En cualquier lugar del mundo, un presidente con el 7% de popularidad y acusado formalmente de corrupción tendría serios problemas para mantenerse en pie, pero Michel Temer, en Brasil, está logrando, por ahora, lo que parece imposible. ¿Por qué?
Temer es el primer presidente en ejercicio de la historia del país en ser inculpado por la Fiscalía General.
La denuncia por corrupción pasiva debe ser validada ahora por dos tercios de la Cámara de Diputados para que pueda ser procesada por el Supremo Tribunal Federal (STF). Temer tiene mayoría en el Congreso desde que asumió el poder en mayo de 2016, tras el proceso de destitución a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.
Además, 185 de los 513 diputados están siendo investigados, la mayoría dentro de la devastadora operación anticorrupción Lava Jato sobre la red de sobornos en Petrobras.
"Eso crea una red de solidaridad", dice Sylvio Costa, director del portal político Congresso em Foco.
La caída de Temer podría propulsar un efecto dominó y muchos en la Cámara no quieren perder sus fueros privilegiados.
Cuando Rousseff fue destituida por el Congreso por manipulación de las cuentas públicas, el camino para su sustitución era claro. En su lugar, asumía su vicepresidente Temer, del PMDB (centroderecha), con quien había hecho una alianza contra natura para tener más apoyo en el Congreso. Pero si Temer cayera, ya no habría vicepresidente que le pudiera reemplazar.
En caso de vacío de poder, la Constitución prevé que el Congreso elija a quien lo sustituya en un plazo de 30 días. Y tampoco parece haber una figura de consenso.
Durante el primer mes, quedaría interinamente en su lugar el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido DEM (derecha). Aunque también está investigado por corrupción, su nombre es uno de los que suena con fuerza para completar el mandato hasta finales de 2018.
La legitimidad de quien encabece este gobierno de transición, el tercero en menos de un año y medio, estaría aún más cuestionada.
Muchos en Brasil creen que este embrollo político debería resolverse con unas elecciones directas, antes de las fijadas para octubre de 2018. Pero para eso, debería aprobarse una enmienda constitucional.
