La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del viernes la séptima prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo pasado, tras una escalada de homicidios.
Al igual que en la aprobación y las seis prórrogas anteriores, los legisladores oficialistas y sus aliados aprobaron la petición del Ejecutivo de Nayib Bukele sin un estudio previo, con 67 de un total de 84 diputados.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una rueda de prensa horas antes de la aprobación que la decisión de pedir la ampliación de la suspensión de derechos constitucionales se tomó basada en “esa necesidad de millones de salvadoreños que han sido testigos de todos los resultados positivos que se han obtenido”.
Aseguró que “los resultados son innegables” con la detención de al menos 55 mil supuestos pandilleros, la incautación de mil 644 armas y $1.24 millones.
“Contabilizamos a esta fecha 214 días sin homicidios, la mayoría de los cuales han sido dentro del régimen de excepción”, acotó.
El Gobierno de Bukele incluye en estos días “sin homicidios” varias fechas en las que se han reportado muertes de pandilleros en supuestos tiroteos con la Policía y que en otras administraciones y países son contabilizados como homicidios.
Una ola de violencia se cobró la vida de unas 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales, lo cual, según la Constitución, solo incluye una prórroga de 30 días máximo y únicamente se puede ampliar si se mantienen las causas que generaron la declaración.
Según investigaciones del medio local El Faro, la escalada de violencia se dio tras el supuesto quiebre de un pacto entre las pandillas y el Ejecutivo de Bukele, acusación de negociaciones que Estados Unidos también ha hecho.
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