Rafael Moreno Garavito fue periodista intrépido, ex candidato político frustrado y mediador de paz. Muchas veces había sentido la muerte en los talones. Pero un día supo que el riesgo lo quemaba, y desprotegido y agotado, se fue de su pueblo, Puerto Libertador. No pudo escapar. Un enemigo que se había ganado en sus batallas de quijote y cuya identidad la justicia aún no esclarece, lo mandó acribillar frente Rafo Parrilla, el local de comidas rápidas que había montado en el vecino pueblo de Montelíbano, donde se había refugiado. Tenía 37 años y últimamente, dice un amigo, estaba entregado, cansado, como sabiendo que no podría evitar ese final.
Fue su destino vivir en el Sur de Córdoba, una región revuelta, lejos de las ciudades, a siete horas por carretera de la turística Cartagena y a unas tres horas de Montería, la capital del departamento. En el intento de que la plata del público no se perdiera, Rafael presentaba a las autoridades solicitudes de información pública para documentar en su medio Voces de Córdoba y alertar en redes por cuáles venas rotas se estaban yendo los presupuestos de esos pueblos. Denunció la corrupción en su natal Puerto Libertador, a las mineras en el vecino Montelíbano, donde se explota el ferroníquel, y los abusos de la autoridad en el de más allá, San José de Uré. “No se estaba quieto”, dice su amigo, aún después de que se había propuesto dejar todo eso de andar husmeando, pero su temperamento no lo dejaba.
El trabajo que dejó Rafael habla por sí sólo de su heroísmo. Se lo entregó a Forbidden Stories para que continuara, temiendo que él ya no podría hacerlo. Le dolía que el dinero de la minería se perdiera en malos contratos y abusos de poder, que los mineros destruyeran los ríos y que la justicia cojeara. Trinaba todos los días en las redes, aún sabiendo el peligro que corría. Fue un canario en una mina de carbón; ese que ponían en el socavón para advertir del peligro a los mineros porque si moría, quería decir que se estaba saliendo el gas mortífero.
Por iniciativa de Forbidden Stories y en alianza con varios medios nacionales e internacionales, Cuestión Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) nos unimos para ponerle un reflector a quienes quisieron silenciar al periodista y mirar con lupa no solo los contratos que él denunció, sino a los principales contratistas del Sur de Córdoba.
Juntos bajamos del portal público de contratación Secop los contratos de los seis municipios –Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré, Buenavista, Valencia y Tierralta – desde 2016 hasta enero de 2023, extrajimos, limpiamos y analizamos los datos e investigamos los antecedentes judiciales, fiscales y políticos de los contratistas. Lo que encontramos fue a unos pocos acumulando gran parte de la contratación; abundan las contrataciones directas, evitando los concursos, y hay demasiados contratistas que han sido sancionados por diversos órganos de control o están siendo investigados por la Fiscalía. También constatamos en dos casos el abuso de convenios administrativos para poder repartir contratos a amigos y parientes de los alcaldes en Puerto Libertador y Montelíbano.
Además, bajamos y limpiamos los datos del Catastro Minero, investigamos empresas y entrevistamos a activistas que resisten una minería que les ha dañado su medioambiente al punto de que, como dijo una de ellas, el agua caliente que tiraba la mina mayor de Cerro Matoso en Montelíbano a la Quebrada El Tigre, cocinaba los pescados antes de sacarlos del agua. Revisamos expedientes judiciales para conocer cómo las peticiones de restitución de tierras de comunidades étnicas Zenú, Embera Katío, afro y campesinas han ido a tropezones, mientras el Estado reparte con celeridad títulos mineros que se traslapan con esos territorios reclamados por las víctimas del conflicto.
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También descubrimos que se asoma como la gran jugadora de los próximos años una enorme empresa minera, Minerales de Córdoba, que tiene hoy bajo su manga la mayor cantidad de títulos mineros de la región, y planea desarrollar uno de los complejos de minería de cobre más grandes del continente. Los dueños, hasta donde revelan documentos que analizamos, una filial colombiana de una minera canadiense ligada al magnate estadounidense de la minería Robert Friedland y a la compañía china JCHX.
Pero primero, para poder entender a Rafael Moreno Garavito, el tiempo que le tocó vivir y las aguas calientes donde se movía, es indispensable esta breve historia.
