¿Quién pagará la cuenta?

Ha pasado un poco más de un año desde que llegó la pandemia al continente y los bolsillos de los países empiezan a quedarse vacíos. No era para menos, pues han tenido que aumentar el gasto público para atender la emergencia sanitaria y para evitar que los grupos más pobres de su población sufran hambre en medio del confinamiento.

Ahora enfrentan el reto de encontrar cómo financiarse, lo que se reduce principalmente a dos fuentes: aumentar su deuda externa o subir los impuestos. Cualquiera de las dos opciones retrasará la recuperación económica, que ya se ve lejos debido al lento ritmo de vacunación, a excepción de Chile. Y cualquiera de las dos aumentará el descontento en sus ciudadanos, justo en un año electoral y pre-electoral de varios países de la región.

En Colombia, el gobierno de Iván Duque presentó al Congreso una reforma tributaria para recaudar alrededor de 25 billones de pesos (alrededor de 4.800 millones de dólares), con medidas que golpean principalmente a la pequeña clase media del país. La propuesta incluía —entre otras cosas— gravar con el IVA hasta los servicios funerarios y el agua, la energía y el gas, además de cobrar impuesto de renta a quienes ganaran más de 3,5 millones de pesos (alrededor de 972 dólares) y a quienes reciban pensiones de más de 7 millones de pesos (cerca de 1.900 dólares).

Esto produjo protestas masivas desde el 28 de abril y un paro nacional convocado por sindicalistas, estudiantes y gremios. Las manifestaciones desataron enfrentamientos con la Policía que dejan hasta el cierre de esta edición un oficial y 22 civiles muertos, múltiples daños y saqueos al comercio y a los sistemas de transporte de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Bucaramanga. Todo en medio del tercer pico de la pandemia que tiene a los servicios de salud en alerta roja en todo el país.

Al menos 19 muertos y 800 heridos en cinco días de disturbios en Colombia #AFP

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— Agence France-Presse (@AFPespanol) May 3, 2021

Según el senador de oposición Wilson Arias, la reforma buscaba cerca de 18 billones de pesos de personas naturales, justo cuando muchas familias han caído en la pobreza porque no pueden salir a trabajar. El gobierno la defendió con dos argumentos: primero, por la necesidad de enviar un mensaje de estabilidad a los mercados y mantener el grado de inversión. Y segundo, porque esos dineros permitirían mantener el programa de “Ingreso Solidario” para las personas más pobres.

Pero mientras el proyecto exigía a la gente hacer sacrificios, el gobierno no proponía medidas contra la evasión de impuestos. El economista Daniel Rico advierte que uno de cada tres cigarrillos que fuman los colombianos entra al país de contrabando, al igual que siete de cada diez semillas del sector agroindustrial. O sea que si el Estado trabajara por evitar la evasión no sería necesaria una reforma tributaria.

Rico también resalta que Colombia tiene 147 zonas francas, la mayor cantidad del mundo, un dato sorprendente al tener en cuenta que Chile tiene dos y Ecuador una (y en proceso de cierre). Varias comisiones de expertos han recomendado acabarlas pero la reforma no las menciona, y Rico advierte además que son un mecanismo ideal para lavar dinero. “Los narcos ya aprendieron que sacar un depósito aduanero es una ganancia adicional al narcotráfico”, afirma.

La mayoría de los líderes del país concuerdan en la necesidad de una reforma para reducir el déficit fiscal, mantener el grado de inversión y financiar los subsidios. Pero la propuesta resultó muy impopular. Todos los sectores políticos, incluido el oficialista Centro Democrático y su padrino, el expresidente Álvaro Uribe, se desmarcaron de ella. Al fin y al cabo el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla había presentado la reforma sin negociarla antes con los partidos ni con la sociedad civil. Pero ante el caos desatado, el gobierno tuvo que retirarla del Congreso y el ministro finalmente dimitió el 3 de mayo. Sin embargo, Duque insiste en una nueva reforma, esta vez con un mayor consenso entre los diversos sectores políticos.

