El presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazó a último momento recibir, ayer lunes, a una comisión del Congreso que tenía previsto interrogarlo sobre un caso de presunta corrupción que puede acarrear un pedido de destitución contra él.
“Hemos recomendado al presidente que no reciba a la Comisión de Fiscalización del Congreso”, dijo a periodistas el abogado de Castillo, Benji Espinoza.
“El presidente de la República no declarará por no respetarse las garantías mínimas del debido proceso” por parte de la Comisión, de mayoría opositora, alegó.
La comisión del Congreso y el gobernante izquierdista habían acordado hace una semana reunirse este lunes 27 de junio.
El abogado cuestionó que el presidente de la comisión haya dicho a la prensa que tenían pruebas contra Castillo, lo que interpretó como un adelanto de opinión condenatoria ajena a su labor de investigación.
El cambio de opinión de Castillo se produce después de que él mismo hubiera manifestado la semana pasada “su total disposición de recibir a esta comisión en el despacho presidencial”.
Pese a que la negativa se hizo pública a primera hora de este lunes, los miembros de la comisión acudieron al Palacio de Gobierno para dejar constancia de que no fueron recibidos.
“No acudió ningún abogado. Es una falta de respeto del presidente a la institución del Congreso”, declaró el jefe de la comisión, el opositor Héctor Ventura.
Castillo se encontraba en la región andina de Huancavelica a la hora en que debía comenzar la reunión en el Palacio de Gobierno.
La bancada de la coalición oficialista denunció que Castillo es víctima de “una persecución política disfrazada de legalidad”.
El caso que ha puesto al presidente bajo la lupa de los legisladores es el mismo por el cual lo indaga la fiscalía, un hecho sin precedentes en Perú.
El ministerio público investiga a Castillo, en el poder desde hace 11 meses, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo ante la justicia pues tiene inmunidad como jefe de Estado.
Se trata de la investigación sobre el consorcio Puente Tarata III, que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.