También descubrimos que se asoma como la gran jugadora de los próximos años una enorme empresa minera, Minerales de Córdoba, que tiene hoy bajo su manga la mayor cantidad de títulos mineros de la región, y planea desarrollar uno de los complejos de minería de cobre más grandes del continente. Los dueños, hasta donde revelan documentos que analizamos, una filial colombiana de una minera canadiense ligada al magnate estadounidense de la minería Robert Friedland y a la compañía china JCHX. (Ver El dilema de San Matías: sacar el cobre o restituir a las víctimas)
Pero primero, para poder entender a Rafael Moreno Garavito, el tiempo que le tocó vivir y las aguas calientes donde se movía, es indispensable esta breve historia.
Ríos revueltos
Córdoba, una tierra caliente y selvática, de samanes anchos, ceibas hasta el cielo y gente alegre, cruzada por dos ríos barrientos, el Sinú y el San Jorge, es uno de esos lugares de Colombia donde la violencia tiene raíces hondas. Narcotraficantes de otras partes del país estrenaron allá su riqueza comprando fincas en los años ochenta, como lo documentó en su momento el investigador Alejandro Reyes. Por cuatro décadas, guerrillas de diversas siglas sembraron odio que cosechó el paramilitarismo, una especie de señores de la guerra, mitad narcos mitad políticos, que comandaron sus tropas de matones. Tenían sus campamentos en Valencia y Tierralta, también al Sur de Córdoba, y mataron a sus anchas.
Una sola cifra da cuenta del horror que vivió la gente de esos pueblos: 290 mil personas fueron expulsadas con violencia de sus tierras en esos seis municipios del Sur de Córdoba –Buenavista, Montelíbano, Puerto Libertador, San José, Tierralta y Valencia – entre 1985 y 2022. Eso es un número mayor que las 253 mil personas que viven hoy en esos municipios.
En noviembre de 2016 el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC, las guerrillas más antiguas del continente. Los homicidios cedieron, como lo revelan las cifras. Municipios por todo el país que habían estado bajo el yugo de ese ejército respiraron aliviados y dio la sensación de que esta tercera negociación con grupos armados por fuera de la ley sería la vencida. Ya podría este país, con una economía mediana estable y una institucionalidad democrática relativamente robusta, curar las heridas y dedicarse al desarrollo. Unos años antes, en 2005, hubo otro acuerdo de entrega de armas con paramilitares y narcotraficantes diversos agrupados bajo el paraguas de AUC –muchos de ellos asentados en Córdoba –. En los noventa, un proceso de paz llevó a miles de guerrilleros a cesar su lucha armada y a Colombia a escribir una nueva constitución más incluyente.
No obstante, el emprendimiento más lucrativo del mundo, el narcotráfico, sigue intacto en Córdoba. La gente tiene el miedo del pasado todavía fresco, y eso los hace más vulnerables a doblegarse ante nuevos grupos criminales. “En Córdoba hubo 405 homicidios el año pasado”, dijo una fuente a periodistas de esta alianza. “Hay mucho miedo”. Hasta el 5 de abril pasado, ya se habían cometido otros 91 homicidios, según informó la ONG Cordobexia y otrosl. Las autoridades estatales han ido cumpliendo con pereza los compromisos sellados con las comunidades en el Acuerdo de Paz. “El gobierno Duque (2018-2022) desfinanció el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos (Pnis) y nos dejaron solos a las organizaciones”, dijo un líder campesino en entrevista con esta alianza. “Eso dio pie para que los paramilitares desacreditaran el Acuerdo de Paz y a nosotros dijeran que todo era un engaño”.
Por todas estas razones, pequeñas células criminales que quedaron de las guerras del pasado, pudieron mutar, expandirse, conectarse entre sí rápidamente bajo nuevos nombres, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las disidencias del frente 18. Este cáncer retoñó bien financiado por la imparable exportación de cocaína y por nuevas fuentes de recursos, como la minería ilegal de oro. Según Naciones Unidas, la explotación ilegal y altamente contaminante del oro de aluvión en ríos y quebradas cordobesas suma más de 4500 hectáreas y coincide con las áreas de cultivo de coca, las cuales alcanzan otras 34 mil hectáreas.
