La Policía de Nicaragua allanó este sábado la residencia en la que habitaban los sacerdotes que estaban a cargo de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), clausurada esta semana por la Justicia nicaragüense, que está bajo el control de los gobernantes sandinistas, informó el medio digital Confidencial.
La residencia Villa Carmen, ubicada en Managua, donde viven los sacerdotes jesuitas, fue ocupada por la “Policía del régimen y funcionarios del Poder Judicial” la tarde de este sábado, indicó Confidencial, que dirige el periodista nicaragüense desnacionalizado Carlos Fernando Chamorro.
“Todos los sacerdotes fueron expulsados, por lo que se vieron obligados a trasladarse a la comunidad San Ignacio, del Colegio Centroamérica, en Managua”, reseñó ese medio, que cita a fuentes cercanas a la Iglesia católica nicaragüense.
Los sacerdotes jesuitas, según Confidencial, mostraron a los agentes policiales y a los funcionarios del Poder Judicial las escrituras del inmueble en la que hace constar que no es propiedad de la UCA, “pero estos los ignoraron y les ordenaron que dejaran la casa así, como todas sus pertenencias”.
El allanamiento de la residencia de los sacerdotes ocurre en el marco del cierre de la jesuita UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de Nicaragua.
El Gobierno nicaragüense publicó el viernes en el Diario Oficial La Gaceta un acuerdo del Ministerio de Gobernación en el que se aprueba la cancelación de la personalidad jurídica de la UCA, otorgada el 13 de agosto de 1960, y ordena el decomiso de sus bienes.
La Justicia de Nicaragua ordenó esta semana traspasar los bienes muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias de la UCA, al Estado de Nicaragua, luego de ser acusada por el Ministerio Público (Fiscalía) de ser un “centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”.
La UCA confirmó el miércoles el oficio y rechazó los “señalamientos infundados” de las autoridades.
En razón de ese oficio, la universidad jesuita, cuyo rector era el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender sus actividades académicas y administrativas.
Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la UCA, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.
