Su teléfono no dejaba de sonar, pero las instrucciones eran claras : prohibido tomar la llamada.
Escondido en un hotel de la Ciudad de México, Timoteo esperaba su exfiltración a Europa a través del mecanismo de protección a periodistas. Solo tenía una idea en mente : salvar su vida. El periodista mintió a sus cercanos; les hizo creer que había conseguido una visa para estudiar en París. Lo abandonaba todo y sabía que, probablemente, nunca volvería a México.
Cinco días antes, el 28 de abril de 2012, en la ciudad de Xalapa –ubicada en el sureste de México–, fue hallado el cuerpo de su amiga, la periodista Regina Martínez, en el baño de su casa.
La mujer fue golpeada y estrangulada. El asesinato aterrorizó a los demás reporteros del estado de Veracruz, donde la periodista era una referencia. Para ellos, el mensaje era claro: «Si eso le podía pasar a una periodista de un medio nacional como Proceso, le podía pasar a cualquiera», resume Andrés, quien estaba convencido de ser el próximo en la lista.
Ocho años después de la muerte de Regina Martínez, un consorcio de 60 periodistas de 25 medios, coordinados por Forbidden Stories, retoma las investigaciones que Regina no pudo terminar, para tratar de entender el misterio de su muerte. El reportaje dedicado a la periodista mexicana es la primera de cinco investigaciones elaboradas por Forbidden Stories y sus socios, en el marco de la investigación global llamada Proyecto Cártel.
Una periodista obstinada:
«Lo que la prensa local no se atrevía a publicar se publicaba a través de Regina Martínez », dice Jorge Carrasco, el director de la revista Proceso, donde Regina laboraba como corresponsal desde 2000. La periodista conocía cada pueblo del estado de Veracruz. Nació ahí, en una familia humilde de once niños; después de sus estudios de periodismo, se lanzó en 1980 como reportera para una cadena de televisión local. Pronto se dio cuenta que gran parte de los periodistas reciben dinero del poder a cambio de notas que le favorecen.
«La Chaparrita», como le apodaban sus amigos, destacó en la profesión y, poco a poco, se aisló para dedicarse de lleno a su trabajo. Los fines de semana, se quedaba horas escribiendo en su casa, fumando cigarro tras cigarro o cuidando sus plantas queridas.
Norma Trujillo, su amiga de siempre y periodista en Xalapa, la recuerda como una mujer hiperactiva y apasionada. «Toda su vida era el trabajo. Estaba cerca de la gente, de las poblaciones, de los conflictos, sobre todo sociales, de las violaciones de derechos humanos. Era el fuerte de ella”, dice.
Desde temprana edad, la mujer mostró un olfato periodístico agudo. En 2006, tres años antes de la crisis del virus H1N1, había alertado sobre el estado deplorable de las granjas porcinas de La Gloria, un pueblo veracruzano que, años después, fue señalado como el probable epicentro del virus.
En 2007, documentó los abusos del Ejército, y denunció a militares por violar y asesinar una mujer indígena de 72 años. Su terquedad y su determinación la llevaron a investigar sin descanso temas relacionados con la violencia y la corrupción que desuelan Veracruz.
Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa, los dos gobernadores sucesivos del estado –entre 2004 y 2016–, se convirtieron en las figuras centrales de sus investigaciones. Durante sus administraciones, Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Desde 2000, 26 periodistas han sido asesinados en la región, y 8 siguen desaparecidos a la fecha.
Veracruz es peligroso porque los cárteles se implantaron ahí sin dificultad. Con la zona costera más extendida de México y su enorme puerto internacional, representa un punto estratégico para el trasiego de drogas. El estado, que une el norte y el sur del país mediante una red de pequeñas carreteras, también es un paso de migrantes, donde a menudo son víctimas de extorsión.
Sus cerros y montañas poco accesibles, en medio de una vegetación abundante, crean un escondite ideal para los narcotraficantes. De hecho, después de evadirse de una cárcel de máxima seguridad, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, el famoso capo del Cártel de Sinaloa, se escondió ahí durante un tiempo.
A principios de los 2000, Xalapa, la capital de Veracruz, empezó a transformarse bajo la influencia de los cárteles. Llegaron los 4x4 rutilantes y sus ruidosos arranques de motor. Estos vehículos sobresalían en una ciudad cuya clase adinerada está formada en su mayoría por burócratas y profesores. Hombres, que en ese entonces eran desconocidos, abrieron bares y casinos. Las paredes se cubrieron de anuncios con cuerpos de mujeres, cuyos servicios estaban propuestos.