Los cultivos se camuflan en esta región entre un parque enorme, el Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, y sus amplias reservas forestales. También en éstas se esconden los tendales improvisados donde procesan la coca para convertirla en pasta y luego en cristales de cocaína para exportar. Es que ese sur de Córdoba también es ideal como corredor de trasiego de ese y otros tráficos clandestinos, como lo explica la Alerta Temprana de 2019 de la Defensoría.
Por esas rutas selváticas, desde el Bajo Cauca antioqueño y los municipios del sur de Córdoba hasta las costas sobre el mar Caribe de la propia Córdoba o de otros departamentos, como Sucre, o hacia el Golfo de Urabá vecino a Panamá, grupos armados y peligrosos sacan drogas ilícitas e insumos químicos para procesarlas, y también oro minado ilegalmente, como lo ha documentado la Fundación Pares. Por allí mismo traen sus armas. Por paso resguardado también sacan sus productos hacia el extremo opuesto, con miras a Venezuela.
Animación: Adriana Kong
Son dos las estructuras criminales que en esa región reclutan jóvenes sin futuro en esos pueblos pobres, y amenazan y matan a quienes se atraviesen en sus negocios. La primera tiene allí en Córdoba y en Urabá su zona de operación central pero tiene tentáculos en varios territorios y se considera la organización criminal más grande del país. Las autoridades la llaman el Clan del Golfo, y ellos se llaman a sí mismos Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pretendiendo darle una cara política a su estructura criminal. Más al sur, metidos en la espesa selva húmeda tropical del Paramillo y las serranías San Jerónimo y Ayapel, que tienen jurisdicción en Tierralta y Puerto Libertador, hay disidencias que se llaman Frente 18, liderados por exguerrilleros que no entraron o renegaron del acuerdo de paz.
Por eso, en esas tierras donde vivió Rafael Moreno, en realidad pocos le vieron la cara a la paz. Desde la firma del Acuerdo de 2016 y hasta febrero pasado, estos grupos han asesinado a 56 hombres y mujeres en el Sur de Córdoba que desempeñaban algún papel de liderazgo social o político en sus pueblos, según la ONG Indepaz. Este año de 2023 ya han matado en Tierralta a Andrés Alfonso Arteaga Cuadrado y a Jorge Luis Jaraba Plata, activistas de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas). Ellos habían optado por sustituir sus cultivos de coca por cultivos legales en uno de los programas que surgió del Acuerdo de Paz de 2016. Los mataron para enviar el mensaje aparentemente, de que los dueños del narcotráfico no permitirán que se acabe el negocio.
La violencia, el crimen y el dinero ilegal fácil que fluye a rodos por esos pagos no ha dejado a la gente del común más rica. Cincuenta y ocho de cada cien cordobeses están en la pobreza, dijo el Dane en 2021. Tampoco se distribuye bien el dinero lícito, que también llega abundante a esta región. A Córdoba, el Sistema General de Regalías le asignó 228 mil millones de pesos entre 2020 y 2023 (equivalen a unos 51 millones de dólares de hoy)1. Son dineros que le corresponden al departamento por ser productor de ferroníquel, oro, carbón, plata y otros minerales. Además recibieron estos municipios 500 mil millones adicionales (unos 112 millones de dólares de hoy) estos años por ser municipios prioritarios para construir la paz (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET).
De ahí que los presupuestos públicos no sean pequeños. Según arrojó la limpieza y análisis de la información de la contratación pública entre 2016 y enero de 2023 que realizaron Cuestión Pública junto con el CLIP, los seis municipios del sur firmaron contratos por 1,3 billones de pesos (equivaldrían a unos 282 millones de dólares de hoy). Pero no han significado que la gente de esos pueblos viva mejor.
Eso era por lo que peleaba Rafael Moreno, que la riqueza le tocara a la gente como él, ciudadanos de a pie, trabajadores. Esperamos que con estas historias subamos el costo a los responsables de matar periodistas.
El Proyecto Rafael es una investigación colaborativa liderada por Forbbiden Stories en el que han participado 30 periodistas y que difunden 32 medios de comunicación de todo el mundo, entre los que está La Prensa.
Investigación y edición: Cuestión Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación
Periodística - CLIP
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Producción: Luisa Fernanda López y Adriana Kong
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