Según un artículo de la revista The Economist, “Colombia es un ejemplo temprano de los dilemas fiscales que los gobiernos de América Latina tendrán que enfrentar pronto”. En el texto el exdirector para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, afirma que para pagar los servicios de salud y asistencia social, al tiempo que sirven la deuda externa, los gobiernos requieren aumentar el recaudo entre 1,5 y 3 por ciento del PIB. Sin embargo, frente al caos y descontento social, surgen preguntas clave: ¿son estas medidas de política monetaria ortodoxa las únicas maneras de aumentar el recaudo? ¿Es posible hacerlo sin asfixiar a la ya castigada clase media?

Curiosamente, la propuesta de Colombia de entregarlo todo, la clase media, el consumo, y por ende el crecimiento a cambio de enviar señales positivas a financistas, contrasta con la diametralmente opuesta que el presidente norteamericano Joe Biden presentó el 28 de abril, en su primer discurso del Estado de la Unión o State of the Union.

Biden anunció un plan de gasto público de 1 billón de dólares que incluye 511.000 millones en educación, 225.000 millones a familias con niños, 225.000 millones al subsidio de incapacidades médicas y 45.000 millones a programas de alimentación. El ambicioso plan beneficiará a la población más pobre y se financiará en gran medida con más impuestos a los más ricos, de 37,5 por ciento a 39 por ciento a quienes ganen más de 1 millón de dólares al año. Pero sobre todo, mediante un aumento en la eficiencia de la agencia de impuestos (IRS) para realizar auditorías a los ciudadanos de mayores ingresos y las grandes corporaciones. En resumen, su reforma gravará a los más ricos para aumentar el gasto público en las clases más vulnerables y afectadas por la pandemia.

En su discurso Biden afirmó que “el 55 por ciento de las corporaciones más grandes pagaron cero dólares en impuestos federales el año pasado, pero hicieron 40 mil millones en ganancias. Estas empresas evaden impuestos por medio de paraísos fiscales y se benefician de vacíos legales. Vamos a reformar los impuestos para que paguen su parte justa y ayuden a financiar el gasto público”. Y no dejó de criticar los recortes de impuestos que hizo Donald Trump en 2017, que supuestamente “se iban a pagar solos”, pero que en su lugar dejaron un hueco fiscal de 2 billones de dólares.

Biden tenía además una bomba: en su frase más tajante rompió con cuatro décadas de economía neoliberal regida por el todopoderoso mercado cuando dijo: “mis queridos estadounidenses, la “economía del goteo” (trickle-down economics) nunca ha funcionado. Es hora de hacer crecer la economía desde abajo y desde la mitad”. Nunca en estos años un presidente de Estados Unidos había criticado con tanta claridad la economía del goteo, convertida en ortodoxia en la década de los ochenta por Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Según esta teoría, si el Estado le da exenciones de impuestos a las empresas y desregula todos los sectores, además de otros incentivos y beneficios, estos estimularán la economía de tal manera que el dinero “goteará” desde arriba hasta los estratos más pobres de la sociedad.

Esta teoría, nunca comprobada, ha recibido críticas durante años, especialmente porque ha hecho más frecuentes las crisis financieras, al tiempo que ha aumentado la desigualdad entre unos pocos súper ricos frente a una empobrecida clase trabajadora. Economistas como Robert Reich, ex secretario de Trabajo de Bill Clinton, afirman que esta teoría se basa en tres principios falsos: cortar impuestos a las empresas crea más y mejores puestos de trabajo; quitar impuestos a los súper ricos estimula el crecimiento y eliminar controles a los sectores extiende la economía.

En cambio Colombia insiste en aumentar el recaudo de los ciudadanos sin hacer una reforma estructural que incremente los aportes de las clases más adineradas. Al cierre de esta edición el gobierno preparaba otra reforma tributaria, esta vez con los partidos de la coalición oficialista, pero dejando por fuera a los de oposición y a los gremios y organizaciones de la sociedad civil. Eso, y su aparente tozudez en cuanto a cambiar de modelo, no auguraba un pronto final a la crisis económica y social. Harían bien los gobiernos de la región, no solo el de Colombia, en mirarse en el espejo que les presentó en forma tan contundente nada menos que el presidente de Estados Unidos.

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* El autor es el encargado de campus y eventos en CONNECTAS