En 2008, una ola de violencia sin precedente arrasó con la región, cuando los Zetas, un cártel integrado por ex militares, tomó el control de ese valioso estado. «Había balaceras en las calles. Eso pasaba a todas horas del día durante el periodo de Fidel (Herrera)», recuerda Norma Trujillo.
«Hay un cruce total entre lo que es crimen organizado y funcionarios. Los policías no hacían nada. Al contrario, los policías formaron parte de este grupo criminal», añade.
La “Banda de los Indeseables”
En sus trabajos de aquel entonces, Regina acusaba regularmente a los gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte por dejar que el territorio cayera en las manos de los cárteles. Sin dudarlo, iba a los lugares donde sucedían las balaceras para documentar la magnitud de las masacres, que el gobierno local trataba de ocultar. Sus artículos la convirtieron en un elemento molesto para el poder.
En 2010, su nombre apareció en una lista, presuntamente elaborada por el despacho del gobernador. Dicha lista señalaba a periodistas críticos, que debían ser vigilados y espiados.
Dos exfuncionarios que tuvieron largas experiencias en varias administraciones confirman que las autoridades operaban una célula de espionaje clandestina.
«El gobierno local se conectaba, digamos, hacía la línea de las personas y podían saber lo que estaban haciendo en todo momento», dice uno de ellos. Una red de informantes alimentaba reportes de vigilancia equiparables a las de las peores dictaduras. Estos reportes señalaban con lujo de detalles los vínculos familiares, las relaciones profesionales y las amistades de cada periodista, pero también sus convicciones políticas o sus orientaciones sexuales.
Regina no era la única en la lista negra del gobierno. Formaba parte de un pequeño grupo de cinco periodistas, en el cual fungía a la vez como ejemplo y como preceptora. Uno de ellos, quien prefiere mantener el anonimato por razones de seguridad, dice que apodaba al grupo «la banda de los indeseables», en referencia a los ataques que sufrían por parte del gobierno.
En aquel entonces, para dificultar el rastreo de fuentes y protegerse, Regina y los demás «indeseables» usaban un truco: cuando abordaban un tema sensible, publicaban la nota de manera simultánea en sus respectivos medios. «Era una manera de que no fuera uno solo el colega que lanzara la bomba», dice.
Regina era la más experimentada, pero también la más temeraria del grupo. Después de publicar sus artículos, recibía a menudo llamadas telefónicas amenazantes y amagos de demandas judiciales. Ante esta tensión y la vigilancia permanente, Regina tomaba sus precauciones.
«La Chaparrita» vivía sola y no dejaba que nadie entrara a su casa. Ni siquiera la « banda de los indeseables » pasaba la puerta. Su casa era su refugio. Un santuario que fue profanado unos meses antes de su muerte.
En diciembre de 2011, mientras regresaba de visitar a su familia para Navidad, Regina se percató que alguien había entrado a su domicilio. La casa estaba en orden, excepto el cuarto del baño.
Las cajas de jabón estaban abiertas y el aire seguía húmedo, como si alguien acabara de usar la regadera, según dijo a sus amigos más cercanos. Regina, quien solía tomar las amenazas a la ligera, sentía el peligro acercarse. Pocos meses antes, ya expresaba su ansiedad en un artículo que publicó de manera anónima. «Vivo el peor clima de terror, cierro con llave toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay peligro », escribió.
Haciendo caso omiso a los consejos de sus amigos, la periodista decidió no avisar a la policía. «Tenía miedo, no lo quiso hacer público porque precisamente ella no creía en la justicia », recuerda su amiga Norma.
Una vecina preocupada de ver la puerta de la casa abierta en plena noche avisó a la policía cuatro meses después del incidente. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Regina Martínez, tirado en el cuarto del baño y con la cabeza contra la tina. Las primeras observaciones indican que la mujer fue severamente golpeada y ahogada con la jerga de su propio baño.
Una investigación fallida
Veinticuatro horas después de los hechos, Amadeo Flores Espinosa, entonces procurador del estado de Veracruz, prometió que «se agotarán todas las líneas de investigación que conduzcan al esclarecimiento de estos lamentables hechos».
Para esclarecer el asesinato de la periodista Regina Martínez, una autoridad federal se sumó a la investigación: la fiscal Laura Borbolla, una mujer joven que en ese momento dirigía la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Esta unidad especial fue creada en 2010 para luchar contra la impunidad de crímenes contra periodistas en México.
