El pasado 22 de septiembre, una investigación realizada por Señal Colombia en colaboración con la Revista Raya destapó nuevos detalles sobre la adquisición del software espía israelí Pegasus por parte del Gobierno del expresidente Iván Duque.
Según la investigación, en 2021 se realizó una transacción entre el Ejecutivo colombiano y la empresa NSO Group, responsable de Pegasus, por un monto de 11 millones de dólares. Este dinero habría sido transportado en un vuelo chárter de Bogotá a Tel Aviv y depositado en el Banco Hapoalim, en Israel.
Lo que más alarma ha generado es que, según el informe, el dinero utilizado en la transacción provendría de fondos incautados al narcotráfico.
Los fondos no habrían sido reportados ni a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ni a las autoridades aduaneras colombianas.
Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó en el reportaje que esta operación podría calificarse como un caso de lavado de dinero.
El periodista israelí Gur Megiddo, quien obtuvo la información bancaria, señaló que la transacción levantó sospechas debido a la gran suma de dinero involucrada, y que todo apunta a que el origen de los fondos está vinculado a actividades ilícitas.
Megiddo afirmó que la empresa NSO Group trasladó el dinero en efectivo para evitar que dejara rastro en el sistema financiero y estatal colombiano.
El informe también destacó que el software Pegasus, utilizado en múltiples países, ha sido denunciado por violaciones a los derechos humanos y espionaje masivo.
Sin embargo, funcionarios del gobierno de Duque niegan cualquier irregularidad, calificando las denuncias como parte de una narrativa conspirativa promovida por el actual Gobierno de Gustavo Petro.
Este nuevo episodio pone bajo la lupa la ética en la gestión de contrataciones estatales y deja al descubierto el peligro que representa el uso de tecnología espía sin una adecuada supervisión.
En Infobae se citó al senador Antonio José Correa, del Partido de la U, quien anunció que llevará el debate al Congreso en octubre, buscando respuestas y aclaraciones sobre el impacto y uso de Pegasus en el país.
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