Condenado a 16 años de cárcel en 2013 por un asalto bancario, el exguerrillero chileno Jorge Mateluna se encuentra ahora en el centro de una polémica luego de ser beneficiado con un indulto presidencial de fin de año, criticado fuertemente por la oposición a la administración Boric.
Favorecido junto a otras 12 personas sentenciadas por delitos ocurridos durante las protestas de 2019, Mateluna ha protagonizado episodios anteriores de la Justicia chilena: tras ser detenido en 1992 y condenado a cadena perpetua por asociación ilícita terrorista, entre otras imputaciones, se acogió a la Ley de Indulto para exsubversivos durante el Gobierno de Ricardo Lagos y en 2004 recuperó la libertad tras más de una década tras las rejas.
Con tan solo 12 años, según medios locales, Mateluna ingresó a las Juventudes Comunistas (JJ.CC) en 1986, año de alta convulsión política en un país golpeado por la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y donde, en uno de los actos más recordados de la década, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FMPR) intentaría liquidar al dictador a las afueras de Santiago.
Más adelante, Mateluna ingresó a las filas del FMPR en tiempos en que la estructura de la organización armada presentaba sus primeras escisiones y se desvinculaba al Partido Comunista, iniciando operaciones autónomas como asaltos bancarios y secuestros en plena transición a la democracia a inicios de la década de 1990.
A los 18 años resultó detenido y sufrió supuestas torturas, para luego caer nuevamente en manos de las autoridades y ser condenado por formación y pertenencia a grupos armados de combate, asociación ilícita terrorista, atentados y robo con intimidación a cadena perpetua.
Tras salir de la cárcel y renunciar al uso de la violencia -requisito para hacer uso de la Ley de Indultos en 2004-, Mateluna comenzó a trabajar en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana como encargado programático de “Creando Chile en mi Barrio”, posición que ocupó hasta que fue vinculado por la policía en el Banco Santander en 2013.
“PRESO POLÍTICO”
Desde el primer momento, Mateluna y su defensa alegaron “injusticia”, además de apuntar a una serie de errores en el proceso que lo condenó a 16 años de cárcel.
El exfrentista resultó detenido por Carabineros -Policía militarizada- a dos kilómetros del atraco ocurrido el 17 de junio de 2013, sindicado por los agentes como uno de los responsables en un juicio que se extendió por más de un año,
En entrevista con Chilevisión, Mateluna declaró ser un “preso político”, en tanto su defensa argumentaba que al momento de ser aprehendido por la policía se dirigía camino a la Municipalidad de Pudahuel para hablar con el encargado de cultura de la comuna.
Otras pruebas presentadas por la Fiscalía fueron objetadas: la estatura del involucrado no coincidía con la de Mateluna según las imágenes captadas en las cámaras de seguridad y tampoco los tiempos de traslado respecto al lugar de la detención.
Tras un proceso con contó con apelaciones y recursos que llegaron a la Corte Suprema, el máximo tribunal del país confirmó la condena contra Mateluna, desestimando la revisión del caso.
EL INDULTO QUE NO FUE
Con estos antecedentes, la expresidenta Michelle Bachelet buscó hacer uso de su entonces facultad presidencial para indultar a Mateluna, no obstante, el ministro de Justicia de la época, Jaime Campos, no estuvo de acuerdo.
“Desde La Moneda, no del Ministerio de Justicia, me hicieron llegar un proyecto de decreto de indulto, en virtud del cual se indultaba al señor Mateluna (...) Pues bien, ante esa solicitud de la Presidencia yo respondí que ese decreto no lo podía firmar por dos razones: en primer lugar, porque la causal que se otorgaba era inconstitucional”, dijo Campos en una entrevista otorgada entonces a El Mercurio.
La actual jefa de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, no tuvo la misma valoración, accediendo al beneficio del exguerrillero.
La concesión del indulto en Chile es una potestad que descansa exclusivamente en el jefe de Estado, que tiene la facultad de cambiar, conmutar o dejar sin efecto una sentencia definida por el Poder Judicial.
Desde el retorno de la democracia en 1990, esta facultad presidencial ha sido aplicada en más de 1.600 ocasiones, con un máximo de 928 durante el mandato del primer presidente post dictadura, Patricio Aylwin (1990-1994).