Las autoridades de Veracruz se comprometieron a trabajar de la mano con ella. Laura Borbolla acepta volver el caso Regina por primera vez, en una entrevista exclusiva con Forbidden Stories. Resulta difícil imaginar que la mujer, con su rostro infantil circundado por una diadema rosa, haya participado en la extradición de algunos de los criminales más relevantes de México, entre ellos el hijo de Ismael «El Mayo» Zambada, el jefe del Cártel de Sinaloa.
La fiscal llegó a Xalapa cuatro días después del asesinato de Regina, con 14 agentes bajo sus órdenes. «Acordarme del caso… ve como me pongo, me acuerdo y me enojo», dice en el arranque de la entrevista.
Durante los siguientes veinte minutos, enumera sin interrupción los detalles de una historia que mantuvo callada durante ocho largos años. Cuando llegó al domicilio de Regina, Laura Borbolla descubrió una extraña escena del crimen. La policía local había aplicado una cantidad excesiva de polvo revelador, con lo que deterioró las huellas digitales presentes en objetos de la casa. «No fue un accidente, revelar huellas correctamente se aprende en primer año de criminología y este error no ocurrió solamente una vez», afirma la fiscal. A pesar de ello, logró encontrar dos huellas que sus antecesores no habían encontrado, pero que nunca fueron identificadas.
Otro elemento llamó la atención de la fiscal: faltaban objetos que habían sido mencionados en el reporte de la escena del crimen, como botellas de cerveza. Las obtuvo hasta seis meses después, revueltas en una bolsa de plástico. Las botellas habían sido manipuladas y analizarlas resultaba imposible. «En toda mi carrera, nunca había visto una escena de crimen tan alterada», deplora.
Para Laura Borbolla, no se trató de falta de profesionalismo. Acusa a Enoc Maldonado, quien era jefe de la policía, de las carencias de su equipo. «Sentíamos que por un lado a mí me decía ‘Sí claro, fiscal; lo que tú necesites’. Yo me daba la vuelta y él les hablaba y les decía ‘No les den nada’. Siempre fue esa la sensación con él », dice.
El culpable perfecto
Fue a través de la televisión que Laura Borbolla se enteró de la detención de un sospechoso por el asesinato de Regina. A seis meses de iniciar la investigación, Amadeo Flores Espinosa, el procurador local –quien supuestamente colaboraba con Borbolla–, organizó una conferencia de prensa, en la cual anunció : «Hemos logrado esclarecer el homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez (...) el móvil fue un robo».
Precisó que una persona fue detenida y confesó el crimen. La fiscalía presentó al sospechoso, esposado, frente a los periodistas. Lo custodiaban policías con pasamontañas y fuertemente armados.
«Levanta la cara, ¡Cabrón! », le ordenó uno de ellos. México descubrió entonces el rostro de quien ya era un culpable designado: Jorge Antonio Hernández Silva, mejor conocido por su apodo ‘El Silva’.
Según el procurador, El Silva confesó que fue a casa de Regina Martínez con un amigo, llamado José Adrián Hernández Domínguez –apodado «El Jarocho»–, quien de acuerdo con las autoridades habría tenido una relación amorosa con la periodista.
Los hombres habrían exigido a Regina que les revelara dónde escondía sus cosas de valor, y de ahí habría estallado una disputa. El Jarocho la habría golpeado sin parar hasta matarla, y posteriormente habría huido y desaparecido para siempre.
Laura Borbolla nunca creyó en esta hipótesis. Para la fiscal, la escena del crimen no se parecía a la de un robo que derivó en un asesinato. «Todo estaba en orden. Si hubiese sido un robo, todo hubiera sido un desorden», dice. Aparte, la fiscal observó otro detall : varios objetos de valor seguían en la casa de Regina, entre ellos un flamante lector de CD, una impresora, una bolsa de mano y unos aretes de oro que estaban a la vista, en un librero.
Al día siguiente de la conferencia de prensa, El Silva se retractó de sus propias confesiones y declaró que se autoinculpó después de que la policía lo torturó durante un mes. Narró que lo lesionaron «con una chicharra que es una cosa larga, me la pusieron en el pecho y me daban toques. Eso lo hicieron, pero no vi quién, ya que estaba vendado». «El Silva» señaló que la policía fue su verdugo.
Contactado por Forbidden Stories, Enoc Maldonado rechazó las acusaciones en su contra. «El personal policial que intervino en esa investigación realizó puntualmente su labor, conforme a derecho».
