se emitieron sendas órdenes de captura contra el expresidente iraní, así como contra el ex ministro de Información y seguridad hasta 1997, Alí Fallahjan; el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Akbar Velayati; el ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah Imad Fayez Moughnieh (también buscado por Estados Unidos por el ataque a la embajada de Israel); el ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari y el ex comandante de las fuerzas QUDS iraníes Ahmad Vahidi.
22 años después del atentado y 10 años después de haberse emitido las órdenes de captura y de que sobre cinco de los nueve imputados pesan desde 2007 notificaciones rojas, la máxima prioridad de búsqueda de Interpol, ninguno ha sido detenido ni prestado declaración en el marco de la investigación.
En la denuncia se advierte que la postura del gobierno de Cristina Fernández significó un cambio radical en la política que sobre este caso mantuvo su esposo y expresidente Néstor Kirchner, quien llevó el caso ante la ONU y -asegura Nisman en la denuncia, basado en testimonios coincidentes- se negó en reiteradas ocasiones a la solicitud de Irán de llegar a un acuerdo político sobre este caso.
LAS NEGOCIACIONES
Todo habría comenzado en enero de 2011, tres meses después de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, cuando el canciller Timerman viajó a Alepo, Siria, donde se reunió con su par iraní para manifestarle que las autoridades de su país estaban decididas a renunciar a la investigación y cualquier reclamo de justicia si se producía un acercamiento geopolítico y restablecían plenas relaciones comerciales.
“Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados… en cambio prefiere mejorar sus relaciones comerciales con Irán”, señala una transcripción del mensaje que el canciller iraní habría llevado al entonces presidente Mahmud Ahmadineyad.
A partir de allí, dice la denuncia, comenzó un período de negociaciones secretas que se extendieron hasta septiembre de 2012, momento en el que Fernández hizo oficial las reuniones en la Asamblea General de la ONU. Ese día, según la denuncia, Fernández mintió dos veces, porque dijo que fue Irán el que expresó su voluntad de negociar el caso AMIA, lo que había sido iniciativa de Argentina, y porque anunció el inicio de las negociaciones, a pesar de que llevaban año y medio de conversaciones. El resultado visible de las negociaciones fue el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 en Etiopía el cual, empero, nunca fue aplicado.
En ese momento, se lee en la denuncia, un aspecto fundamental del plan era “la desviación de la investigación hacia una nueva y falsa hipótesis que incrimine a terceros inocentes pero -fundamentalmente- desincrimine a los iraníes, tareas de las que participaron activamente Jorge Khalil, Fernando Esteche, Héctor Yrimia y el sujeto conocido como Allan”, un agente de inteligencia argentino que según una transcripción de una conversación telefónica manifestó que la redirección de la investigación y el desprestigio de las autoridades judiciales a cargo de la investigación “estaban cerradas muy arriba”, lo que según Nisman se refería al sello presidencial.
Un testigo citado en la denuncia declaró haber visto un “informe de la Cancillería iraní al presidente Ahmadineyad, “un típico ‘paper’ intergubernamental en el que el responsable de las relaciones exteriores de ese país en Argentina le sugiere avanzar en un acuerdo porque las autoridades están listas para dar vuelta a la página. “La Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados, pero en cambio prefiere mejorar sus relaciones económicas con Irán”, señala la transcripción.
La posición de las autoridades iraníes siempre fue la de desestimar la participación de su país en el atentado y tildar las acusaciones de casos fabricados por las autoridades argentinas, producto de maniobras provenientes de Estados Unidos e Israel.
En una carta dirigida a la Asamblea General de la ONU, el embajador de Irán ante organismo señaló: “…los autores del atentado con bomba contra la AMIA han quedado impunes y, en su lugar, se ha acusado injusta e infundadamente a varios nacionales iraníes inocentes…” y “…Todos los argumentos contra los nacionales iraníes no son más que una farsa…”, señala la denuncia, en la que Nisman agrega que de 17 solicitudes información presentadas ante Irán solo una fue contestada, negándose a cumplir lo pedido y rechazando cualquier tipo de cooperación.
En la denuncia también se enumera una serie de documentos a través de los cuales queda en evidencia que las autoridades iraníes nunca tuvieron la intención de apoyar la investigación sino más bien de evitar que se hiciera.
El 27 de enero de 2015, en su primera aparición tras la muerte del fiscal, Cristina Fernández manifestó: “Es descabellado pensar que nuestro gobierno pueda siquiera ser sospechado de una maniobra semejante”.
En un discurso de una hora, que dio sentada en una silla de ruedas tras una fractura de tobillo, remarcó que “¿En qué cabeza puede caber que los primeros en avisar y tratar de que Irán coopere en base a lo que el fiscal de la causa suministraba puede tratar de desviar la investigación? No subestimen la inteligencia de los argentinos”.
En abril de 2015 el fiscal de la Cámara de Casación desestimó la denuncia contra Fernández. "No es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia, porque tales hechos no configuran delito", justificó el fiscal Javier De Luca, en línea con lo sostenido por el juez Daniel Rafecas en primera instancia y con la mayoría de la Cámara Federal.
(Con información de medios argentinos y la denuncia elaborada por el fiscal)