Diana Coq Toscanini, la abogada de El Silva, agotó todos los recursos legales para sacar su cliente de la cárcel. «Tiene 34 años, es portador de VIH y se va a morir. Fue el que estuvo más a la mano para meterlo en este problema. ¿Por qué? Pues no tiene familia, no tiene dinero. Es el chivo expiatorio ideal», dice ella.
La versión oficial
Forbidden Stories tuvo acceso a la carpeta judicial completa del caso Regina. Revela que las huellas dactilares de El Silva nunca aparecieron en la escena del crimen. El único elemento en su contra consiste en el testimonio de un vecino de Regina, quien hubiera visto El Silva y El Jarocho dirigirse juntos hacia el barrio de la periodista.
Laura Borbolla nunca pudo encontrar a ese misterioso testigo, ni interrogar a El Silva a solas. «A lo mejor no vamos a saber quién mató a Regina, pero sí sé quién no mató a Regina », concluye la fiscal, quien se negó a cerrar el caso durante todo su mandato en la FEADLE, el cual terminó en 2015.
El Silva fue condenado a una pena de 38 años de cárcel por homicidio calificado y robo calificado. El hombre siempre ha clamado su inocencia ante su abogada, la única persona que lo visita en la cárcel.
El exprocurador veracruzano Amadeo Flores Espinosa es ahora notario en Xalapa. No aceptó las solicitudes de entrevista. «Todo está en la carpeta de investigación», explica. Rápidamente, la versión oficial que las autoridades de Veracruz dieron sobre la muerte de Regina, la de un crimen abyecto pero pasional, inundó los medios locales y las redes sociales. Un artículo del portal El Golfo Veracruz fue replicado de manera masiva en Twitter. Tenía por título «La PGJ esclarece el homicidio de la periodista Regina Martinez, corresponsal de Proceso».
Entre las cuentas de Twitter que replicaron la nota, Forbidden Stories encontró muchos perfiles apócrifos. Gracias a un análisis realizado por La Mesa de Trabajo contra la Desinformación, una asociación especializada en la identificación de campañas de fake news, se encontró que al menos 190 cuentas automatizadas, también llamadas bots, fueron usadas en la operación.
En aquella época, estos perfiles apócrifos, que retomaron de manera automática el artículo de El Golfo Veracruz, publicaban información favorable al gobierno de Javier Duarte.
Forbidden Stories pudo identificar el administrador del portal y director del medio, un tal Othón González Ruiz, quien en ese momento era consultor en comunicación del gobernador Javier Duarte.
Entrevistado por Forbidden Stories respecto al artículo que afirmó que el caso Regina estaba resuelto, el hombre –quien se ostenta también como periodista– ya no es tan categórico: «Para mí no ha habido un esclarecimiento claro en este asunto», dice.
Respecto a los bots, el asesor en imagen política niega su implicación: «los bots o si hubo bots no son míos».
La campaña para promover la versión oficial sobre la muerte de Regina no sorprende a Jorge Carrasco, colega de Regina y actualmente director del semanario Proceso, para el cual trabajaba la mujer. Después de la muerte de la periodista, Carrasco fue designado para dar seguimiento a la investigación. El 14 de marzo de 2013, después de varios viajes a Veracruz y meses de trabajo, publicó un reportaje que reveló los huecos y las fallas en la investigación oficial de las autoridades de Veracruz.
Para él, «la manera en la que construyeron la verdad es el guión de una mala película». Inmediatamente después de publicar su reportaje, Jorge Carrasco recibió amenazas de muerte anónimas por mensaje de texto. «Deje de investigar. si sigue, van por usted», decía uno.
Como evidencia del peligro, Jorge Carrasco recibió por mensaje la dirección de su domicilio. Estas amenazas pararon su investigación en seco; el entonces director de Proceso decidió apartarlo y ninguno de sus colegas reabrió este caso, demasiado sensible.
Para Jorge Carrasco, no cabe duda que Regina fue asesinada por su trabajo. «Queríamos que se hiciera una investigación técnica del trabajo periodístico de Regina e insistimos mucho que se identificara en las publicaciones de Regina, a quién o quiénes pudieron haberse sentido afectados por sus publicaciones».
En respuesta, las autoridades locales interrogaron a los amigos periodistas de Regina. Tomaron sus huellas dactilares y todos, entonces, tuvieron la sensación de que los consideraban más como sospechosos que como testigos. Las preguntas de los investigadores giraban en torno a las amistades de la periodista y sus orientaciones sexuales. Ninguna sobre su labor periodística.
Los gobernadores corruptos
Sin embargo, los artículos de Regina hacían temblar a la clase política de Veracruz. Tres semanas antes de su asesinato, por ejemplo, Regina participó, junto con un colega de Proceso, en la publicación de un reportaje sobre dos exsecretarios del gobierno de Veracruz, Reynaldo Escobar y Alejandro Montano, ambos muy importantes en la política local.
El artículo reveló sus vínculos con el cártel de los Zetas y enumeró una lista de bienes que Montano adquirió con dinero sucio. Al día siguiente de la publicación, 3 mil ejemplares de la revista Proceso desaparecieron de manera misteriosa de los kioscos de Veracruz.
Forbidden Stories y los 60 periodistas del Proyecto Cártel continuaron las investigaciones de Regina; se interesaron en los personajes sobre los cuales escribía la periodista. En primer lugar, sobre Fidel Herrera y Javier Duarte, dos gobernadores que dirigieron Veracruz durante 12 años.
La elección de Javier Duarte en 2010 marcó el inicio de una era de terror para los periodistas en la entidad. Al igual que Regina, 16 periodistas fueron asesinados durante los seis años de su mandato.
Contactado par Forbidden Stories, Duarte responde con tweets desde la cárcel, donde cumple una condena de 9 años, «Jamás censuré la libertad de expresión o de prensa a persona alguna».
A pesar del peligro, la periodista investigó en 2012 sobre la falta de transparencia en las finanzas del estado, así como la opacidad respecto al monto real de la deuda pública de Veracruz. Cuatro años más tarde, Duarte abandonó su cargo de gobernador, acusado de lavado de dinero; el hombre huyó a Guatemala en helicóptero, se emitió una orden de aprehensión, y después de seis meses prófugo de la justicia, fue detenido y extraditado a México.
Animal Político, un medio de investigación mexicano, descubrió 400 empresas de papel que Javier Duarte supuestamente utilizó para desviar recursos públicos. En 2018 fue condenado a nueve años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictuosa. La condena estuvo acompañada con una multa de 2 mil 500 euros, una suma irrisoria en comparación con los millones que se le acusó de malversar.
Un alto responsable de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA), quien durante años investigó en México, resume : «Durante mi trabajo, he visto gobernadores involucrados en casos de desvío de dinero y de violencia, pero (Duarte) estuvo por encima de todos».
Regina Martínez, en sus reportajes, no dejaba de señalar la herencia que Duarte recibió de su predecesor y mentor, Fidel Herrera, un cacique del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante cerca de 70 años.
La riqueza de Herrera es considerable, según Proceso, que hizo un censo de sus bienes: un jet privado, 22 automóviles –incluyendo un vehículo blindado–, ranchos, un hotel, un yate.
Fidel Herrera solía explicar su enriquecimiento por la suerte que tuvo « desde chamaco », y que le permitió ganar dinero en la lotería. Ganó el premio mayor en dos ocasiones, siendo gobernador: 6.8 millones de dólares en 2008 y 3.6 millones de dólares el año siguiente.
Otra fuente de ingresos podría explicar la fortuna del ex gobernador: encabezó un sistema de corrupción, conocido en México como «el diezmo » y a través del cual el gobernador habría desviado parte del dinero erogado en los grandes contratos públicos del estado.
Según un funcionario que trabajó en varias administraciones de aquella época, «Para cada obra pública realizada, el 10% (del monto del contrato) iba a Fidel Herrera, lo que llamamos el diezmo. Y en ese orden, ese porcentaje se le entregaba al gobernador».
La fuente afirma que transportó, en varias ocasiones, maletas llenas de billetes para Fidel Herrera a intermediarios. «Podía ser en el aeropuerto, podía ser en la casa, podía ser en un café, en un hotel, en otra ciudad donde te le ordenaba», dice el funcionario.
Un alto responsable de la DEA, quien investigó sobre Herrera, confirma la existencia de este sistema de corrupción masivo. «Herrera tomaba dinero de todo el mundo. Siempre estuvo en la lógica de los sobornos. En el petróleo, las carreras de caballos, las minas y la maquinaria pesada », subraya. A pesar de nuestras reiteradas peticiones, Fidel Herrera no quiso contestar a nuestras preguntas.
“Zeta 1”
Además de interesarse en los desvíos de recursos de Fidel Herrera, Regina investigó sobre sus vínculos con el mundo criminal. En 2011, escribió que la mitad de la administración de Herrera estaba infiltrada por el cártel de Los Zetas.
Meses después de su muerte, una fotografía publicada en la prensa revivió las sospechas sobre los vínculos entre Fidel Herrera y el grupo criminal. En la imagen, tomada en 2006, se veía al exgobernador montando un caballo al lado de Pancho Colorado Cessa, un hombre de negocios señalado por la justicia de Estados Unidos como lavador de dinero de los Zetas.
Los medios mexicanos que publicaron la fotografía fueron víctimas de intimidaciones y de amenazas de demandas por parte de un cercano de Fidel Herrera. El juicio de Pancho Colorado, llevado a cabo en Texas en 2013, exhibió los pactos que unieron ambos personajes. El contador de los Zetas, José Carlos Hinojosa, declaró que mediante un intermediario entregó 12 millones de dólares a Colorado para financiar la campaña de Herrera a la gubernatura de Veracruz, en 2004.
Scott Lawson, el agente del FBI a cargo de la investigación, indicó al tribunal que, a cambio, los Zetas obtuvieron luz verde para operar libremente el tráfico de droga en la región, como Regina lo había presentido. La prensa mexicana reveló que la administración de Herrera había adjudicado 22 contratos de obra pública a una empresa Colorado que servía para lavar dinero de los Zetas. Nunca se investigó a Herrera en México. En 2014, preguntado sobre esta relación en la televisión mexicana, el exgobernador declaró: «Tengo las manos limpias (…) Jamás hubo un solo centavo ilícito en mi campaña”.
La relación entre Pancho Colorado y Fidel Herrera no es anecdótica. Para Jorge Rebolledo, un experto en temas de seguridad para gobiernos y empresas, quien pasó más de 10 años en Veracruz, «Fidel era el jefe de jefes. Los Zetas no podían operar en Veracruz sin su permiso, y los utilizó para mantener el orden en algunas regiones del estado». Arturo Fontes, exagente del FBI quien dedicó 28 años investigando las redes de drogas y de lavado de dinero en México y Colombia, precisa: «Los Zetas llamaban a Fidel Herrera el ‘Zeta Uno’, porque él dirigía el Estado».
El cónsul y los criminales
Ni las sospechas de corrupción ni sus vínculos potenciales con el cártel mermaron la carrera política de Fidel Herrera. En 2015, el presidente Enrique Peña Nieto lo nombró cónsul de México en Barcelona.
En la ciudad catalana, la designación de un exgobernador señalado por su colusión con grupos criminales despertó alarmas. Toni Rodríguez, el jefe de la división criminal de la policía catalana, revela que su equipo recolectó información sobre los vínculos entre el cónsul y redes criminales de lavado de dinero en Barcelona.
En el centro de esta red estaba Bernardo Domínguez Cereceres, un hombre de negocios, dueño de una editora, acusado en 2018 de lavado de dinero. Contactado por Forbidden Stories, el hombre admite que conoce a Herrera, que lo visitó en varias ocasiones e incluso que lo invitó a su boda, pero niega cualquier relación comercial con él. «Pero nunca ni siquiera hubo ningún tipo de proposición. Sí me propuso si podía yo reeditar sus libros. Nada más».
La policía catalana también se interesó en las relaciones de Herrera y Simón Montero Jodorovich, un integrante de la mafia barcelonesa, quien fue acusado de dirigir una de las estructuras de tráfico de drogas más activas de la ciudad y de usar a cónsules honorarios para lavar dinero.
Cuando Jodorovich y varios cónsules fueron detenidos en 2019 por lavado de dinero, Herrera no apareció en la carpeta ni en la causa penal: el exgobernador había dejado su cargo en enero de 2017, lo que puso un punto final a las investigaciones de la policía catalana en su contra. De regreso a México, Herrera nunca enfrentó la justicia. El ex-gobernador no contestó a los correos enviados por Forbidden Stories. Su hijo, Javier Herrera Borunda, justificó que el estado de salud de su padre, le impedía contestar a las preguntas enviadas. A sus 71 años, el hombre es intocable. Si bien se abrieron numerosas investigaciones contra él desde 2010, todas siguen estancadas hasta la fecha. El exgobernador no rindió cuentas sobre las miles de personas que desaparecieron durante su mandato en Veracruz. Y su sucesor, Javier Duarte, tampoco.
La última investigación
Gracias a testimonios coincidentes, Forbidden Stories pudo determinar que, antes de morir, Regina estaba realizando una investigación explosiva sobre la suerte de estas personas desaparecidas en Veracruz. Había localizado un lugar donde varias de ellas podían estar enterradas. La periodista lo había mencionado en un artículo de Proceso, como primicia de una investigación mucho más importante, que nunca salió a la luz.
Bajo la protección del anonimato –porque teme por su vida–, un ex alto funcionario del gobierno veracruzano explica que estos desaparecidos son personas de las cuales el gobierno o el cártel querían deshacerse.
Entre ellos figuraban empresarios que se negaban a pagar las extorsiones, o mujeres jóvenes que fueron secuestradas y nunca pudieron volver a casa. «Encontrar cuerpos era como encontrar huevos de tortuga, o sea, porque escarbabas tantito y encontrabas cadáveres y cadáveres », recuerda el funcionario. Estima que entre 24 mil y 25 mil personas desaparecieron en Veracruz durante las gestiones de Fidel Herrera y Javier Duarte. Las cifras oficiales, por su parte, reportan 5 mil desapariciones entre 2004 y 2015. Según él, la diferencia abismal tiene una explicación: «Las instrucciones eran de que se mantuvieran las cifras en la confidencialidad».
En 2015, tras el descubrimiento de varias fosas llenas de cadáveres, y ante el silencio de las autoridades, la periodista Marcela Turati inició un proyecto para cartografiar los cementerios clandestinos donde se amasan huesos, cráneos y otros fragmentos humanos. «Me parecía loco que no se hiciera un registro de las fosas encontradas en México», explica. Durante año y medio, su equipo encontró dos fosas nuevas por día, en promedio. En total, Turati reportó 2 mil fosas en todo el país.
Los mexicanos se dieron cuenta que su país era un cementerio a cielo abierto. Para la periodista, esto fue solo un inicio. «En algunas regiones, como la fiscalía trabaja con narcotraficantes quieren disimular cuerpos y no son transparentes sobre sus cifras».
Según cercanos, Regina empezó su investigación sobre los desaparecidos años antes, en 2009. En aquella época, nadie se imaginaba la magnitud ni el horror de la ignominia. Las familias de desaparecidos estaban lejos de pensar que los restos de sus cercanos estaban revueltos bajo la tierra. Pensaban que estaban secuestrados y todavía tenían esperanza de encontrarlos con vida. A menudo, el miedo les impedía pedir cuentas a las autoridades.
A pesar del peligro, Regina empezó a buscar los cuerpos de estos desaparecidos. Contó a Andrés Timoteo, su amigo periodista, que estaba buscando en las morgues, pero en vano. Le pidió ayuda para acercarse a sus fuentes policiacas. «Era ponerse en la boca del lobo; le dije que ni yo ni nadie iba a querer acompañarla», rememora el periodista.
Regina no se dio por vencida. En julio de 2011, entrevistó al padre Solalinde, director de un albergue que ofrece hospedaje a los migrantes en su ruta para llegar a Estados Unidos. El sacerdote le entregó numerosos testimonios de migrantes que sobrevivieron a los secuestros y al pago de una extorsión a los Zetas. Si se negaban los ejecutaban y, a menudo, sus cuerpos se sumaban a los demás restos enterrados en fosas clandestinas esparcidas en el desierto.
A finales de 2011, a escasos meses de ser asesinada, la investigación de Regina tuvo avances. «La Chaparrit » dijo a un amigo que había iniciado la investigación más peligrosa de su carrera. Intuía que podía encontrar algunos cuerpos de desaparecidos. Esta vez, no sospechaba de los cárteles, sino de las autoridades, que desaparecían a personas en fosas comunes de la región. Para ir a este peligroso lugar, Regina habló con el fotógrafo Julio Argumedo. El hombre ofrece su testimonio por primera vez. Recuerda que fue con Regina a varias fosas comunes, entre ellas una en Palo Verde, en la región de Xalapa. «Las fosas estaban tan llenas que estaban flotando los cadáveres », recuerda el fotógrafo.
Mientras tomaba fotos de la escena, Regina hablaba con los sepultureros. Quería saber de dónde venían los cuerpos. Hizo sus cálculos. Contó a un amigo que, según sus estimaciones, el número de cuerpos enterrados en fosas comunes se había disparado en un 1000% entre 2000 y 2012.
El fotógrafo rememora que la investigación de Regina estaba a punto de concluirse. «No tenía una fecha exacta pero le faltaba ya poco para hacer un reportaje». En los años que siguieron el asesinato de Regina, familiares de desaparecidos se organizaron en brigadas para cavar la tierra. A partir de 2014, las autoridades no tuvieron otra opción que seguirles. Fosas clandestinas fueron descubiertas por millares en todo el país. Poco a poco, se exhumaba la mayor atrocidad de México.
Hoy en día, en Palo Verde –donde Regina investigaba–, un hombre sigue andando por los caminos de la fosa común. Está buscando a su hija, Gemma, desaparecida en 2011 a sus 29 años. Ante su obstinación, las autoridades de Veracruz terminaron confesando que el cuerpo de Gemma había sido encontrado en una bolsa de plástico, y arrojado en Palo Verde. Sin embargo, a pesar de su insistencia, las autoridades se niegan a llevar a cabo una búsqueda de fondo de las 3.5 hectáreas de tierra lodosa donde reposan probablemente el cuerpo de su hija y de muchos otros desaparecidos.
«No tengo donde ir a llorar, dejar flores, platicarle a mi hija. Estoy remando a contracorriente. Las autoridades no tienen interés en escarbar, se cubren entre ellas», lamenta el hombre. En 2016, se descubrieron fosas clandestinas detrás de la sede de la policía.
Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública, cercano de Javier Duarte, fue detenido. La justicia lo acusa de encabezar un escuadrón de la muerte implicado en la desaparición forzada de 15 personas. Arturo Bermúdez fue liberado en 2018 y espera su juicio en libertad. A pesar de la atención mediática, las fosas son todavía un tema peligroso para los periodistas en México.
Marcela Turati y su equipo tuvieron que renunciar a investigar en el terreno después de recibir amenazas de muerte. «Nos dijeron que si seguíamos adelante, no íbamos a seguir vivas », recuerda la periodista.
El 9 de noviembre de 2020, Israel Vázquez, periodista en El Salmantino, fue asesinado mientras investigaba sobre el hallazgo de restos humanos en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Una fuente gubernamental de alto nivel, quien escuchó una plática interna, considera que las fosas pudieron ser el tema que le costó la vida a Regina Martínez.
«Era una periodista incómoda, yo creo que las fosas podrían haber sido la gota que derramó el vaso», dice. Y abunda : «Es muy sensible. Porque es algo que queda vivo. No es un delito como el homicidio, que ya se muere la persona y se acabó. El desaparecido es un desaparecido. No se sabe si está vivo, no se sabe si está muerto. Por lo tanto, los familiares siempre están presionando al gobierno y al gobierno no le gusta que lo presionen y sobretodo que lo hagan quedar mal».
Una promesa presidencial
Resulta imposible saber hasta dónde había llegado Regina en su investigación, porque sus herramientas de trabajo fueron robadas la noche de su asesinato.
La fiscal Laura Borbolla precisa : «No habían robado todas sus cosas, pero solo sus dos últimas grabadoras y su computadora ». Para uno de sus amigos, matar a Regina Martínez era, de todos modos, enterrar la verdad. «Matarla era como quemar la biblioteca de Babel», analiza.
Las autoridades de Veracruz cerraron la investigación sobre la muerte de Regina en 2015. Preguntado por Forbidden Stories durante su conferencia matutina del pasado 17 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reabrir la investigación, si las bases legales lo permitían.
La promesa resulta a todas luces insuficiente para abrir el techo de plomo que asfixia Veracruz. Ocho años después de la muerte de Regina, la omerta todavía está presente en el Estado. Cuando sus amigos se reúnen con nosotros en el hotel, lanzan miradas furtivas de la derecha a la izquierda, buscando posibles orejas indiscretas. Todos recibieron amenazas después del asesinato de Regina, y el miedo no se ha ido con los años.
Andrés Timoteo sigue sin pisar Veracruz, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reemplazó a los Zetas. En lugar de nombrarlos, los periodistas prefieren referirse a ellos como «el crimen organizado» para no correr peligro. Muchos evitan el nombre de Fidel Herrera y de Javier Duarte, quien podría recubrir su libertad en 2022.
Cada año, un día escapa a este silencio pesado. El 28 de abril, fecha del aniversario luctuoso de Regina, Norma Trujillo organiza una marcha en frente del Palacio de Gobierno, un edificio en el cual Regina no podía entrar. Cada año, los manifestantes depositan una placa en el espacio para rebautizarla «Plaza Regina Martínez ». Cada año, las autoridades quitan la placa. Aún muerta, Regina sigue incomodándolos.
Jules Giraudat (Forbidden Stories), Arthur Bouvart (Forbidden Stories), Lilia Saúl (OCCRP), Nina Lakhani (The Guardian), Dana Priest (Washington Post), Antonio Baquero (OCCRP) y Veronica Espinosa (Proceso) han contribuido a este artículo entre otros.
Traducción : Mathieu Tourlière
